¿Negativo para coronavirus? La confusa muerte del diputado amazónico Camilo Suárez

Los errores en el diagnóstico y seguimiento al caso del diputado Camilo Suárez del Amazonas muestran la fragilidad del sistema de salud en esta región.

Foto: Natalia Ospina

“Dolor de cabeza, fiebre, pérdida del gusto, pérdida del apetito, dificultad para respirar, escalofríos y debilidad”. Esto sintió Camilo Suárez durante una semana antes de morir el pasado 8 de mayo en su casa, en Leticia, Amazonas, esperando una ambulancia que llegó horas después cuando su cuerpo sin vida ya descansaba en el hospital, según lo relata su esposa, Marinela Menitofe.

Los síntomas que tuvo son los mismos que suelen sentir muchas personas contagiadas de COVID-19. Por eso, cuando el departamento de Amazonas llegaba a los 105 contagios, el primero de mayo, él reportó su caso al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en Leticia y pidió que fueran a tomarle la muestra. “Lo llamaron dos veces y le dijeron que él no tenía todos los síntomas. Entonces nunca fueron”, cuenta Patricia Suárez, su hermana.

Solo hasta después de su muerte le hicieron la prueba PCR para COVID-19 en muestra respiratoria. Cuatro días después los resultados salieron negativos.

Camilo Suárez era indígena Murui y diputado del Amazonas. Este año estaba empezando su tercer periodo en la Asamblea departamental. Poco antes de morir, se hizo visible en medios nacionales por denunciar que en Leticia no cuentan con “la infraestructura necesaria, los equipos, ni la logística para atender los casos que se están presentando” y pedir al gobierno nacional ayudas para enfrentar la amenaza de una pandemia, realidad que hoy sigue siendo devastadora en la región, con 2.179 casos y 81 muertos a corte del 17 de junio.

La muerte de Camilo causó indignación entre sus familiares y amigos, pues no les cabía duda de que él había sido víctima de las fallas del sistema para atender la emergencia sanitaria, desatada por el COVID-19. Por eso, el resultado negativo les causó tanto desconcierto: “No lo entendemos. Él era auxiliar de enfermería y decía sentir los síntomas”, agrega Patricia.

Esta inquietud se convirtió en sospecha el 21 de mayo, cuando a Camilo Suárez Menitofe, el hijo de 15 años del exdiputado, le notificaron que los resultados de las pruebas, tomadas unos días después de la muerte de su padre, eran positivos para coronavirus.

Amazonas: un departamento en el olvido desde antes de la pandemia

Cuando la pandemia llegó a Colombia, varios resguardos indígenas en Amazonas prohibieron la entrada y salida de sus territorios. Mientras tanto, el avance del virus en Brasil y Perú creaba un cerco alrededor de Leticia y amenazaba con llegar en cualquier momento.

El 17 de abril, la Gobernación de Amazonas confirmó el primer resultado positivo por COVID-19 en Leticia, 41 días después de que se confirmara el primero en el país. Hoy Amazonas es el departamento con la tasa más alta de contagios en Colombia: 2.700 por cada 100.000 habitantes. Según el DANE, para 2018 Amazonas representaba apenas el 0.14% del total de la población colombiana, pero hoy aporta el 3.82% de los casos totales a nivel nacional.

Aunque estos datos oficiales revelan un panorama poco alentador, el problema puede ser aún mayor, pues existe la posibilidad de que los contagios aumenten en otros puntos fronterizos cercanos a poblaciones brasileras con casos confirmados.

“Las entradas están abiertas y nadie las está monitoreando. Tarapacá y La Pedrera (dos de las áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas) tienen contacto frecuente con Brasil y ya hay casos en ese lado brasilero, pero no tenemos ningún tipo de datos del lado colombiano porque ahí no hay nada. Hay una médica rural en La Pedrera y en Tarapacá, creo que hay un enfermero. Esos puntos son ciegos para nosotros y es muy probable que por ahí siga el tráfico (de personas) con Brasil”, explica Pablo Martínez, médico y doctor en salud pública que trabaja para la ONG Sinergias, con presencia en la Amazonía colombiana.

