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Luego del anuncio del Ministerio de Salud, el pasado 20 de enero, de la llegada al país de las primeras dosis de vacunas contra el Covid-19 en febrero, este jueves Fernando Ruiz Gómez, jefe de la cartera de salud reiteró la importancia de proteger el Plan Nacional de Vacunación e hizo un llamado a los jueces pues en el momento se enfrentan siete tutelas en curso que podrían afectar la programación de inmunización contra el virus.
El Ministerio de Salud sostuvo el día de ayer una reunión con diferentes instancias judiciales para hablar de la importancia de proteger el Plan Nacional de Vacunación. “Ayer hubo una reunión muy importante con los miembros de todas las Cortes, los organismos de control como Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía donde se les expuso el Plan y la importancia de mantener la integridad”, señaló Ruiz Gómez.
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De igual forma, Minsalud recordó que es necesario que todas las ramas del Estado trabajen para que el Plan Nacional de Vacunación salga adelante y que no se termine acabando con la priorización ya definida uno de los temas que ha suscitado más polémica. “Los efectos negativos de no acatar la priorización son terribles, en el sentido de que la mortalidad de una persona mayor de 80 años, es casi 600 veces mayor que la mortalidad de una persona entre los 15 y 25 años”, indicó Ruiz, añadiendo que cualquier alteración genera mortalidad y la imposibilidad de controlar la pandemia.
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Decreto que respalda el Plan Nacional de Vacunación
El decreto que será la hoja de ruta, no solo logística sino legal, para poner en marcha la vacunación en el país ya está listo y se espera su aprobación final los primeros días de la próxima semana. “Este decreto es supremamente importante porque define el marco jurídico bajo el cual se va a trabajar. Este será complementado con algunas resoluciones básicamente operativas que saldrán del Ministerio, pero el decreto define los aspectos principales del Plan Nacional de Vacunación”, indicó el ministro.
El decreto aplicará para todos los habitantes del territorio nacional, no solo a los que estén afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino también a los que están afiliados a regímenes especiales e incluso a los que no tienen ninguna afiliación. “Todos son sujeto de cobertura de las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, y las EPS de todo el país”, indicó el ministro Fernando Ruiz, añadiendo que el decreto también aplica para IPS, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad.
Según explicó el Ministerio de Salud, el decreto contará con dos partes principales: una inicial donde se busca reducir mortalidad y enfermedad y una segunda en la que se busca reducir el contagio. “En la primera fase se definen unas poblaciones que van a ser vacunadas con prioridad, es decir los adultos mayores, los profesionales de la salud, personas con comorbilidades y algunos grupos especiales como profesores, fuerza pública, entre otros”, especificó el jefe de cartera de la salud.
El decreto prevé aspectos importantes como que el Ministerio de Salud será única entidad encargada de importar vacunas para el covid-19; las vacunas serán gratuitas y no podrán ser comercializadas por las entidades que las reciban y los ciudadanos se la aplicarán de manera voluntaria; y, como se ha explicado en las fases de distribución, se ratificarán los principios de la priorización y se incluirá un factor diferencial protegiendo a algunos grupos indígenas y afrocolombianos.