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Ley de noticias falsas en Brasil: las cosas malas de una idea terrible

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Brasil está cada vez más cerca de aprobar una ley para luchar contra las noticias falsas, que lesiona seriamente derechos fundamentales sin solucionar el problema de fondo.

Esta es una semana crucial para la llamada “ley de noticias falsas” en Brasil. Esta nueva versión de la iniciativa, supuestamente diseñada para incrementar la seguridad y reducir “acciones maliciosas coordinadas” por parte de usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería, le permitirá al gobierno identificar y rastrear a un sinnúmero de usuarios inocentes, que no han hecho nada malo, para poder agarrar a unos pocos actores maliciosos.

El Senado brasileño aprobó un proyecto de ley contra las falsas informaciones, que genera resistencias tanto en el gobierno de Jair Bolsonaro como en las plataformas de internet y entre defensores de la libertad de expresión y la privacidad. El proyecto, que aún debe ser discutido y probablemente modificado en la Cámara de Diputados, puede ser vetado por el presidente.

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“Pienso que la Cámara difícilmente lo aprobará. Pero si lo hiciera, nos quedará la posibilidad de vetarlo”, afirmó el mandatario ultraderechista este miércoles, en declaraciones ante sus seguidores reproducidas por los medios brasileños.

La ley crea un torpe régimen regulatorio para intervenir la tecnología, así como las decisiones de política que tomen servicios de comunicación, tanto públicos, como privados, en Brasil. Requiere, por ejemplo, que implementen nuevos mecanismos de retiro del contenido y de identificación de sus usuarios, a la vez que pide incrementar drásticamente la cantidad de información que éstos recopilan y guardan sobre las personas que los usan. También exigen que esta información pueda ser accedida por personal de las empresas en Brasil, lo que también abre la puerta para que este gobierno tenga acceso a los datos, lo que permite burlar las salvaguardas de mecanismos internacionales como los tratados de asistencia legal mutua.

Esta ley se está moviendo rápidamente, y llega en un muy mal tiempo. Las tecnologías de comunicación segura son más importantes que nunca para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, así como para colaborar de forma eficiente en el trabajo y organizarse y protestar en línea.

Desde que fue introducida, la ley ha tenido varios cambios, que bien vale la pena discutir también. Esta semana, si bien el Senado brasileño aprobó el proyecto, también introdujo algunos cambios. Por ejemplo, una modificación del artículo 7 permite que la identificación de los usuarios ya no sea obligatoria, sino opcional, en términos generales. Bajo la luz del nuevo texto, las compañías pueden exigir que una persona se identifique cuando haya quejas de no cumplir con la ley o cuando se sospeche que hay bots comportándose de forma anómala o suplantando la identidad de otra persona. Estas nuevas provisiones parecen acoplarse a las prácticas que ya tienen establecidas las compañías del sector, pero también abren la puerta a que sean expandidas en el futuro.

Una modificación del artículo 9 ahora le impone a las compañías la obligación de limitar el tamaño de grupos y listas privadas. Esto tiene el potencial futuro de limitar la innovación y el desarrollo en el sector, pues, por diseño, las comunicaciones puerto-puerto no pueden controlar el tamaño de un grupo.

Otro cambio, esta vez en el artículo 10, obliga a las aplicaciones privadas de mensajería a retener toda la cadena de comunicaciones que han sido “masivamente reenviadas” dentro del propósito de una investigación o juicio sobre potenciales hechos criminales. Anteriormente, esta imposición también cubría a las plataformas de redes sociales. Vale la pena aclarar que la viralidad de un mensaje no modifica los derechos a la privacidad y al debido proceso del remitente original.

Aparte de estos cambios, aquí presentamos algunos de los puntos más malos de un proyecto ya de por sí nefasto.

Identificación legal de todos los usuarios

El nuevo borrador del artículo 7 es tan torpe, como contradictorio. Primero, requiere que las grandes redes sociales y las aplicaciones privadas de mensajería (que ofrecen servicios para más de dos millones de personas en Brasil) identifiquen a cada uno de los usuarios, pidiéndoles su cédula. Es un requerimiento general y retroactivo, lo que significa que este proceso debe surtirse para cada uno de los usuarios existentes.

Obligar a las compañías a identificar a los usuarios es una medida que sólo debe tomarse cuando es pedida por una autoridad competente, no un paso que se toma a priori.

Desde 2003, Brasil requiere que los usuarios de líneas prepago se identifiquen, con documentación legal, cuando adquieren una tarjeta SIM. La nueva ley ampliaría estos procesos de identificación.

El registro de tarjetas SIM mina las posibilidades de comunicación, organización y asociación anónima de las personas.

David Kaye, reportero especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, le ha pedido a los estados que no condicionen en el acceso a comunicaciones y servicios en línea a la identificación de los usuarios.

Rastreo y retención de comunicaciones

Como ya se dijo, también hay una provisión en la ley para que las empresas guarden los registros de comunicación de mensajes que son masivamente reenviados. Esto crea potenciales y serios problemas cuando se hace por defecto y no por mandato de una autoridad competente, como ya fue argumentado.

Aunque el borrador actual no crea nuevos crímenes en esta sección, sí requiere que las empresas rastreen los mensajes antes de que un crimen haya sido cometido, por si la información puede ser usada en el futuro dentro del contexto de una investigación criminal o en un procedimiento legal por amenazas, difamación o calumnia. Lo que esto significa, en la práctica, es que si usted comparte un mensaje que denuncia la corrupción de una autoridad local y este es reenviado más de 1.000 veces, se le podría acusar de calumniar a la autoridad local que está denunciando, por ejemplo.

De fondo, lo que esta ley sugiere poderosamente es que hay que examinar el problema de las llamadas noticias falsas, pero llevarse por delante derechos fundamentales.

Hay muchos caminos innovadores que están siendo explorados para ayudar a reducir los abusos en aplicaciones de mensajería y de redes sociales, bien desde la política pública, como desde las soluciones técnicas. Whastapp, por ejemplo, ya limita el número de receptores simultáneos de un mensaje reenviado y le muestra a los usuarios que el contenido ha sido reenviado; también marca de forma especial el contenido viral para indicar que no proviene de un contacto cercano.

Sin embargo, perseguir y cancelar las actuaciones de actores nocivos no puede lograrse a expensas de silenciar a millones de usuarios, invadir su privacidad o minar su seguridad digital.

* La versión original de este texto fue publicada por la Electronic Frontier Fundation bajo una licencia Creative Commons. Puede ser consultado aquí.

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