Para sumar a las condiciones actuales, el departamento no tiene la capacidad de atender la emergencia. El 20 de abril el mismo Camilo Suárez y Óscar Sánchez, otro diputado del departamento, visitaron el Hospital San Rafael, el único público de nivel 2 en todo el Amazonas, o sea que es el único que cuenta con algunos médicos especialistas, valoración de urgencias y consulta externa. Para ese día ya había cuatro casos positivos.

Según el acta que consignaron los dos diputados después de esa visita, el hospital no contaba ni con insumos ni con medidas de bioseguridad adecuadas para médicos, el espacio de aislamiento para pacientes con coronavirus aún estaba en adecuación y separado del resto del hospital solo por una lona verde. Había un ventilador y un laringoscopio en mal estado, faltaban manómetros para las balas de oxígeno y medicamentos suficientes como antibióticos de amplio espectro y sedantes y, también, carecía de pruebas rápidas de detección para el COVID-19.

El Plan de contingencia hospitalario por coronavirus SARS CoV-2, una estrategia formulada por el Hospital San Rafael para la atención de la pandemia, y que también aparece en esta acta, establecía que el hospital contaba en total con 56 camas hospitalarias y 9 camas de cuidados intermedios, sumando camas pediátricas y obstétricas y algunas extra que destinaron como medida de emergencia. No había unidades de cuidados intensivos.

En el acta también incluyeron los modelos de contagio del Ministerio de Salud formulados antes de que la pandemia llegara a Amazonas. Estos establecían que, en el departamento, 39.510 personas eran susceptibles de contagiarse y, de estas, 2.085 requerirían hospitalización, 695 cuidados intermedios y 695 cuidados intensivos.

En protesta a estas condiciones insuficientes para hacerle frente al virus, dado su acelerado aumento en la región, hubo dos renuncias masivas de personal médico: una el 20 de abril, el mismo día de la visita de los dos diputados al hospital, y otra el 7 de mayo. Después de su visita, Camilo decidió pedir ayuda al presidente Duque y grabar una serie de videos que visibilizaran la situación de la Amazonía y la crisis que se avecinaba. Dos de estos videos se hicieron públicos — acá el primer video, y acá el segundo — . A los 17 días de haber hecho pública su denuncia, el líder indígena falleció.

Dos semanas después, la capacidad de atención en el Hospital San Rafael no había mejorado notablemente. “El ministerio envió cuatro ventiladores, pero son de una tecnología diferente a la que se usa acá. Necesitan conectarse a circuitos de oxígeno y acá la infraestructura funciona es con bala”, denunció el diputado Óscar Sánchez en una entrevista con Mutante el 28 de mayo. Además, agregó que ya hay cuatro camas “con ventilador, desfibrilador y monitor, pero no hay intensivista. Hace unos días del Ministerio mandaron uno a hacer una revisión. Vino, levantó un diagnóstico y se fue”. Hoy, cinco semanas después de la muerte de Camilo, la atención en el hospital ha mejorado lentamente. “Me informaron que ya hay intensivista. Eso ya me tranquiliza” nos dice Óscar.

La capacidad de atención no va a mejorar si la prioridad no está puesta sobre la salud, afirma Rafael Moreno, personero de Leticia. Según Moreno, hace un mes hubo una reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de la regional centro sur para definir un proyecto de andenes para Puerto Nariño por 10.000 millones de pesos, pese a que en ese municipio no hay hospital. “¿Cómo el gobierno nacional permite que estas regiones que están sumidas en la corrupción no prioricen lo que deben priorizar?” señala Moreno.

Las irregularidades prolongaron el duelo de la muerte de Camilo

Marinela Menitofe, su esposa, y Óscar Sánchez, su colega y amigo, transportaron a Camilo de su casa al hospital en un carro de la Secretaría de Salud que manejaba Mauricio Barbosa, exdiputado y amigo de la familia, pues la ambulancia nunca llegó. Ellos afirman que murió en su casa, porque no tenía pulso y duró varios minutos sin respirar. Al llegar a urgencias, los médicos lo corroboraron.

“Llegamos allá, lo metieron de una. Yo entré con él hasta la sala de reanimación, pero no se pudo hacer nada. Salió el doctor Roberto Sandoval y me indicó que ‘demoró mucho tiempo en llegar. Ya no tiene vida. No se puede hacer nada. Lo vamos a tener acá como caso sospechoso de COVID-19 mientras vienen a hacer el levantamiento’”, cuenta Marinela. Su hora de muerte quedó consignada en el certificado de defunción: 1:00 pm.

