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Tras analizar más de 17.000 páginas de información una investigación descubrió que la ong International Life Sciences Institute (ILSI) es, en realidad, un grupo de lobby de la industria del azúcar para influir en las decisiones de salud pública en la Unión Europea y Estados Unidos.
La investigación, liderada por la doctora Dr Sarah Steele, de la Universidad de Cambridge, fue apoyada por la organización estadounidense Right to Know, y por la universidad italiana Bocconi.
“Nuestros hallazgos se suman a la evidencia de que esta organización sin fines de lucro ha sido utilizada por sus patrocinadores corporativos durante años para contrarrestar las políticas de salud pública. El ILSI debe considerarse como un grupo industrial, un organismo privado, y ser regulado como tal, no como un organismo que actúa en beneficio del bien mayor”, explicó Steele a The Guardian.
El estudio, publicado en la revista de pares Globalization and Health, analizó, entre otros documentos, cientos de correos electrónicos entre el director del ILSI, el fundador de la organización, Alex Malaspina; y los directivos de enormes conglomerados como Coca-Cola, Nestlé o Monsanto.
En un correo de 2015, un vice director de coca-Cola le dice a las cabezas del ILSI que las nuevas guías dietarias de Estados Unidos eran “¡todo un desastre!” y que podrían dañar su negocio de muchas formas, con medidas como “impuestos por las bebidas azucaradas, programas modificados de almuerzos escolares, un fuerte esfuerzo educativo para educar a niños y adultos a limitar significativamente su consumo de azúcar, reducir la publicidad de alimentos y bebidas azucarados y, finalmente, una gran presión de los CDC [el Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU. y Prevención] y otras agencias para obligar a la industria a comenzar a deducir [sic] drásticamente el azúcar que agregamos a los alimentos y bebidas procesados”.
Alex Malaspina, el director de la organización, comparte esa preocupación y le responde: “Tenemos que considerar cómo estar listos para montar una defensa fuerte”. En otros correos de ese mismo año, Malaspina le comunica a los ejecutivos que las oficinas de México (en donde se impuso un impuesto a las bebidas azucaradas en enero de 2014) cerrarían debido a “participar en actividades que se pueden interpretar como promoción de políticas [a favor de la regulación del azúcar]”.
Pero eso no es todo. Por esa misma época, ante las constantes críticas y hallazgos que demostraron de forma gradual los estrechos vínculos entre ILSI y la industria del tabaco, la Organización Mundial de la Salud decidió alejarse de la organización. En una serie de correos, Malaspina escribe alarmado a directivos de empresas, e inclusive, académicos respetados, para tratar de convencer a la entonces directora de la OMS, Margaret Chan, de “sentarse a la mesa con la industria”.
Otros negocios sospechosos
Esta no es la primera vez que la enorme organización está en el ojo del huracán por sus estrechos vínculos con industrias duramente cuestionadas a nivel de salud pública. Por esos años, se había revelado que el vice-presidente para Europa de ILSI, Alan Boobis, había dirigido un panel de las Naciones Unidas que encontró que el glifosato no era cancerígeno para humanos.
El problema fue que informe final del panel dijo que no existían conflictos de intereses para ninguno de sus miembros, a pesar de que para ese entonces Monsanto –el mayor productor de glifosato en el mundo– había donado $500.000 dólares ($1.000 millones de pesos) a las oficinas europeas de ILSI. Croplife International, un representante de la industria del glifosato, le había donado a la organización $528.500 dólares.
Asimismo, desde el año 2012 el Parlamento Europeo ha tratado de aclarar los vínculos de ILSI con la industria. Tanto así, que en 2017 creó nuevas normas de transparencia, tras una investigación a este grupo.