La ruta de la muerte en el sistema de salud

Estas son las diez historias de personas que murieron por presuntas fallas en la prestación del servicio de salud. La Personería de Bogotá denunció a más de 20 EPS e IPS por homicidio por acción u omisión.

La Personería distrital ha señalado fallas en la atención médica a los pacientes debido a factores como la tardanza en remisiones a otros centros especializados que deben autorizar las EPS. Foto: Archivo
La Personería distrital ha señalado fallas en la atención médica a los pacientes debido a factores como la tardanza en remisiones a otros centros especializados que deben autorizar las EPS. Foto: Archivo

En lo corrido del año han fallecido en Bogotá más de una decena de personas a manos de la burocracia rampante que impera en las empresas promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS). Muertes que, en algunos casos, se han tratado de evitar por la paquidérmica acción de entidades del Estado encargadas de ejercer el control y poner en cintura a EPS e IPS, las cuales esperan por fin una reforma decente al sistema de salud que les proporcione armas —y no paliativos— para actuar a favor de los enfermos.

En este especial, El Espectador relata las historias y rinde homenaje a estas diez personas, entre menores de edad, ancianos, mujeres y hombres, que murieron debido a presuntas negligencias médicas y supuestas fallas administrativas de sus EPS, capitalinos que tristemente fueron protagonistas de la canción de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta.

Estos bogotanos, tal como le sucede al protagonista de la canción, no encontraron médicos que los atendieran, a falta de camas en los hospitales durmieron en camillas improvisadas, se les suministró ibuprofeno para el dolor pero no medicamentos de alto costo y cuando llegaron a las salas de urgencias no había equipos siquiera para hacer un cardiograma.

Un homenaje en el que se contarán los tropiezos impuestos por el sistema de salud, los cuales posiblemente terminaron causándoles la muerte, y en el que también se relatarán los esfuerzos hechos por las familias para que hijos, padres y esposos sobrevivieran a la enfermedad y al sistema mismo. Ricardo Cañón, personero de Bogotá, se atrevió a denunciar ante la Fiscalía Nacional estas irregularidades, acusando al personal de IPS y EPS de homicidio por acción u omisión. A estas víctimas: que en paz descansen, lejos del sistema de salud colombiano.

Burocracia  fatal

A sus ocho años de edad, César Eduardo fue internado en el Hospital La Misericordia, en donde le diagnosticaron una insuficiencia renal aguda, enfermedad de alto costo. La ARS Coosalud nunca le suministró ni una sola pastilla a César, así que su mamá, María Antonia Rodríguez, cubrió todos los gastos necesarios, pues para aquella época los medicamentos que necesitaba su hijo no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como lo señala la demanda. Por eso la desesperada madre decidió interponer una tutela. El 23 de abril, el Juzgado Veinte Civil Municipal falló a favor de la familia y ordenó que se le suministrara a César el tratamiento que necesitaba. Pero eso nunca sucedió. En 2007, la ARS Coosalud desapareció del negocio y sus afiliados fueron trasladados a la EPS Humana Vivir, hoy en proceso de liquidación. La madre, a través de un derecho de petición, le informó a Humana Vivir que un fallo de tutela ordenaba el tratamiento. Pero en medio de la tramitomanía, ninguna dependencia de la EPS recibió el mencionado fallo. En mayo de 2010 los médicos determinaron que César necesitaba con urgencia un trasplante de riñón. Sólo el 27 de abril de 2012 se pudo realizar el trasplante, con tan mala suerte que dos meses después el organismo del niño lo rechazó. Su madre empezó nuevamente la pelea porque a su hijo se le trasplantara otro riñón. Sin embargo, su clamor no valió. El 9 de diciembre de ese año, César Eduardo murió a los 16 años, con la esperanza de recibir un tratamiento que le salvara la vida. Supersalud adelanta una investigación preliminar a la Secretaría Distrital de Salud y la EPS receptora del paciente.