El doctor Sandoval nos confirmó que Camilo llegó sin signos vitales al hospital. Es decir, murió antes y por eso tuvieron que pedir que se hiciera el levantamiento del cuerpo. Durante los minutos que estuvo en la sala de reanimación le hicieron un electrocardiograma que ratificó lo que su familia intuía: no había ritmo cardiaco. No le hicieron ningún otro examen durante ese lapso de tiempo.

Marinela se quedó en urgencias esperando a que llegaran de la Nueva EPS a hacer el levantamiento del cuerpo. “A las 6 de la tarde llegó la médica de la EPS y me pidió autorización para hacerle la prueba de COVID-19. Entró a hacerle la prueba y el acta de levantamiento para envolverlo y dejarlo listo para pasarlo a la sala de morgue”, agrega.

La mañana siguiente un funcionario de la funeraria le entregó a las 9:00 a.m. el acta de defunción, la acompañó a escoger el ataúd y se fue a recoger el cuerpo al Hospital San Rafael. Ella no lo pudo ver y no lo pudo velar. Solo le permitieron ir hasta la puerta del cementerio, desde donde pudo ver a la distancia cómo dos hombres con trajes de seguridad biomédica transportaban el ataúd con el cuerpo de su esposo hasta su lugar de inhumación.

Marinela y Patricia Suárez, hermana de Camilo, se enteraron el miércoles 13 de mayo que el exdiputado había dado negativo para COVID-19. La forma en la que les llegó la información fue a través de algunos medios nacionales, entre ellos W Radio, el cual reportó que “las dos pruebas dieron negativo”. La noticia les sorprendió por dos razones: no habían sido notificadas oficialmente y no sabían sobre la existencia de dos pruebas.

Carolina Villada, líder de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), nos dijo en una llamada telefónica que según la ficha enviada por la Secretaría de Salud de Amazonas Camilo “tiene una muestra en vida y otra después de fallecido. Él llegó casi sin signos vitales al hospital. En el momento en el que llega le toman una muestra que dio resultado negativo para COVID-19. Siete horas después de haber muerto, ese mismo día, le tomaron otra muestra y también salió negativa. Él no tenía COVID-19. Pero no murió así como así. Tenía que tener otras enfermedades de base. Hay que consultar con la familia la historia clínica”.

Esta información suministrada por el INS no coincide en dos puntos fundamentales con la versión de sus familiares y amigos que estuvieron presentes cuando murió y en el desarrollo de los eventos inmediatamente posteriores: la toma de dos pruebas y la afirmación de que una de estas hubiera sido tomada en vida.

Como contamos anteriormente, los familiares de Camilo y el doctor Sandoval, quien lo recibió al llegar al hospital, aseguran que el diputado llegó muerto. Los familiares además aseguran que antes de eso no le habían tomado pruebas. Por esto es imposible que le hubieran tomado una allí en vida. La única prueba para la que pidieron autorización a Marinela fue tomada después de las 6:00 p.m., horas después de que Camilo falleciera.

La misma funcionaria del INS, Carolina Villada, asegura que según la ficha epidemiológica “la segunda muestra se la hicieron después de haber fallecido, en la necropsia. Ya no es una prueba con hisopo sino que es una prueba con tejido que va a patología. Esa muestra patológica permitió confirmar el diagnóstico”. La ficha es un documento confidencial y por eso no pudimos acceder a él. Marinela afirma que ella no fue informada sobre una necropsia hecha al cuerpo de su esposo. En diálogo con Mutante, una fuente al interior de Medicina Legal en Leticia que pidió la reserva de su nombre, también negó que al cuerpo de Camilo se le hubiera realizado una necropsia. Además, el Ministerio de Salud establece que por la pandemia las necropsias están suspendidas y la única excepción de contacto con cadáveres sospechosos de COVID-19 es la toma de muestras por hisopado nasofaríngeo (que consisten en la inserción de un hisopo por la nariz hasta la faringe para recoger secreciones de la garganta). Luego de semanas de indagaciones, no encontramos ninguna evidencia de que a Camilo Suárez se le hubiera realizado una necropsia en Medicina Legal o en el Hospital San Rafael, tal como nos aseguró, sin suministrar pruebas, el INS. Tampoco que se le hubieran realizado dos pruebas.

