Familias en acción: Modelo de desarrollo de pobreza sostenible

Una política que somete a muchas personas a mendigar un puñado de dinero, que no remedia en nada el gran problema de pobreza e inequidad existente, pero que en ese instante hace creer que papá gobierno está colaborándoles a erradicar la pobreza.

EL ESPECTADOR

Si entendemos que la lectura se hace no sólo en textos escritos e icónicos, sino también en la realidad, se puede decir que la estrategia política-ideológica de Familias en acción está imponiéndose ante los ojos de la mayoría de personas, como una alternativa salomónica a los problemas de inequidad y abandono de las comunidades más pobres.

Además, nos indica que esta momentánea solución está atacando el problema de la pobreza, con la entrega de unos cuantos pesos. Para muchas personas de los estratos más bajos de Colombia, se le considera una valiosa solución.

Sin embargo, la lectura como proceso de abducción que realiza un trabajo activo del lector, construyendo el significado del texto, en este caso esa realidad, a partir de la intención de lectura que hace y de todo lo que sabe del mundo como tal, podrá leer que el verdadero propósito de esa política es mantener con los ojos cegado a esa multitud de seres que, si abstraen en su pensamiento, lo hacen desde la información explicita de la entrega y recibimiento del subsidio sin ir más allá de esa acción gubernamental.

Es decir, el pueblo está realizando una lectura literal de ese texto llamado “Familias en acción”. Su esencia no trasciende esa realidad que viven en el momento de recibir el dinero, lanzando flores y alabanzas a un gobierno que les colabora con unos miserables pesos a la vez de convertirlos en inútiles de la sociedad, dependientes de unas migajas lanzadas desde la mesa de la opulencia para mantenerlos acallados y contentos.

Familia en Acción, que por esto días de octubre tiene a muchas personas corriendo de un lado a otro soportando las inclemencias del tiempo, se fundamenta en la Ley 1532 de junio de 2012. Programa consistente en “la entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad”. Esto último se reafirma cotidianamente con el desempleo, el mototaxismo, la violencia social, el subempleo, la desescolarización de niños y jóvenes, las pocas oportunidades laborales de los nuevos profesionales, técnicos y tecnólogos y, el cierre y privatización de hospitales y de empresas como también el despido de muchos trabajadores.

Tiene un marco legal que lo sustenta: El Plan de Desarrollo Nacional, La Constitución Nacional de 1991, La ley 387 de 1997, Las Sentencias 1635 T-025 del 2004 de la Corte Constitucional; el Decreto 250 de Febrero del 2005 por el cual se expide el Plan Nacional para Atención a la Población desplazada, entre otras normas como la Ley General de Educación 115 de 1994. Normas que hacen legal ese procedimiento, pero que, por lo observado, deja mucho que decir por lo ilegítimo; puesto que, es indignante ver cómo degradan a miles de personas haciéndolas mendigar una cuota monetaria, que soportan el inclemente sol y las lluvias de estos días, poniendo en riesgo la salud. Es decir, puede salir más caro la salud de las personas que la pírrica suma que muy seguramente le ofrecerán, en un mañana no muy lejano.

Sí, es indignante y da grima la manera cómo son tratadas las muchas personas cuando van a inscribirse para ingresar al programa. Una política que somete a muchas personas a mendigar un puñado de dinero, que no remedia en nada el gran problema de pobreza e inequidad existente, pero que en ese instante hace creer que papá gobierno está colaborándoles a erradicar la pobreza.

Esta política no soluciona los problemas de pobreza ni alivia los síntomas de este endémico mal de los pueblos latinoamericanos, salvo algunas excepciones, que teniendo riquezas no las han cedido al poder extranjero como si lo han hecho muchas otras naciones, empobreciendo a sus ciudadanos. Es un sucedáneo que condena el progreso y el espíritu de lucha por un trabajo digno a muchos seres humanos en un país eufemísticamente en vías de desarrollo.

No soy enemigo de la solidaridad, pero si de esa forma tan inhumana de hacer que las personas reclamen ese subsidio, pues las convierte en víctimas de un establecimiento que los doma con migajas para después decir que responde a lo establecido en las leyes, escondiendo las verdaderas intenciones ideológicas que subyacen en ella.

Analicemos. Ese mismo programa tiene un enunciado, encontrado en los derechos y deberes que me parece debe estudiarse en su sentido más profundo: “Ser atendido con respeto, por el personal operativo del programa en todos sus componentes”.

Pregunto. ¿Es esta la forma de ayudar al desarrollo de una población para que salga de la pobreza y se desarrolle como debería hacerlo cualquier grupo humano? ¿Están siendo atendidas las personas como lo dice la misma norma? ¿Se respetan las normas de convivencia con las personas que asisten a la inscripción o solamente está allí sin cumplirse? ¿Saben los que reciben esas ayudas que deben cumplir unas reglas y que tienen derechos y deberes o sólo se hace esto para ganar adeptos y seguidores de una política de hambre? Creo que su intención es amarrar corderos para futuras administraciones. Es lo que se percibe en ese programa. Se puede decir sin temor a equivocarse.

Por otra parte, en el mes junio de 2012, si mal no estoy, el Presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Familias en Acción y el senador Juan Lozano Ramírez se ufanaba de su liderazgo como si fuera la receta única para resolver el problema de la pobreza en el país. Se expresaba así “es política de Estado garantizarle permanentemente a los niños menores de dieciocho años, de los hogares en situación de pobreza extrema, desplazados, indígenas y afrodescendientes, los subsidios de nutrición y educación por parte de la Nación”. Santo sarcasmo para un pueblo ávido de soluciones claras y pertinentes y no pañitos de agua tibia.

Manifestaba también que "Es una defensa que hacemos de Familias en Acción, es una defensa de los niños, es una defensa de la nutrición de los niños, es una defensa de la educación de los niños, este que es el programa social más importante, repito, no puede sufrir ningún deterioro, no puede sufrir ningún desmedro".

Sin embargo, yendo más allá de ese palabrerío inocuo, creo que la verdadera defensa y ayuda que se le puede dar a estas familias, y no sólo a ellas, sino a todas las que habitan en el país, es presentar una política de estado que controle y rebaje los precios de la canasta familiar, los servicios públicos de agua, energía eléctrica, gas y transportes para que el poco dinero que ingrese a las arcas de las familias pueda alcanzar y satisfacer las necesidades básicas, además de dignificar la condición humana de muchas familias pobres sin tener que recurrir a la mendicidad para poder sobrevivir. Pues de esta forma se haría una verdadera política de estado para la población en pobreza extrema sin tener que recurrir a esta estrategia política descalificadora y sucia que se impone sobre los demás.

Por último, este programa tiene como único fin, mantener cautivo a un pueblo acéfalo que sin rumbo solo vive un momento feliz con la llegada del pucho de dinero para después sufrir las consecuencias del desempleo, el hambre, la insalubridad, la inseguridad, entre otros grandes problemas. Pueblo que espera la mano misericordiosa de un gobierno incapaz de dignificar a sus asociados.

Por Edinson Pedroza Doria, colaborador de Soyperiodista.com
Docente de castellano del Distrito de Cartagena y de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.