El flagelo de la corrupción. ¿Una patología social incurable?

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, éste fenómeno afecta “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.”

Sandra Flórez

Sin embargo, éstas y otras premisas que se repiten a voz en cuello durante eventos académicos y políticos, se quedan en el “San Alejo” de la flexible e inescrupulosa consciencia de quienes cada día, inventan nuevas estrategias para saquear las arcas del Estado. Porque los corruptos, no importa su jerarquía y posicionamiento dentro de las instituciones, se valen de las más sagaces y depuradas técnicas para quedarse con su porción de la torta de los recursos públicos. Y aquí viene el primer problema asociado al flagelo.

En nuestra cultura, excepcionalmente llegamos a desarrollar el concepto de lo público, como lo que alude y pertenece a todos. Parece ser que dentro de nuestro aprendizaje epistemológico, lo público es una abstracción, una palabra vacía de significados que induce a apropiarse de “lo que no tiene dueño”, de cara a unos mecanismos de auto y hetero regulación débiles y permisivos.

Creo que en lo práctico, aún no hemos dimensionado que la corrupción profundiza las brechas de inequidad, cuando los recursos se quedan en las manos de unos pocos que limitan la posibilidad de que éstos se orienten a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho; vulnera el derecho a la igualdad por cuenta de los filtros a oportunidades y una clara evidencia de lo anterior es la ausencia de criterios de mérito para ejercer los cargos más altos en el quehacer público; afecta la consolidación de la democracia, al violar los derechos de los representados y minar la credibilidad en las instituciones; aumenta el costo transaccional contractual y lesiona los intereses económicos, toda vez que tras un contrato, sin importar su cuantía, hay costos ocultos asociados a la intermediación y a la “mordida”, además de los reprocesos y los costos derivados del control ex post, que no se precisan con tanta urgencia en sociedades más transparentes y solidarias; deteriora la calidad técnica de la administración pública, desde el imperativo de repartir cuotas de conveniencia a los adeptos y clientes.

Amenaza el cumplimiento de derechos fundamentales y colectivos porque priva de recursos necesarios para cumplir con ello. Un claro ejemplo es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desfalcado y famélico por cuenta de la intermediación, la asignación de contratos leoninos y los débiles mecanismos de control.

Y todo lo anterior, por cuenta de un uso indebido del poder o unos criterios mal entendidos de la gestión pública en donde quien puede, se vale de los más ingeniosos recursos para satisfacer sus glotones intereses personales.

Pero más allá del pesimismo que el flagelo induce, vale la pena preguntarse, ¿qué determina que una persona decida ser corrupta?

En lo personal, yo no creo que se trate de una enfermedad individual y social que se contrae en la vida adulta. Pienso que más allá del necesario fortalecimiento de la capacidad de exigibilidad y sanción de las entidades legalmente facultadas, es necesario consolidar el control social, dotar a la ciudadanía de voluntad y criterios para autoregularse y velar por la correcta asignación y ejecución de sus recursos. Pero para que esto suceda, se necesita mucho más que charlas de sensibilización acerca de responsabilidad ciudadana.

Hay que recurrir a códigos alternativos de comunicación que le devuelvan a los ciudadanos la esperanza de que su opinión cuenta, de que puede incidir sobre la política pública y que mucho más que un voto potencial para el aparato gubernamental, es sujeto activo de deberes y derechos. Es preciso generar los espacios y la receptividad, para que las voces ciudadanas tengan eco. Pero más allá de eso y sobre todo, hay que formar desde la cuna en competencias ciudadanas que doten a los individuos de mecanismos de sublimación. Sólo así avanzaremos hacia una sociedad más justa, responsable, transparente y pacífica e infortunadamente no creo que estemos en el camino cierto.

Vivimos inmersos en las tareas cotidianas, respondiendo a criterios de supervivencia inmediata, sin que se visibilice ante los ciudadanos del futuro la necesidad de luchar por ideales, de creerse trascendentes en un mundo donde la necesidad de dejar huellas es cada vez menos perceptible.

Sí queremos que el flagelo de la corrupción no siga robusteciéndose y aniquilando nuestra viabilidad en todos los planos, hay que educar y educarse. Repensarse desde otra perspectiva y ante todo, ser consciente de que se peca tanto por actuar de manera aviesa a los intereses colectivos, como por permitir que se haga.

Por Sandra Lorena Flórez Guzmán, colaboradora de Soyperiodista.com

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