Educación y cultura en tiempos digitales

hace 30 mins
Por: Columnista invitado

Volver al glifosato, un error histórico

Por: Johnattan García Ruiz* / @harimetsu

En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos dio inicio a un estudio con cerca de 400 hombres afroamericanos con sífilis que desconocían que tenían la enfermedad y que aún no habían recibido tratamiento para entonces. Durante 40 años que duró la investigación, a los participantes no solamente se les ocultó que padecían de la enfermedad, también se les negó cualquier tipo de tratamiento. El objetivo era documentar el curso de la sífilis en los hombres negros cuando ésta no era atendida, aún cuando para el momento en el que comenzó la investigación ya se conocían los efectos de la infección. A los participantes, la gran mayoría analfabetas y de bajos recursos, se les reclutó ofreciéndoles exámenes médicos, comida e incluso el cubrimiento de sus costos funerarios. A muchos de ellos se les hizo creer que estaban recibiendo atención para mejorar su estado de salud, pero la realidad era muy distinta.

Conocida como el "Estudio Tuskegee" por la ciudad del estado de Alabama en donde se realizó, esta investigación constituye una de las mayores vergüenzas de la historia de la salud pública. En 1972, los medios de comunicación descubrieron y condenaron el estudio. Un grupo vulnerable fue abusado y sometido a soportar una enfermedad sin su consentimiento, únicamente para obtener una información que ya se conocía y que no representó para ellos ningún beneficio. Los efectos del Estudio Tuskegee no solo alcanzaron a sus participantes y sus familias, sino a un gran número de afroamericanos que aún sin haber sido afectados, perdieron la confianza en el Estado y en la comunidad médica que se tradujo en una menor expectativa de vida.

Comparto esta historia porque para mí, hay tres aspectos que demuestran que lo que el Estado colombiano está a punto de hacer con las comunidades indígenas y campesinas al reanudar la aspersión aérea de glifosato como medida para la erradicación de cultivos ilícitos, no se aleja mucho del infame Estudio Tuskegee.

En primer lugar, existe una absoluta diferencia de poder entre un Estado que conoce que existen potenciales riesgos para la salud de las personas al asperjar glifosato sobre sus comunidades, y un grupo vulnerable de personas que son expuestos al químico y que no tienen ni voz de voto en esa decisión. Es muy probable que los campesinos e indígenas desconozcan los posibles efectos adversos del glifosato, pero aún conociéndolos, no puedan mitigar el riesgo de afectar su salud de la misma manera como sí lo pueden hacer quienes trabajan con el químico en agricultura mediante elementos de protección como ropa cerrada, guantes o gafas. Lo más grave, sin embargo, es que aún con la información y los medios para reducir el impacto, las comunidades afectadas no tienen ninguna posibilidad de rechazar a ser expuestas a un agente químico como el glifosato. Son otros quienes deciden sobre su salud y su vida. No es ni justo, ni ético, ni constitucional.

En segundo lugar, la exposición de campesinos e indígenas a un agente tóxico como el glifosato no representa un beneficio para ellos. Son muchas las situaciones en las que estamos dispuestos a arriesgar o afectar nuestra salud porque sabemos que el beneficio de esa acción es mayor. La quimioterapia es una terapia dolorosa que afecta el cuerpo de los pacientes de muchas maneras, pero es una forma de atacar las células cancerígenas que afectan en mayor riesgo su salud y su vida. En el caso del glifosato, no hay absolutamente ningún beneficio en salud que justifique el riesgo de exponerse a este herbicida. Algunos dirán que es obvio que los beneficios de la aspersión aérea no están en la salud de las comunidades sino en otros aspectos como su seguridad al reducirse la presencia de grupos al margen de la ley, pero hay evidencia suficiente que demuestra que hay maneras más sostenibles en el largo plazo para lograr la erradicación sin poner en riesgo la salud y la vida de personas que habitan estas regiones.

El tercer elemento en común es el mensaje devastador que envía el Estado y que por décadas ha servido como combustible de la violencia y la inequidad social en Colombia: la vida de las poblaciones rurales, minoritarias, vulnerables e históricamente abandonadas por el Estado, siguen valiendo menos que la vida de aquellos más privilegiados que jamás serían expuestos de esa manera. El gobierno está dispuesto a poner en riesgo su salud, su integridad y su vida rociando con un químico posiblemente cancerígeno sus viviendas, sus alimentos, sus ríos y hasta su propia humanidad, solo para continuar la fracasada guerra contra las drogas. ¿Cómo se piensa lograr un país con equidad cuando se trata con semejante displicencia a quienes durante tantos años se les ha negado la posibilidad de tener una vida mejor?

El Estudio Tuskegee ha sido por años un ejemplo de la total falta de humanidad de quien conscientemente obliga a otro más vulnerable a arriesgar su salud y su vida en vano. Ahora, casi un siglo después, el Estado está dispuesto a imitar ese horrible acto al asperjar con glifosato a cientos de familias vulnerables, campesinas e indígenas, en contra de su voluntad y sabiendo que existe la posibilidad de causarles daños a la salud y la vida de quienes integran sus hogares. Todo con tal de continuar una política que hoy sabemos es y seguirá siendo totalmente inútil. Será un error que marcará nuestra historia. Coincido con Alejandro Gaviria cuando ante la Corte Constitucional afirmó que no estamos ante un debate académico o técnico. Éste es sin duda un debate ético.

*Investigador en Dejusticia

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