Imatinib, por fin un fármaco de interés público

Después de meses de espera y de una intensa discusión entre el Ministerio de Salud, organizaciones de la sociedad civil y la farmacéutica Novartis, esa cartera publicó ayer la resolución con la que declara, por primera vez en la historia de Colombia, un medicamento como de interés público. Se trata del imatinib, un fármaco para tratar la leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer. De 2008 a 2014, el país pagó cerca de $400.000 millones por este tratamiento.

El imatinib le costaba $47’540.160 por paciente al Gobierno. / Andrés Torres
El imatinib le costaba $47’540.160 por paciente al Gobierno. / Andrés Torres

Aunque con esta decisión la multinacional suiza sigue quedando como único productor, el ministerio evitó el largo trámite que le esperaba al medicamento si se optaba por buscar una licencia obligatoria. En ese caso, la decisión quedaría en manos de la Superindustria que, como lo mostró El Espectador, parecía no estar de acuerdo con la inciativa.

Detrás de ese proceso hay un lío jurídico que empezó en 2003, cuando la Superindustria le negó la patente a Novartis. El laboratorio demandó la decisión y, finalmente, el Consejo de Estado falló a su favor en 2012. Dos años más tarde, la Fundación Ifarma, Misión Salud y el Centro de informicón de medicamentos de la U. Nacional, solicitaron ante el Minsalud la declaratoria de interés público.

“Si bien es cierto que el Glivec (nombre con el que Novartis comercializa el imatinib) está incluido en el POS, este despacho considera que existen razones suficientes para declarar el interés público”, se lee en la resolución. “A pesar de que fue objeto de control directo de precio, la diferencia entre su precio y el de los competidores en Colombia, es de 198 %”.

Como lo asegura el documento, el tratamiento anual de un paciente con ese fármaco tiene un costo de $47’540.160. Si se usara alguna de las opciones ofrecidas por otros laboratorios, el precio sería de alrededor de $9 millones. Es decir, la diferencia es de unos $38 millones al año.

“Lo anterior ilustra cómo la metodología actualmente establecida en Colombia para controlar los precios, no garantiza precios eficientes para la adecuada sostenibilidad del sistema de salud”, dice un aparte del texto.

Las entidades que estén en desacuerdo con la decisión tendrán diez días para entablar un recurso de reposición.

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