Tercera y última entrega sobre el Arco Minero

La malaria invade las minas de Venezuela

La epidemia que azota a obreros, bandidos y trabajadores de la salud del Arco Minero se convirtió en una crisis de salud pública que las autoridades han descuidado por años.

Los casos de malaria han aumentado 15 veces en cuatro años. / B. Ebus

Lea la Parte I de este este especial: Explorando el arco minero

Lea la parte II de este especial: Malestar en la cuna de las minas de oro en Venezuela 

Un grupo de jóvenes con armas de fuego espera frente a una gallera en Las Claritas, al sur del estado de Bolívar, Venezuela. Mientras, los locales los visitan para pedirles pequeñas colaboraciones, mediación para dirimir conflictos o para socializar. Aquí las bandas armadas son comandadas por los “pranes”, que no solo controlan la vida cotidiana, sino que están a cargo de las vastas minas ilegales de oro alrededor del pueblo. Muchos de los habitantes que visitan la gallera no reparan en un cartel pegado a la pared que dice: “Las colaboraciones [financieras] están suspendidas hasta nuevo aviso”.

Esperamos al jefe de los pranes, quien controla todas las operaciones. Él decide si podemos visitar sus minas. “¿Tiene algo de agua para mí?”, pregunta uno de los miembros de la banda. “Debo mantenerme tomando agua”. Tiene malaria, incluso el crimen organizado no está exento de la epidemia y de la falta de medicinas que complica la vida en las regiones del Arco Minero de Venezuela. Después de una larga espera y un abanico de razones que no nos quedan claras, parece que no podemos ir a las minas. Cuando decidimos visitar la clínica local y preguntar por la malaria, sólo nos dejan indagar y tomar fotos en Las Claritas si llevamos a uno de los miembros de la banda armada con nosotros. Los mineros que esperan en la clínica están pálidos y con temblores. La mayoría ha tenido numerosas recaídas de malaria y no puede acceder a los medicamentos. Ellos también tienen mala suerte ese día. En la entrada de la clínica se lee: “No hay tratamiento contra la malaria hasta nuevo aviso”.

La Organización Mundial de la Salud premió a Venezuela en 1961 por ser el primer país en erradicar la malaria en áreas densamente pobladas. Por desgracia, este honor pertenece al pasado. Aunque la malaria puede prevenirse, tratarse y ha sido vencida en Venezuela en el pasado, pocos han sido los intentos del gobierno para contrarrestar la epidemia actual.

“¡Cuidado! Hay un mosquito en tu espalda”, bromea un investigador médico en otra clínica del estado Bolívar que no puede ser nombrada. “También puede ser chikunguña”. Según dice, el gobierno ha perdido todo el control sobre las epidemias. El municipio Sifontes, donde hay pueblos mineros como Las Claritas y Tumeremo, tiene el índice más alto de malaria en el país. No es una coincidencia que el paludismo se esparza campante en zonas de minería ilegal, cuando se sabe que la enfermedad está relacionada con la deforestación.

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Un investigador, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias, explica que los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia. El sol calienta rápidamente el agua y ya que no hay sombra de los árboles, se acelera el desarrollo de las larvas.

Sólo en el estado Bolívar, habitado por 2,1 millones de personas, 206 mil se infectaron de paludismo en los primeros diez meses de 2017. Amazonas, un estado de 180 mil habitantes, registró 42 mil casos hasta septiembre de 2017, de acuerdo con una doctora en una clínica local. Ella también prefiere no ser citada por temor a que la despidan, como ya ocurrió con otros de sus colegas.

“Si no tenemos más medicinas a tiempo, esto se saldrá de las manos. Hay alrededor de 27 mil casos más que el año pasado”, explica la doctora. Cada día, entre 150 y 200 personas se hacen pruebas en Puerto Ayacucho. Por lo general, la mitad de la gente resultan positivas. Según ella, hacen falta más instalaciones para realizar las pruebas, más folletos de medicamentos en el departamento y en especial, en zonas lejanas.

