¿Qué ha pasado con el COVID-19 en Amazonas?

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Es el departamento con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes y la primera frontera en ser militarizada para evitar contagios. Se han desplegado medidas especiales para este territorio, de mayoría indígena, ¿pero están funcionando?

Las cifras de coronavirus para el departamento de Amazonas no son alentadoras: la tasa de letalidad supera 63 veces la media nacional, y Leticia, la capital, es la ciudad con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes, según la ONG Sinergias. Y al cierre de esta edición se registraron 1.852 casos confirmados en ese departamento, 64 muertos y 469 recuperados. Por eso, algunas ONG, particulares y Gobierno Nacional movilizaron recursos y medidas para atender la emergencia. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

En abril llegaron 22 toneladas de alimentos para atender el hambre del 70 % de los trabajadores informales de Leticia que no podían salir a trabajar por cuenta de la cuarentena; el 1° de mayo la Superintendencia de Salud intervino el único hospital público, y el 12 de mayo el presidente Iván Duque anunció la militarización de la triple frontera entre Leticia, Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú) para evitar el paso de posibles contagiados entre fronteras.

De los diez primero casos en Leticia, cinco provenían de Brasil. Sin embargo, parece que no toda esperanza está perdida. ¿Qué ha pasado con Amazonas en el último mes? De acuerdo con Albert Giraldo, gerente del hospital San Rafael –quien asumió el cargo el 1° de mayo–, “el 90 % de los contagiados del Amazonas son pacientes leves, eso es algo muy importante desde el punto de vista epidemiológico porque significa que los limitados recursos del hospital aún no están a su máxima capacidad. Aquí llegó una misión de cuatro médicos, cuatro fisioterapeutas, cuatro enfermeras y ocho auxiliares. Este grupo ha estado dando soporte en el área de hospitalización, reforzamos el área de urgencias y crítica, y hoy podemos decir que los servicios que tenemos abiertos cuentan con el recurso humano para atender la capacidad instalada”, dice.

“Contamos con un área para pacientes críticos con 18 camas con ventiladores y otra con 22 camas, donde se manejan pacientes COVID con menos complejidad. Falta que nos entreguen un área que están construyendo para pacientes generales. No estamos a tope, no sé si es porque la gente no está asistiendo masivamente a hospitales al presentar síntomas”, explica la enfermera jefe del hospital, Dayana Guette. (Puede leer: Cuarentena total en Amazonas por coronavirus)

Según el gerente, el hospital nunca ha tenido unidad de cuidados intensivos, y por ahora no tendrá, porque no hay condiciones de infraestructura para instalarla, como una planta eléctrica. Si un paciente se agrava y entra en estado crítico y necesita ingresar a una UCI, se remite a Bogotá u otra ciudad del país, para el caso del coronavirus o cualquier otra emergencia. “La planta de oxígeno tiene más de 30 años y ya bajó la producción de oxígeno de 40 balas a 24. Se dio aviso a la Superintendencia y el Ministerio”, dijo Giraldo.

La difícil situación en infraestructura se suma al déficit presupuestal del hospital público. Cuando comenzó la intervención, a principios de mayo, se hablaba de deudas que superaban los $7.300 millones. Según el informe de la auditoría que la Controlaría Departamental del Amazonas hacía a la Gobernación del Amazonas(y que interrumpió por causa de la pandemia, reseñado por Caracol Radio, el hospital ha celebrado millonarios contratos que han perjudicado sus arcas. Por ejemplo, el informe señala un contrato celebrado con Jimmy Alexánder Parente por $500 millones y otro por $495 millones para compra de elementos de bioseguridad que, según el documento, no llegaron al hospital.

La Contraloría Departamental también reveló que la Gobernación del Amazonas firmó dos contratos: uno por más de $1.429 millones y otro por más de $382 millones, con 10 días de diferencia y un sobrecosto de $380 millones, para el suministro de mercados y subsidio a familias de los municipios de Leticia, Puerto Nariño y sus nueve áreas no municipalizadas, además de los centros vida. En Leticia también hay una práctica médica privada, la Clínica Leticia. Según su representante legal, Javier Gutiérrez, cuando se confirmó el primer caso en Amazonas, el 17 de abril, había 45 camas, cinco para cuidados intermedios, “cuando vimos que se nos vino encima la pandemia, por lo que estaba pasando en Perú y Brasil, organizamos 15 camas para pacientes de COVID-19. No pensamos que fuéramos a usarlas, pero nos quedamos cortos. Hicimos caso a la experiencia de China y la sugerencia de separar las urgencias COVID de las no COVID. En las primeras semanas estuvimos llenos, al 100 %, todas las camas dedicadas a contagiados, pero ha cambiado”.

Gutiérrez comenta que en las últimas dos semanas el número de pacientes en la clínica ha bajado: de 35 pacientes por noche en cuidados intensivos por COVID-19, pasaron a 16 o 12. “Las pruebas aún no las estamos procesando acá, toca enviarlas a Bogotá, y mientras las procesan y envían resultados son ocho o diez días. Entonces usted ve que las cifras aumentan aquí, claro, pero está viendo el panorama de lo que estaba pasando hace 15 días. La gente está respetando el aislamiento un poco más y creo que va a tener resultados”.

Con respecto a si la militarización de la triple frontera funcionó para detener el paso de infectados entre Colombia, Brasil y Perú, aún es difícil calcular si la estrategia fue efectiva. Sin embargo, y de acuerdo con Guette, no están atendiendo pacientes provenientes de Tabatinga. (Le puede interesar: Las voces de la pandemia desde Amazonas)

No pensábamos que se iba a extender tanto la cuarentena en Leticia, pero ya no estamos atendiendo pacientes brasileños, esto luego del cierre de la frontera”. El anuncio de la militarización de la triple frontera y la llegada de cerca de mil miembros del Ejército y la Armada Nacional fue el 12 de mayo, pero aún no hay un balance oficial sobre esta medida.

“De alguna manera estamos mejor. Hay la mitad de los pacientes y muchos menos muertos. Si bien el número de contagio no ha disminuido, las hospitalizaciones definitivamente sí”, dice Gutiérrez. A pesar de las ayudas, ya hay acciones legales instauradas contra el Gobierno Nacional por parte de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana para que se intervengan los departamentos amazónicos con un enfoque diferencial y concertado con estos pueblos. El 27 de mayo, cuando se presentó la tutela, en Amazonas había 1.534 casos; en Caquetá, 24; en Putumayo, 7, y en Vaupés, 11.

Entre las peticiones está: ordenar la implementación de un laboratorio de pruebas de COVID-19 en Leticia (que según dijo a este diario la encargada de la estrategia contra el coronavirus para el departamento, Mónica Palma, ya está en construcción) y un laboratorio en otras capitales amazónicas como Florencia, Inírida, San José del Guaviare, Mocoa y Mitú; enviar 150 mil pruebas rápidas de detección a los seis departamentos amazónicos; disponer de avionetas, con el fin de remitir a pacientes críticos a Bogotá o Cali, y establecer un plan que permita evitar el desabastecimiento de la hidroxicloroquina en la Amazonia colombiana, para el tratamiento de la malaria, como consecuencia de la autorización de uso para tratamiento del COVID 19. (Podría leer: Más de dos mil indígenas de la Amazonia están contagiados con coronavirus)

* Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

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