Pero las inconsistencias no acaban ahí. A Marinela le entregaron dos pruebas distintas. Una oficialmente y una extraoficialmente. La extraoficial llegó primero. Se la envió la Nueva EPS por WhatsApp y dice que el tipo de examen realizado fue “PCR para COVID 19 en muestra respiratoria” y que la muestra fue tomada el 9 de mayo. La oficial llegó después a través de un correo electrónico enviado por la Secretaría de Salud y dice que el examen también fue “PCR para COVID 19 en muestra respiratoria” y que fue tomada el 8 de mayo.

Carolina Villada, del INS, dice que la prueba tomada el 9 de mayo corresponde a la segunda muestra: la de tejido extirpado durante la necropsia. Pero el resultado dice que el examen fue practicado sobre una muestra respiratoria, no sobre tejido. Andrés Vecino, doctor de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, sostiene que nunca ha escuchado que una muestra respiratoria se haya tomado de una muestra de tejido. Y además agrega que “no hay razón para haber hecho necropsia en este caso”.

La semana posterior a la muerte de Camilo, Marinela, y sus hijos, Catalina y Camilo; el hermano de Marinela y un amigo, quienes viven en la casa de la familia Suárez Menitofe, se hicieron pruebas PCR para determinar si tenían el virus. Los resultados de cuatro de ellos salieron negativos. Pero a Camilo hijo le notificaron que su prueba había salido positiva. “Ellos eran muy cercanos”, dice Patricia refiriéndose a Camilo padre y Camilo hijo.

La confirmación de que Camilo hijo tenía el virus no hizo sino avivar la sospecha en la familia Suárez de que, en efecto, el líder indígena habría muerto por coronavirus. El detalle no es menor, pues su caso tiene similitudes con el de Arnold de Jesús Ricardo, el taxista cartagenero que fue la primera víctima fatal de la enfermedad en Colombia. A Arnold le hicieron dos pruebas que salieron negativas. Luego, cuando las pruebas de su hermana y cuidadora salieron positivas, declararon que él sí había muerto por coronavirus “por nexo epidemiológico”, según aseguró entonces Martha Ospina, directora del INS.

Le preguntamos al INS por la posibilidad de que la prueba positiva de Camilo hijo confirmara un error en las de Camilo padre, tal como se presumió en el caso de Arnold cuando comenzaba la cuarentena. Nos respondieron que “ninguna prueba diagnóstica es infalible. Ni siquiera las moleculares que son las más confiables. En Amazonas hay una alta probabilidad de contagio y saber si las pruebas pudieron salir mal dependerá del estudio de contactos que haga la Secretaría de Salud”.

Aunque enviamos un derecho de petición a esta Secretaría para este reportaje, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Sin embargo, amigos cercanos de Camilo hicieron sus propias conjeturas sobre los contactos que él había tenido antes de empezar a presentar síntomas. Concluyeron que Camilo pudo haberse contagiado el 21 de abril, día en el que se reunió con su amigo Juan Acuña, quien le ayudó a grabar los videos después de su visita al Hospital. “Tuvimos un compartir y compartimos la misma botella de gaseosa”, cuenta Juan. A principios de mayo los dos ya tenían síntomas de coronavirus. Dos semanas después, Juan dio dos veces positivo para COVID-19, en una prueba rápida y en una PCR. “No es improbable que este caso haya sido un falso negativo. Pasa bastante”, explica Andrés Vecino, refiriéndose a Camilo. “Las PCR no son perfectas. Hay tres artículos recientes que dicen que las sensibilidades son entre el 70% y el 90%. La sensibilidad es, de todas las personas positivas, cuántas salen positivas en el test. Alguien tuvo que tomar la prueba, no sabemos con qué calidad, tuvo que haberla embalado y tuvo que haberla mandado a Bogotá. En todo este proceso las pruebas pierden calidad y eso reduce la sensibilidad de las muestras”, complementa.

Los avances en materia de salud que dejó por herencia “el diputado de la selva”

Camilo Suárez pertenecía a la comunidad Murui de San Rafael en El Encanto, Amazonas: una de las áreas no municipalizadas del departamento, a dos horas en vuelo charter desde Leticia. Allí nació, creció y también allí volvió a trabajar en el Centro de Salud después de graduarse como auxiliar de enfermería en el SENA en Bogotá. En 2004 se vinculó a un proyecto que la Fundación Gaia estaba por implementar. “Diseñamos un sistema comunitario de vigilancia epidemiológica fundado en la idea de que el sistema de conocimiento indígena es lo principal y el sistema de conocimiento no indígena es complementario”, recuerda Juan Carlos Preciado, asesor jurídico de Gaia y amigo de Camilo.

