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Desde hace más de un año, el Procurador General Fernando Carrillo ha cuestionado el proceso de venta de Cafesalud (Saludcoop). Hace un mes intentó poner contra las cuerdas a la EPS, en manos del consorcio Prestnewco S.A.S, y los cuestionó por estar poniendo “en riesgo la salud y la vida de sus afiliados”. Ayer, al convocar a una sorpresiva rueda de prensa, fue más allá, y acompañado por la liquidadora de Cafesalud, Ángela María Echeverri, anunció que se reversaría la venta.
Una tormenta política y social se desencadenó al instante. Líderes políticos de todos los bandos sumaron al debate. Lo mismo hicieron las asociaciones de pacientes. Los representantes de Medimás respondieron con dureza: “Medimás EPS hace responsable al Procurador General de la Nación de provocar el cierre de servicios para los pacientes de la entidad, debido al pánico generado por el anuncio entregado en la tarde del miércoles 3 de octubre”. Y le recordaron al Procurador que no tenía competencia para tomar esa decisión.
En medio de la confrontación todos estaban a la espera de la postura del superintendente de salud Fabio Aristizabal. Todas las señales, sobretodo la contundencia del pronunciamiento del Procurador Carrillo, hacían pensar que Aristizabal estaba en la misma línea y era una realidad el reversazo en la venta de Cafesalud que se dió en mayo de 2017.
Para sorpresa de todos, Aristizabal decidió no respaldar al Procurador por ahora. En una resolución que acaba de conocer El Espectador (Resolución 010087), concedió un plazo de treinta (30) días a MEDIMÁS EPS S.A.S., “para realizar el reporte de la totalidad de los documentos que soportan el cumplimiento del 100% de los criterios y estándares para la autorización establecidos en la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social 2515 de 2018”. Eso incluye cumplir con criterios financieros y de solvencia, cobertura de red de servicios de salud, indicadores de experiencia en atención, entre otros.
La resolución de la Superintendencia añade entre dos o tres meses para que Medimás subsane incumplimientos de esa larga lista. Si la EPS no cumple con esas condiciones y plazos “dará lugar a la pérdida de la autorización de funcionamiento previa evaluación de la Superintendencia Nacional de Salud”.
La resolución de la Superintendencia curiosamente tiene fecha del 2 de octubre de 2018. Es decir, fue preparada y firmada antes del pronunciamiento público del Procurador Carrillo que ocurrió ayer 3 de octubre. Un detalle que deja abiertas muchas preguntas: ¿Sabía de esto el Procurador? ¿Por qué la Supersalud se sumó esta mañana al grupo que convocó el Procurador para hacer frente a la crisis si sus advertencias iban por otro lado?
"Hago un llamado de tranquilidad a los más de 4 millones de afiliados con que cuenta Medimás EPS, @Supersalud adoptará un plan de contingencia que asegure continuidad de la atención sin ningún tipo de trámite adicional", escribió el Procurador en su cuenta ayer al final de la tarde.