La senadora Claudia López explica en El Espectador los siete mandatos de la consulta y qué se necesita para que sea de cumplimiento obligatorio para el Estado.

hace 1 mes

Glifosato, entre el sí y el no

Colombia es el único país que sigue asperjando los cultivos ilícitos con este herbicida. Los perjuicios a la salud no son las únicas razones por las que el Gobierno está pensando en suspender su utilización.

Entre 2000 y 2010, Colombia desembolsó US$668 millones anuales para combatir la producción de estupefacientes. Algo así como el 1% del PIB. / Reuters

“A pesar de la existencia científica divergente, la clasificación por parte de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer representa una advertencia insoslayable de posibles efectos adversos a la salud y por ende configura un escenario en el que, como mínimo, existe incertidumbre científica sobre los efectos nocivos del glifosato”.

La recomendación que el Ministerio de Salud le envió el lunes en la noche al Consejo Nacional de Estupefacientes resume de alguna manera una discusión en la que el país ha estado enfrascado durante 16 años. Desde que en 1999 el Gobierno decidió usar las aspersiones como el mejor método para erradicar los cultivos de coca, varios estudios (la mayoría hechos por ONG) han intentado contradecir sus argumentos. Pero hasta hoy ninguno había surtido efecto, en parte porque sus autores cometieron errores metodológicos, en parte porque la Fuerzas Militares y Estados Unidos insistían en que ese era el mejor método para ponerle punto final al narcotráfico.

Sin embargo, en medio de ese escenario de incertidumbre científica, empezaron a presentarse algunos hechos y algunas investigaciones más estructuradas que, por lo menos, merecían una mirada más detallada. El primero, quizás, ocurrió en 2007. A principios de ese año, Afganistán tomó la decisión de poner fin a las fumigaciones y dejó a Colombia en un camino solitario. Desde entonces, en lo que para algunos era una obstinación que ayer reiteró el mindefensa Juan C. Pinzón, seríamos el único país en usar el herbicida de Monsanto.

El año siguiente otro hecho desencadenó una polémica sin precedentes. El gobierno de Álvaro Uribe tuvo que indemnizar a Ecuador con US$15 millones para resolver una demanda que el vecino país había radicado en la Corte Internacional de La Haya. ¿La razón? Colombia había incumplido un acuerdo que le impedía fumigar en zona fronteriza. Lo infringió y de paso, como lo registró la Asociación Clínica Ambiental de ese país, “empobreció a los pobladores”. Muertes de animales y pérdidas de cosechas fueron algunas de las consecuencias que argumentó el presidente Rafael Correa.

A la par de esos acontecimientos, empezaron a aparecer los primeros estudios serios que daban razones para poner fin a las aspersiones hechas con el herbicida. Daniel Mejía, director del Centro de Estudios de la Universidad de los Andes y expresidente de la Comisión Asesora para la Política contra las Drogas, lideró varios de ellos.

El más mencionado es el que publicó la U. de los Andes en el libro Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia (2014). Por título llevaba “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”. En él, Mejía y Adriana Camacho aseguraban que las fumigaciones en las selvas colombianas incrementan en 0,2% la probabilidad de tener alguna patología relacionada con la piel. Y, además, amplía la posibilidad de tener un aborto en un 0,025%. “Un efecto pequeño, pero que no debería existir por una política de Gobierno”, le dijo Mejía a El Espectador hace unas semanas.

Pero el de la salud no es el único efecto que pone en duda la política de aspersiones. El precio de llevarla a cabo también genera reparos. Otro estudio de Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo, y que pronto será publicado, concluyó que para eliminar una sola hectárea con glifosato hay que rociar unas 30 hectáreas. Es decir, que para eliminar una hectárea son necesarios US$72.000. “Y esa cosecha produce 1,2 kilogramos de cocaína, cuyo valor es de US$3.500”.

Colombia, entre 2000 y 2010, desembolsó US$668 millones anuales para combatir la producción de estupefacientes. EE.UU. gastó US$6 mil millones.

Más deserción escolar

El glifosato, sin embargo, al parecer no solo se traduce en daños a la salud y al medio ambiente. Como lo comprobó Sandra Rozo en agosto de 2014, las fumigaciones, que se hacen en su mayoría en los departamentos de Nariño y Putumayo, están relacionadas con serios problemas sociales.

En su investigación “On the Unintended Consequences of Enforcement on Illegal Drug Producing Countries”, publicada por la Universidad de Southern, California, Rozo comprobó que cuando la aspersión aumenta 1%, las tasas de pobreza se incrementan 0,22 puntos porcentuales, porque la mayoría de los agricultores no tienen otro sustento.

Pero además incrementa las tasas de deserción escolar y mortalidad infantil. Cada vez que se fumiga, las tasas de matrícula de bachillerato disminuyen 0,11% y la deserción escolar crece 0,04%. “Es posible que cada vez que pasan las avionetas, los padres, para recuperarse económicamente, saquen a sus hijos mayores de los colegios para que trabajen. Pocos vuelven a clase”, dijo Rozo.

Estos estudios, basados en información satelital y en datos de la Oficina de la ONU para las Drogas y la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, han constituido hasta ahora un buen indicio de por qué el glifosato no le ha resultado conveniente a Colombia.

Sus perjuicios, como ayer lo dijo la Defensoría del Pueblo, también se hacen evidentes si se visitan las zonas afectadas. Por orden de la Corte Constitucional este organismo fue a los resguardos de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, en Putumayo, y entrevistó a 378 familias, unas 1.378 personas. Los indígenas aseguran que por las fumigaciones se han perdido plantaciones de caucho, maíz, cebolla, caña, plátano, yuca y chontaduro. Y dicen también que han tenido dolores de cabeza, casos de intoxicación y diarrea y fiebre entre los niños.