Minsalud ahora le pone techo a precios de medicamentos

Pexels - Fernando Arcos

A finales de la semana pasada, mientras el país aún trataba de descifrar el enredo en que se había convertido la discusión sobre las objeciones a la JEP, el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, firmó un documento que desde hace meses estaba planeando esa cartera y que promete resolver uno de los mayores problemas del sistema de salud: contener los altos precios de los medicamentos. (Lea Consejo de Estado no le da razón a farmacéuticas y respalda entrada de biotecnológicos)

Se trata de la resolución 1019, a la que Uribe le dio luz verde el 2 de mayo. Con su aval quedó en firme una idea que se venía cocinando desde finales del año pasado y que busca poner un tope a los valores de un gran grupo de medicinas. En palabras resumidas, el documento, de tan solo cuatro páginas, quiere evitar algo muy frecuente en el mundo farmacéutico: que laboratorios, EPS y los operadores logísticos le cobren al Estado precios muy diferentes por un mismo medicamento en el llamado NO POS.(Lea Francia lanzó una alerta por el consumo de ibuprofeno ¿Debería preocuparse Colombia?)

Para entender, basta un ejemplo: el Etoricoxib es un popular antiinflamatorio y antirreumático. También está clasificado como uno de los analgésicos orales más efectivos contra el dolor agudo. Sin embargo, su valor en Colombia variaba con frecuencia. En ocasiones, el Sistema de Salud pagaba un miligramo a $7, pero otras veces lo debía pagar a más de $58. Esta gráfica lo explica mejor:

Como este también hay otros 49 principios activos (el ingrediente clave de un medicamento) que hacen parte de esta primera tanda de regulación. Principios activos más populares como el Diclofenaco y que son la base esencial de muchos geles o ungüentos que se venden bajo distintos nombres, también entraron en el listado.

Como se lo había dicho a este diario Diana Isabel Cárdenas, viceministra de Protección Social, este nuevo plan está apartado de la regulación de precios de medicamentos, que tanto promovió el ex ministro de Salud Alejandro Gaviria. Su idea está relacionada con un eterno dilema que enfrentan los todos los sistemas de salud: la manera en que se usan los recursos.

“No es una regulación de mercado. Si alguien quiere venderlo a un precio superior, puede hacerlo, pero el Estado no va a pagar más del valor especificado. Simplemente estamos diciendo cómo vamos a gastar los recursos del sistema", advirtió hace unos meses a El Espectador. "Estamos haciendo política pública basados en la evidencia", dijo en aquel entonces.

A lo que se refería Cárdenas era a que la evidencia es contundente cuando se examinan los diferentes precios que el Estado paga por muchos fármacos y que constituyen una de las principales grietas del sistema de salud: los llamados recobros al NO POS. Otro ejemplo, reseñado por este diario, basta para entender la complejidad: medicinas como la velaglucerasa alfa, para tratar la extraña enfermedad de Gaucher, fueron recobradas por Sanitas (y su proveedor Cruz Verde) a un precio 33,1 % mayor que el que pidieron otras EPS en 2017. Por cada frasquito el Estado pagó $1,6 millones de más.

La idea, sin embargo, ha generado cierta inquietud en el sector farmacéutico. Para José Luis Méndez, presidente del gremio de laboratorios nacionales (Asinfar), esta “regulación de valores máximos de recobro no puede convertirse en una regulación paralela de precios, que le corresponde a la Comisión Nacional de Precios”.

Entre sus argumentos, hay uno en especial que recalca: “El valor calculado para un producto no puede estar por debajo de su valor histórico de salida del laboratorio. Sin embargo, esta situación se evidencia en este primer listado. No nos oponemos a contribuir con la sostenibilidad del Sistema, pero debe ser sostenible por todos y para todos”, señala.

El Ministerio de Salud y la ADRES, que es la entidad encargada de pagar los recobros a las ESP, también tienen cifras contundentes que muestran la necesitad de tapar esa grieta que generan los medicamentos que no están en el POS. En 2017 Colombia pagó $3,03 billones por esas tecnologías, algo así como la cuarta parte de lo que costaría la primera línea del metro de Bogotá. En 2015 y en 2016 el gasto había sido mucho menor: de $2,5 billones y de $2,8 billones.