Municipios selváticos en Amazonas, como Río Negro y Manapiare, están plagados de minería ilegal y de malaria. Se ha vuelto una crisis de salud pública. El transporte es fluvial y desde la capital, Puerto Ayacucho, son entre cinco y diez días de bote para llegar. “No hay medicinas en zonas mineras”, relata. Quienes consiguen los medicamentos, los venden de nuevo por dosis, aun cuando ellos mismos tienen malaria. Una sola dosis no cura, se necesita terminar el tratamiento completo, pero de acuerdo con la doctora, la gente está desesperada por el dinero en efectivo y abusa de la ignorancia de otros.

En el vecino estado Bolívar, los mineros indican que las medicinas son vendidas en el mercado negro al equivalente de uno o dos gramos de oro. En estos cuatro años de epidemia, el número de pacientes con paludismo ha aumentado 15 veces, y en los últimos tres años, el ministerio de Salud no ha podido dar abasto para contener cinco epidemias: dengue, chikungunya, zika, difteria y malaria. Millones de venezolanos han resultado infectados.

En su estrecho despacho sin ventanas en Tumeremo, el exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor intenta trabajar bajo la luz de un tubo fluorescente titilante. Mientras las personas siguen entrando a su oficina, Chancellor, dice que cerca de 80 mil personas están directa e indirectamente involucradas en la minería ilegal de su municipio. “Son gente respetable, trabajadores”, pero considera como un gran problema de salud el daño colateral del sector.

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Descripción: 
Un minero se hace la prueba de malaria en una clínica de Puerto Ayacucho. En un día normal, de casi 200 pruebas, la mitad salen positivas.
Autor: 
Bram Ebus

 

“¡Hoy me hice la prueba y por primera vez no tengo malaria!”, dice aliviado Eduardo Rodríguez, frente a una clínica en Tumeremo. Rodríguez es un minero ilegal que se ha hecho la prueba de paludismo siete veces en un año y medio. En seis ocasiones han sido malas noticias.

Muchos mineros no tienen la suerte de Rodríguez y sufren de continuas recaídas mientras son incapaces de combatir el parásito. “Ya tuve malaria unas 50 veces”, dice un minero en El Callao, estado Bolívar. “Fue como orinar Coca Cola”. Permanece de pie, tembloroso, frente a una choza hecha de palos de madera, con una lona de plástico que sirve de techo. A diez metros de distancia, otros mineros riegan una pendiente fangosa con una manguera para seguir procesando los sedimentos de oro.

Zonas mineras remotas en los estados Amazonas y Bolívar viven problemas similares. “La muerte llega porque las personas viven muy lejos”, explica un médico local. “Necesitan cruzar el río, esperar el bote, avanzar a lomo de mula y después transportarse en un jeep Toyota. Esto puede tardar hasta tres o cuatro días, en los que la condición de salud de alguien puede complicarse seriamente”.

“Hay un auge extraordinario de migrantes mineros de diferentes estados hacia Amazonas y Bolívar, así como personas colaterales como prostitutas, mercaderes, etc”, explica el doctor Óscar Noya, director del Centro de Estudios sobre Malaria e investigador del Instituto de Medicina Tropical y profesor asociado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. “El aumento de casos tiene que ver con la escasez de antimaláricos y se agrava con la situación regional.

Las recaídas no se incluyen en las estadísticas, así que el número actual, vinculado a un aumento de portadores sin síntomas, sería el número real de casos de malaria. Estimamos que en 2016 superaron el millón”. A mediados de octubre de 2017, Colombia recibió a 565 personas con malaria –92 por ciento llegaron desde Venezuela–. “Un solo caso de malaria puede ocasionar una epidemia dentro de seis meses”, advierte uno de los trabajadores de la salud en el estado Bolívar. Expertos estiman que los peores días de la epidemia aún están por llegar.

*Lea las seis entregas del reportaje en Infoamazonía

*Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.