Sin Esperanza

La vida de Esperanza Forero, de 56 años, dependía de $8’000.000. Esa fue la suma que le exigió la Clínica Palermo el pasado sábado 4 de mayo, cuando ingresó a la institución con un infarto de miocardio con 18 horas de evolución, tal como lo reconoce la misma clínica. Sin el dinero en la mano, la paciente no tuvo más remedio que firmar un pagaré. Ese mismo sábado su esposo, Enrique Díaz, fue informado por una funcionaria encargada de la facturación que su mujer debía ser remitida a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero que para hacerlo él debía depositar $8’000.000 y demostrar que la EPS Suramericana estaba al día con los pagos. Lo de la EPS se solucionó el lunes siguiente y Díaz presentó un seguro asistencial, pero el cajero lo rechazó diciéndole que no era suficiente, que además debía consignar $6’000.000 de consumo en medicamentos. Finalmente, la Clínica Palermo decidió retirarle todo el sistema de asistencia a Esperanza, dejándola a su suerte con tan sólo suero intravenoso y remitiéndola a un cuarto aislado de equipos médicos, como lo menciona la denuncia. Cuando Enrique Díaz se dirigió a la habitación improvisada en donde dejaron a su esposa, Esperanza ya había entrado en crisis, desvaneciéndose en sus brazos. Los médicos no creían en el episodio, pensaban que se trataba de un teatro de la paciente para que finalmente la atendieran sin pagar un solo peso. Pero Esperanza falleció súbitamente por un paro cardiorrespiratorio. Las maniobras de reanimación no bastaron. Esperanza Forero murió por no conseguir los $8’000.000 que costaba su vida. La Superintendencia de Salud abrió indagación preliminar contra la Clínica Palermo. También estudia la gestión administrativa adelantada por Sura.

Su nombre sería Jerónimo

El 24 de abril de 2013 Brigitte Oviedo ingresó a la Clínica Nicolás de Federmán para una revisión de rigor de su embarazo. Ese mismo día, por complicaciones, se le realizó una cesárea. Al recién nacido se le diagnosticó una dificultad respiratoria grave. Dos semanas después le practicaron ecografías que determinaron que no podía respirar por la boca. Según la denuncia, estuvo 23 días hospitalizado y era necesario trasladarlo a un centro como el Hospital La Misericordia o el San José Infantil. La clínica no tenía convenio con esas instituciones y no se concretaba el traslado. El juez 45 penal municipal expidió el 16 de mayo una medida provisional para acelerar los trámites. La Superintendencia de Salud intervino y exigió explicaciones. El bebé aún estaba con vida. En la clínica se quejaron porque los padres recurrieron a jueces e instituciones para salvar a su bebé. El 17 de mayo, a las 5:50 de la mañana, una pediatra los llamó para decirles que su hijo había fallecido. Después se supo que, a pesar de las órdenes de remisión, lo que se hizo en este caso fue suspender las nebulizaciones y disminuir el oxígeno del bebé agonizante. Eso, por lo menos, es lo que sostiene la denuncia. De acuerdo con Supersalud, no se identificaron fallas en la prestación del servicio; además señala que “el desafortunado incidente estaría relacionado con la severidad de sus múltiples malformaciones”. Sin embargo, no hay una decisión de fondo.

Cáncer no tratado

José Arcesio Motato, de 33 años, tenía un tumor maligno. En el Hospital Santa Clara y en el Hospital San Rafael le dijeron que debía ser enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Especializada. Desde el pasado 4 enero empezó la lucha con la EPS Capital Salud para que autorizara este servicio. Pero ésta, que es de propiedad de los bogotanos, no le concedió a José Arcesio un tratamiento oncológico especializado. José murió al amanecer del 9 de enero de este año.   

El caso del señor José Mottato no figura en el Sistemas de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Superintendencia de Salud. Esta entidad se comprometió a dar comienzo a una indagación y a requerir la información necesaria a la Personería.

Un fallo que no sirvió para nada

Ana Rosa López, de 74 años, diagnosticada de cáncer en el pulmón derecho, falleció el pasado 27 de abril mientras la burocracia de la salud y la justicia autorizaba exámenes o fallaban tutelas. Necesitaba una remisión urgente para un tratamiento especializado. La Nueva EPS autorizó un tratamiento integral desde el 4 de marzo de 2013 pero, al requerir un servicio de una cama especial de oncología, ésta no le fue suministrada, así como tampoco la valoración del Instituto Cancerológico. Se dijo en su momento que la paciente ya contaba con ventilación mecánica. El 5 de abril pasado su familia llevó una tutela fallada a su favor, pero ni siquiera sirvió para conseguir el traslado o el tratamiento. Tres semanas después murió. Su familia todavía aguarda la tutela aquella con la que pensaban que podían prolongar la vida de Ana Rosa. La Superintendencia de Salud se comprometió a indagar el caso.