Como líder de salud de la Organización Indígena Murui del Amazonas (OIMA), Camilo fue fundamental en este proyecto que buscaba recabar información sobre la gestión indígena de las enfermedades en este territorio. Sus principales resultados fueron el diseño de protocolos interculturales para tratar enfermedades e identificar especialidades del conocimiento indígena sobre salud. “No en todas las comunidades están todos los especialistas. Si a un niño lo mordía una culebra, esta identificación permitía saber dónde había un especialista en curar mordedura de culebra. El (médico) tradicional de la comunidad hacía todo lo necesario para remitirlo donde el especialista, si era en otra comunidad”, cuenta Preciado.

Su legado fue la base para iniciar la conformación del sistema de vigilancia epidemiológica propia de las comunidades indígenas del Amazonas. “Él se sentaba con los abuelos para diagnosticar sus conocimientos sobre cómo curar enfermedades que había en el territorio y, así, fortalecer sus conocimientos para contrarrestar el abandono del Estado” afirma Patricia.

Durante toda su vida, Camilo hizo parte de procesos organizativos, como OIMA, que abanderan las luchas indígenas. Uno de estos, la Asociación Indígena de la Zona de Arica (AIZA), finalmente lo postuló para la Asamblea del Amazonas, a la que llegó en 2012 por primera vez con el aval del Partido Verde. Fue diputado tres periodos seguidos. Sus mayores preocupaciones como político continuaron siendo los temas de salud y los derechos indígenas.

Sin control del virus, la amenaza de extinción contra las comunidades indígenas es latente

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, cerca del 60% de la población del departamento del Amazonas es indígena, perteneciente a 26 pueblos según el Sistema Nacional de Información Cultural. Esta población representa el 32.4% de los casos positivos de COVID-19 en el departamento con 706 personas contagiadas, de las cuales 28 han muerto, según información de la Secretaría de Salud del Amazonas emitida el 18 de junio. El riesgo que corren con el contagio es mayor al que corren las poblaciones no indígenas.

Pablo Martínez, médico de la ONG Sinergias, explica que las poblaciones indígenas se pueden clasificar dentro de tres categorías. La primera, los indígenas que viven en los cascos urbanos. La segunda, los indígenas que viven cerca de los cascos urbanos. Estas personas “han hecho un cambio drástico en su dieta y han empezado a tener enfermedades de la cultura occidental: malnutrición, diabetes o hipertensión, y cada vez más cáncer. Entonces su exposición al virus es distinta a la de la población general, porque ya tienen comorbilidades”, cuenta Pablo. Estas dos primeras categorías de población representan las 706 personas indígenas contagiadas en el departamento. Se ubican entre los cascos urbanos de Leticia y Puerto Nariño y cerca a estos.

La tercera categoría son los indígenas de selva adentro. Según datos oficiales, el virus aún no los ha alcanzado. Estar alejados de los cascos urbanos les ha protegido, pero corren mayores riesgos. “Es muy probable que sean los que tengan el desarrollo de la enfermedad más grave. Además, en estos territorios hay muchos viejos porque la mayor parte de jóvenes se han ido a los cascos urbanos. Probablemente les va a dar muy duro la enfermedad, por no tener la misma exposición al virus y por ser personas mayores”, complementa Pablo.

Las poblaciones indígenas de selva adentro, concentradas en su mayoría en las áreas no municipalizadas, se enfrentan a otro reto: acceder a la salud occidental. En ninguna de las nueve áreas hay un hospital. En siete de ellas hay centros de salud, y en las dos restantes solo puestos de salud. Por ejemplo, en El Encanto, una zona donde viven 1.885 personas, según el Censo de 2018,hay una enfermera, un médico, un bacteriólogo y una odontóloga. “Son profesionales que tienen muy buena disposición, pero no tienen nada con qué atender si se llega a enfermar alguien en el territorio”, cuenta con preocupación Patricia.

