Defensoría del Pueblo tiene fuertes reparos sobre reforma a la salud

Para Jorge Armando Otálora, la figura de las autorizaciones es una de las mayores barreras de acceso a los servicios de salud.

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, formuló varios reparos al proyecto de ley de reforma a la salud que cursa actualmente en el Congreso de la República. Pidió a los legisladores que en los siguientes debates se haga una “detallada revisión del articulado” a fin de que la norma que se estudia garantice los derechos fundamentales de los pacientes.

Para el defensor del Pueblo, la iniciativa mantiene, en líneas generales, el mismo modelo de aseguramiento propuesto desde la Ley 100 de 1993, donde las “creadas” gestoras de salud terminarán cumpliendo similares funciones que las actuales EPS. Sin embargo, -reitera Otálora- que lo principal es evitar que se limiten aún más el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a los usuarios.

Tal como fue aprobado en su último debate, el proyecto introduce un nuevo listado de tecnologías en salud priorizadas, dejando de lado aquellas que no lo son. Esta disposición está incluida en una figura que reemplazará al Plan Obligatorio de Salud (POS) denominada Mi Plan y contradice lo aprobado por el mismo Congreso en el Proyecto de Ley Estatutaria en Salud en el año 2011 y que actualmente se encuentra bajo revisión en la Corte Constitucional”, considera el defensor.

Igualmente, criticó que “el articulado, tal como salió de la plenaria del Senado, también revivió la polémica figura de la integración vertical limitada al nivel básico. Es decir las nuevas Gestoras, no solo organizarán su propia red, la contratarán, sino que podrán formar parte de ella con sus propias IPS”.

Para la Defensoría del Pueblo, el tema de las autorizaciones - introducida en segundo debate- limita, con excepción de las urgencias, “es una de las mayores barreras de acceso y causal de continuas negaciones de servicios de salud y causante de incontables número de acciones de tutela.

Y agrega que “mientras existan autorizaciones estas se impondrán como un mecanismo superior a la orden médica, haciendo nula la autonomía proclamada en la Ley Estatutaria. Para que la autonomía realmente exista, la prescripción del médico debería ser la única autorización válida, premisa que se consideró como un logro en la Ley Estatutaria”.