Hace pocos días, la epidemióloga Zulma Cucunubá planteó la idea de que una cuarentena exclusiva para los adultos mayores le parecía algo “injusto”. No se refería a que no fuera efectiva, o necesaria, dijo sencillamente que no era justo, y la verdad es que no sólo tiene razón en decirlo, sino que es necesario que se diga, y que lo haga desde la Epidemiología. Explicaré la razón.
La Epidemiología, al estar estrechamente relacionada con la Salud Pública (algunos dicen que es una de sus “disciplinas fundamentales”), no puede obviar los juicios de valor. No se trata de una ciencia natural, no está libre de valores ni de un lugar en la sociedad. Ciertamente, hay varios abordajes diversos de la Epidemiología (y se me irían muchas páginas explicándolos), pero la razón de ser de la disciplina al final es generar evidencia para tomar decisiones que permitan mejorar y proteger la salud de las poblaciones.
Algunos me dirán que esto es más una función de la Salud Pública; puede ser, pero al menos estemos de acuerdo en que el objetivo para el que se genera ese conocimiento epidemiológico está estrechamente conectado con unos objetivos colectivos compartidos, y siendo así, estos objetivos se definen de acuerdo con escala de valores socialmente acordada. Los epidemiólogos incluso los declaramos a veces de forma explícita en la justificación de nuestras investigaciones y creo que pocas veces hacemos proyectos sólo para generar conocimiento sin conexión con la transformación de la realidad. Otra cosa es que a todos nos cuesta pasar del conocimiento a la incidencia en la realidad, pero ese es otro problema.
Naomar Almeida en su libro La Ciencia tímida habla de la “epistemología implícita de los epidemiólogos”. Yo hablaría también de la “ética implícita de los epidemiólogos”. Detrás del interés de generar una evidencia sobre, por ejemplo, una intervención no farmacológica para reducir la propagación de un virus, hay un posicionamiento ético, a veces implícito, a veces explícito, de proteger la vida, en particular de los más vulnerables, y lo cierto es que “proteger la vida”, implica que le damos un valor a la misma. Esto es mucho más claro cuando formulamos una recomendación, donde incorporamos elementos de otras disciplinas, entre ellas las ciencias sociales, para considerar su aplicación a un contexto específico, y en donde recurrimos a principios para maximizar el beneficio colectivo. Un ejemplo de esto es el principio de precaución, que es usado en salud ambiental para abogar por protegernos de agentes potencialmente dañinos, o para justificar recomendar medidas cuya evidencia no es concluyente cuando no hay muchas alternativas.
Algunos epidemiólogos hacen mucho más explícito su posicionamiento ético-político, como es el caso de los que se dedican a la “Epidemiología Social”, de la cual hay varios abordajes, a veces disonantes entre sí. Tienen en común que reconocen unos determinantes (o en otra escuela: “la determinación”) del proceso de salud enfermedad, reconocen que las desigualdades como injustas, y en algunas de sus corrientes, exhortan al compromiso del epidemiólogo a participar en la transformación de esas injusticias. No todas las desigualdades son injustas, el reconocimiento de que las desigualdades como injustas, implica un juicio de valor desde un posicionamiento ético-político.
Por todo lo anterior, la idea de la justicia no sólo es necesaria para la discusión sobre las intervenciones en la pandemia, sino que es ineludible. El riesgo de adquirir el virus no se distribuye de manera homogénea en toda la población, los más vulnerables son quienes tienen que viajar en transportes más congestionados por más tiempo, exponerse a trabajos de mayor riesgo o vivir en viviendas con mayor hacinamiento, pero además son quienes experimentan mayores cargas de las medidas como el confinamiento, que los hacen más proclives a los problemas de salud mental, las violencias basadas en género, y a la inseguridad alimentaria.
La sociedad debe reconocer, por un lado, que, al haber una distribución injusta del riesgo, se necesitan acciones para reducirlo, en especial cuando esas mismas personas pueden tener menos recursos sociales y materiales para gestionar su propio riesgo. Pero, por otro lado, es necesario discutir qué tan ético es que una parte de la sociedad experimente una mayor carga de las medidas, especialmente si corresponden a un sector de la sociedad vulnerable, o hacen parte de un grupo con necesidades compartidas, pero también diversas, como los adultos mayores que son tan ciudadanos como todos.
Las decisiones que estamos tomando ahora no son sólo el reflejo de la evidencia científica, también de nuestra democracia, y nuestra escala de valores. Por ejemplo, del rol y la valoración social que damos a los adultos mayores en la sociedad, y también de las injusticias que estamos dispuestos a tolerar, y por cuánto tiempo.
La idea de la justicia no es solo una opinión personal, es una dimensión ineludible para valorar de las recomendaciones de la Salud Pública a nivel colectivo, y con el concurso de las ciencias sociales, la bioética y la filosofía, pero también de las propias comunidades, es una discusión que tenemos que dar. Es justo hablar de la justicia.