EPS Unicajas, a responder

Al Hospital de Santa Clara llegó María Teresa Castillo, de 79 años, en muy mal estado. Un cáncer de tiroides que padecía la tenía al borde de la muerte y quizá con una operación quirúrgica, que involucraba depositar un implante en su tráquea, podría salvarla. Por eso el hospital solicitó a la EPS Unicajas este servicio. Una semana después, el 21 de marzo, la EPS llamó al hospital a pedir información sobre el paciente, informe que ya había sido remitido por el centro médico. Pasaron los días y el Santa Clara seguía insistiendo ante la EPS, pero Unicajas nunca respondió. Finalmente, el cáncer consumió a María Teresa. Ella falleció el pasado 15 de abril. Este caso no figura registrado en el Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Superintendencia de Salud. Esta entidad se comprometió a abrir una indagación y solicitarle la información necesaria a la Personería de Bogotá.

La cita incumplida

Fernando Díaz Bautista, de 50 años, falleció esperando una cita con un oncólogo. La primera vez que le asignaron una fue porque el Hospital Santa Clara lo dispuso, pero no fue posible llegar a ella porque la EPS Solsalud no suministró una ambulancia que trasladara al enfermo. Después del fallido intento, lo ilusionaron en vano: primero le prometieron que el pasado 21 de marzo vería al oncólogo; después, que el 18 de abril y, finalmente, el 26 de abril. Un día antes de la fecha programada, Fernando Díaz murió sin recibir debidamente una valoración médica oncológica. El caso de este paciente no fue informado a la Supersalud, entidad que se comprometió a iniciar una indagación de los hechos.

El viacrucis mortal

Paula Sofía, de nueve meses de edad, requería con urgencia el  27 de abril una intervención quirúrgica para tratar una  afección cardiovascular que la tenía al borde de la muerte. Estaba  en el Hospital San Blas de Bogotá, un centro que no tenía la infraestructura para  la operación que necesitaba. La Personería intervino y se intentó trasladarla a un hospital de nivel III pero la EPS Solsalud se negó porque se le debía dinero. La Personería llamó al Hospital Santa Clara, por su cercanía al San Blas, y la  excusa que dieron allí era que no había camas para urgencias pediátricas; luego dijeron que Solsalud les debía dinero. Ante la insistencia del ente de control, la EPS reconsideró su postura, pero dijo que sólo podía atenderla en Bucaramanga (Santander). Una opción imposible por la gravedad de la bebé. Al ocaso del 28 de abril  se logró el traslado al Santa Clara. Ya no había mucho por hacer. El 29 murió de un paro cardiorrespiratorio.

A la espera de la muerte

Alfonso del Carmen Gómez, de 67 años, murió el pasado 3 de abril esperando que una tutela obligara a su EPS, Cruz Blanca, a que le prestara servicios urgentes para atender un cáncer que tenía. Su hijo Juan Amílcar lo llevó varias veces a urgencias de la Clínica Jorge Piñeros, pero sólo le daban calmantes y lo mandaban para la casa. Ya muy mal, optó por llevarlo al Instituto Nacional de Cancerología, donde murió sin recibir el tratamiento adecuado, según la denuncia. La tutela además no se falló a tiempo y el objetivo era uno solo: que la EPS ordenara el control con el especialista en oncología, trámite que estaban gestionando desde el 26 de febrero. El Juzgado 27 Penal Municipal conoció de la tutela y como consecuencia se ordenó una cita médica para el 12 de abril. Nueve días antes Alfonso del Carmen Gómez ya había fallecido. Su caso no figura en los registros del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Superintendencia de Salud. Esta entidad se comprometió a indagar los hechos.

Error fatal

María Verónica, de 16 años, tenía un embarazo de alto riesgo y el pasado 7 de mayo, debido a dolores muy fuertes,  fue con su mamá a la Clínica Materna de Veraguas, de Saludcoop. Una doctora   apenas la revisó y le recetó una crema vaginal por considerar que se trataba de una infección urinaria. Poco hizo la crema para paliar sus dolores y al día siguiente estaba peor. Su madre llamó a una ambulancia, que no llegó. Como pudo la   llevó a la clínica en  taxi. A pesar de su estado, la atendieron a las 5:00 p.m. Después de unos exámenes, una ginecóloga le soltó de súbito: “El bebé no se salva”. La llevaron a la sala de partos y, según reza la denuncia, le pedían que pujara. “El médico le dijo que le daría unas pastas para que el bebé muriera y ella se negó”. Finalmente hubo parto, pero el bebé murió en las piernas de su madre sin que fuera llevado a una incubadora. Después del legrado de turno le dijeron que no le podían entregar al bebé fallecido, porque era  menor de edad.

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