La alternativa, transportar a la población contagiada hacia los cascos urbanos para recibir atención allí, tampoco es posible. Rogelio Mendoza, autoridad uitoto del Resguardo de Monochoa en Caquetá, separado del departamento del Amazonas solo por el río Caquetá, explica que además de que en el centro de salud no cuentan con medicamentos ni dotación adecuada, “el transporte para llegar a nuestro resguardo es complejo. Si en Leticia no pueden detener el virus y se extiende a toda la Amazonía, todos los pueblos indígenas vamos a estar afectados. Si no pueden solventarlo allá, ¿cómo será en nuestros resguardos metidos en la selva?”.

La vía judicial como último recurso para una existencia digna de las comunidades indígenas

El 28 de abril pasado Camilo Suárez interpuso una acción de tutela contra Jesús Galdino, gobernador del Amazonas. Argumentó la vulneración del derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, de niños y niñas indígenas de las áreas no municipalizadas del departamento por la negligencia en las medidas para el correcto funcionamiento de los centros de salud de estas poblaciones. Además, por el incumplimiento de un contrato que él firmó el pasado 6 de abril con Representaciones Amazonas SAS por $1,429.520.000 de pesos, para el suministro de mercados en Leticia, Puerto Nariño, y las nueve áreas no municipalizadas, y que no llegaron a estas poblaciones.

Este no es el único contrato por el que Galdino ha sido cuestionado, como lo reveló La Silla Vacía a finales de mayo. El mismo 6 de abril firmó otro contrato con Representaciones Amazonas SAS para el suministro de alimentos a niños y niñas del Programa de Alimentación Escolar, a pesar de que este servicio había sido contratado para todo 2020 por el gobernador anterior. Lo hizo por contratación directa aduciendo la urgencia manifiesta como justificación. En ambos contratos firmados con esta empresa, los precios de los mismos alimentos son distintos. El contralor departamental, Daniel Oliveira, también ha denunciado en medios nacionales irregularidades en contratos de suministro de medicinas e insumos de bioseguridad.

El 14 de mayo el juzgado segundo civil municipal de Leticia falló la tutela a favor de Camilo. Ordenó al gobernador presentar, a través de la Secretaría de Salud departamental, las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia. También le ordenó presentar el censo de población infantil indígena y garantizarles la atención en salud. Asimismo le ordenó informar sobre el desarrollo y ejecución del contrato de compra de mercados para la población del Amazonas y pidió a la Contraloría y Procuraduría iniciar investigaciones. Para cumplir estas tres órdenes le confirió entre 48 y 72 horas.

El 2 de junio, 19 días después del fallo y ante su incumplimiento, el juzgado amplió el plazo dos días para que Ivone Delgado, ex Secretaria de Salud; el gobernador Galdino y su contraparte en el contrato del suministro de mercados respondieran por qué no habían cumplido lo ordenado. El documento dice también que “en caso de no dar respuesta, o no demostrar el cumplimiento del fallo en el término anteriormente señalado, se decretará la apertura del incidente de desacato, que podrá terminar con sanción de arresto y multa”.

Según un abogado que ha seguido el caso y pidió no ser nombrado, el nuevo plazo ya se venció, sin cumplimiento de lo ordenado, y se espera que la juez profiera el incidente de desacato. Intentamos contactar al gobernador Galdino a través de llamadas y mensajes de texto a su número telefónico, el de su jefe de prensa y el de una de sus asesoras, pero nunca respondió nuestros mensajes.

Del cumplimiento de estas órdenes dependerá en buena parte la mitigación de la emergencia que se desataría si el coronavirus llega a las áreas no municipalizadas.

“Muchas de las personas que han fallecido no debieron haber fallecido. Fallecieron porque no se les prestó la atención médica oportuna y suficiente” concluye Óscar. Camilo es una de estas personas.

En el relato de sus familiares y amigos queda demostrado que su caso revela una atención deficiente en la que le negaron la toma de una prueba, el retraso de la ambulancia que podía ser decisiva al momento de salvarle la vida, una gran confusión institucional sobre cuántas pruebas le tomaron y cuándo lo hicieron, el retraso en la notificación de los resultados de las pruebas a su familia y el posible error en el resultado de la prueba PCR del que pueden ser evidencia las pruebas positivas de su hijo Camilo y su amigo Juan.

*Este reportaje fue publicado originalmente en Mutante.org.