Eutanasia, el debate que sigue abierto

El caso de Ovidio González revela las dudas de algunos médicos frente al nuevo protocolo para garantizar la muerte digna, implementado por el Minsalud.

José Ovidio González, retratado el 22 de junio, cuando los médicos cancelaron su eutanasia. / Daimler Naranjo

“Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultados mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente”.

De esta manera, hace una semana, el papá del caricaturista Julio César González, Matador, les hizo saber por última vez a los médicos que lo han tratado durante cinco años que el cáncer que padece y que le está destruyendo el rostro le quitó las ganas de seguir con vida y que su familia lo apoya en su decisión de morir dignamente.

José Ovidio González sería el primer paciente en acceder al procedimiento de eutanasia bajo el nuevo protocolo que regula la muerte asistida, presentado por el Ministerio de Salud en abril de este año, pero media hora antes de hacerse efectivo el procedimiento su cita con la muerte fue cancelada.

Aunque Juan Carlos Arbeláez, su médico tratante, indicó que Ovidio tiene una enfermedad avanzada que le produce un sufrimiento constante, que “ya no cuenta con opciones terapéuticas” y que su idea de solicitar la eutanasia “es coherente”, al conformarse un comité científico para evaluar el caso, según lo exige la norma, el también oncólogo y tanatólogo Juan Paulo Cardona aseguró que, si se siguen las pautas entregadas por el Ministerio de Salud en la resolución 1216 de 2015, “pautas que además son ambiguas y están llenas de vacíos”, Ovidio no cumpliría con los requisitos para ser un paciente apto para recibir la eutanasia.

Cardona defiende su postura con tres argumentos: primero, dice que el paciente no ha recibido todos los cuidados paliativos que podrían controlar su dolor; segundo, asegura que es un paciente “muy funcional y la norma dice que debe ser dependiente en su totalidad”, y por último dice que, a su parecer, en este caso no hay una inminencia cercana de muerte. “La norma dice que tiene que ser un paciente con diagnóstico de muerte próxima, pero ese es un término muy ambiguo. En este caso podría decir que el paciente no morirá pronto”.

Estas fueron las dudas que llevaron a la cancelación de un procedimiento que ya había sido aprobado por la Clínica Oncólogos de Occidente y que obligó a José Ovidio González a presentar el martes una acción de tutela para exigir su derecho a morir dignamente.

Pero al debate se suman otros especialistas que aseguran que la reglamentación del Ministerio no es perfecta, aunque entrega más avances que obstáculos para los pacientes.

Para Rodrigo Uprimny, especialista en derecho constitucional y director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se debe aclarar que “en ningún apartado de la regulación se afirma que el paciente tiene que estar postrado en una cama o depender de otros para acceder a este derecho. La norma es clara al decir que la eutanasia puede ser solicitada por cualquier paciente con enfermedad terminal que tenga pronóstico de muerte próxima”.

Según el abogado, “aunque este último concepto de ‘muerte próxima’ sí puede tener múltiples interpretaciones, los comités médicos, al evaluar el caso de cada paciente, podrían determinar si el tiempo que le queda de vida es o no en condiciones dignas”.

Sobre los cuidados paliativos, Uprimny se ciñe a la resolución del Ministerio para aclarar que, según lo indica la norma, los pacientes no están obligados a recibirlos: “La norma dice que los pacientes deben conocer que existe esa opción, pero no los obliga a recibir el tratamiento”.

Por otro lado, el abogado asegura que los médicos que ejecutarán la futura eutanasia no deben olvidar que este nuevo protocolo se creó para reglamentar dos sentencias de la Corte Constitucional (la 239 de 1997 y la 970 de 2014) en las que el eje es la defensa de la autonomía del paciente para decidir sobre su vida, autonomía que debe respetarse.

“Ambas sentencias defienden el derecho que tiene toda persona de disponer de su propia vida y ponen en el centro la voluntad de un paciente”, dice Uprimny.

En ese mismo sentido habla Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Fundación Derecho a Morir Dignamente: “Hay que insistir en el respeto a la voluntad del enfermo. Además, no hay que confundir un enfermo terminal con un agonizante. Si uno está agonizando, de qué va a servir la eutanasia. El paciente puede acceder a ella si está sufriendo mucho, si ya no hay tratamientos curativos y si se sabe que va a morir en corto tiempo. A veces se arman problemas tontísimos por no leer bien las resoluciones. La norma del Ministerio no es perfecta, pero es adecuada”.

A la discusión se suma la postura de Gustavo Quintana, médico que ha practicado más de 200 eutanasias y es conocido como el “Doctor Muerte”.

“Si la Corte Constitucional nos aclaró que la muerte es un derecho, por qué le ponemos tanto problema a la decisión autónoma de un paciente que desea terminar con su vida. Ese deseo de morir no puede juzgarse porque es una decisión que sólo lo afecta a él como individuo. Los médicos tenemos elementos suficientes para determinar si la petición de un paciente es legítima o no, y es necesario volver cada punto de la resolución una discusión. Aunque a mí me parezca una reglamentación ridícula, me toca adaptarme a ella, y estoy seguro de que no me voy a meter en líos porque todas las eutanasias que he practicado se han hecho bajo el deseo del paciente y con la participación de sus familias”.

Con este debate sobre la mesa, José Ovidio González y su familia confían en que sean los jueces quienes resuelvan su solicitud.