¿La demanda contra Google podría cambiar la economía de internet?

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EE.UU. acusó a la compañía de tener prácticas que excluyen a la competencia en las búsquedas de internet y el mercado de publicidad en línea. El caso podría ser un referente para obligar a cambiar los modelos de negocio de otras empresas de tecnología.

Este martes, el Departamento de Justicia y 11 estados de EE.UU. interpusieron una demanda contra Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet. Para muchos, se trata del mayor caso antimonopolio de las últimas décadas y es la primera acción concreta en este país contra la filial de Alphabet.

Según explicó el fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey A. Rosen, durante una rueda de prensa, la demanda subraya que Google “ha mantenido su poder de monopolio mediante prácticas de exclusión que son perjudiciales para la competencia”, según cita el diario The New York Times.

Una de ellas sería el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el predeterminado en sus teléfonos iPhone, cosa que también exige a los fabricantes de celulares que utilizan su sistema operativo, Android (y que es el más popular del mundo en su clase). Según el gobierno estadounidense, la compañía estaría protegiendo su posición dominante de manera ilegal con este tipo de acuerdos.

El órgano también investigó el papel y las adquisiciones de la empresa en el mercado de la publicidad digital, que incluye anuncios de búsqueda, visualización web y video. Google es uno de los principales intermediarios entre anunciantes y páginas web: en 2019 tenía una participación de 37 % en el mercado de los anuncios en línea en Estados Unidos y su motor de búsqueda era el vehículo del 80 % de los anuncios que aparecen por esta vía en dicho país.

Además, la publicidad en línea significó US$34.000 millones en ganancias para Alphabet en 2019. Sin embargo, algunos analistas aseguran que el caso sobre los acuerdos de Google para privilegiar a su buscador tiene más oportunidad de ganar.

Tras conocer la decisión, Google aseguró que la demanda “es profundamente defectuosa” y se basa en “dudosos argumentos” para criticar las acciones que hace la compañía por promocionar sus servicios.

“Pagamos para promocionar nuestros servicios, al igual que una marca de cereales pagaría a un supermercado para almacenar sus productos en un estante a la altura de los ojos. Pero seamos claros: nuestros competidores también están fácilmente disponibles si desea utilizarlos”, aseguró Kent Walker, vicepresidente senior de asuntos globales y director jurídico de Google.

De acuerdo con Walker, la demanda insinúa que los estadounidenses “no son lo suficientemente sofisticados” para elegir otras opciones o cambiar las configuraciones predeterminadas que privilegian a las aplicaciones de la compañía en sus dispositivos. “Las personas no usan Google porque tienen que hacerlo o porque no pueden encontrar alternativas, lo usan porque así lo desean. No estamos en la década de los 90, cuando cambiar de servicio era lento y difícil”, agregó.

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Google se mantiene en su posición de que las leyes antimonopolio del país (que no sufren cambios significativos desde 1976) deberían ayudar a los consumidores y no favorecer a competidores particulares. “Confiamos en que un tribunal llegará a la conclusión de que esta demanda no cuadra ni con los hechos ni con la ley”, dijo Walker.

¿Qué implica esta decisión para la industria de internet?

En los últimos años, los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple (conocidas bajo el acrónimo de “GAFA”) se han enfrentado a las críticas de diferentes gobiernos y bloques, como la Unión Europea (UE), debido a la gran cantidad de poder que acumulan, sus altos beneficios y los bajos impuestos que deben pagar. Sin embargo, es la primera vez que Estados Unidos ejerce una acción de tal magnitud en décadas.

“La idea de utilizar las normas de competencia para hacerle el contrapeso al poder de las grandes empresas de internet no es nueva, pero sin duda el que lo haga la autoridad estadounidense sí va a ser un precedente importante a nivel internacional”, asegura Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital.

La última vez que los reguladores de dicho país estudiaron con tanta atención el poder de las tecnológicas fue en los años 90, cuando se valoró la posibilidad de disolver a Microsoft en un exhaustivo pleito.

Esa vez, se acusó a la compañía de obstaculizar la competencia de navegadores web al incluir su software (Internet Explorer) de manera gratuita en equipos que contaran con el sistema operativo Windows. Microsoft perdió el caso cuando se determinó que había utilizado contratos restrictivos para evitar que los fabricantes ofrecieran software de buscadores de la competencia en sus equipos. Y aunque se puso sobre la mesa la opción de disolver la compañía en dos unidades diferentes, la decisión fue anulada tras una apelación. Microsoft debió hacer cambios significativos en sus conductas empresariales y fue sometida al escrutinio de expertos durante un largo tiempo.

Algo similar podría ocurrir con Google. Si el Gobierno y la compañía no llegan a un acuerdo, el caso llegaría a los tribunales y la batalla legal podría prolongarse durante años. Pero si se le da la razón al Departamento de Justicia, esto podría abrir la puerta a una reestructuración de la compañía o de su modelo de negocio para balancear la competencia, propuesta oficial de varios legisladores demócratas de la Cámara de Representantes sobre esta y otras empresas como Facebook.

Los legisladores, que vienen investigando a las GAFA desde hace más de un año, sugieren crear un marco regulatorio que les dificulte la adquisición de ‘startups’ y prohíba que privilegien productos en sus propias plataformas, entre otras acciones, pues afirman que estas compañías tienen demasiado poder “y ese poder debe controlarse y someterse a una supervisión y aplicación adecuadas”.

La demanda también podría impulsar otras investigaciones contra los conglomerados que adelantan el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio.

No obstante, algunos analistas consideran que el caso no aborda el problema de raíz detrás de las GAFA, pues si se le prohíbe a Google pagar a los fabricantes por privilegiar a su buscador en equipos, bien podrían terminar beneficiando a otros motores, como Bing (propiedad de Microsoft).

“Esto terminará con una ‘votación’ similar a la que la UE impuso a Microsoft a mediados de la década de 2000. Un mandato del gobierno de ‘qué motor de búsqueda le gustaría’. Si Google es inteligente, ya estaría buscando un acuerdo en ese sentido. No querrán que esto se convierta en un proceso de descubrimiento prolongado”, opinó en su cuenta de Twitter Matt Rosoff, editor tecnológico de CNBC.

Aunque todavía es prematuro decir qué ocurrirá con la firma de Alphabet, los ojos de toda la industria están puestos sobre este caso, pues Google constituye uno de los pilares de la economía digital tal como la conocemos y cualquier acción en su contra podría ser la base para mayores intervenciones de los reguladores a las ‘Big Tech’.

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