Tecnología y libertades: un dilema de la pandemia

Imagen de referencia.

Foto: Getty Images

En sus esfuerzos por contener la propagación de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo están desplegando dispositivos de uso corporal (wearables) para ayudar a combatir el virus. Algunos buscan una bala de plata tecnológica para resolver la crisis de salud pública. Pero muchos de los instrumentos destinados a resolver problemas vienen acompañados de otros problemas que socavarán los objetivos de salud pública para los que se han adoptado y crearán nuevas consecuencias no deseadas para la privacidad, la asociación y la libertad de expresión.

Estos dispositivos electrónicos se usan generalmente en la muñeca o el tobillo. Su uso puede ser obligatorio por el gobierno o voluntario (aunque los usuarios no siempre entienden exactamente qué es lo que se les pide que lleven). Podríamos tender a asociar la idea de “llevarlo puesto” con un reloj inteligente o un monitor de tobillo, pero los gobiernos también están usando “pulseras” de muñeca para una amplia gama de propósitos diferentes en medio de la pandemia de COVID-19.

Las prendas de vestir pueden utilizar un sensor electrónico para recoger información sobre la salud del portador (midiendo los signos vitales) y actuar como una advertencia temprana para identificar a los probables pacientes de COVID-19 antes de que muestren algún síntoma.

También pueden utilizarse para detectar o registrar la proximidad de las personas entre sí (para imponer el distanciamiento social) o entre el brazalete de una persona y su propio teléfono móvil o una baliza o señuelo fijo en casa (para reforzar la cuarentena en el hogar).

Para la aplicación de la cuarentena, los dispositivos también pueden utilizar un receptor GPS para informar a las autoridades de la ubicación del portador. Algunos utilizan señuelos Bluetooth para que las autoridades confirmen cuando el usuario se encuentra dentro del alcance de un teléfono que a su vez ejecuta una aplicación de rastreo de contactos (en lugar de dejar el teléfono en casa y salir al exterior en violación de una orden sanitaria). Y algunos pueden ser pulseras de baja tecnología, que no son más que un trozo de papel con un código QR, que las autoridades pueden pedir regularmente al usuario para fotografiar con una aplicación móvil (entre otros usos de los requerimientos de fotos para la aplicación de la cuarentena).

Al igual que otras tecnologías desplegadas para tareas relacionadas con pandemias, varían en cuanto a dimensiones, entre ellas si son voluntarias y/o están bajo el control del usuario, y si se usan para vigilar si una persona está haciendo lo que el Estado le ha dicho que haga, o simplemente para proporcionar al usuario información sanitaria que le ayude a tomar decisiones. Algunos imponen importantes riesgos para la privacidad. Y, sobre todo, por la prisa con que se han desplegado, varían en cuanto a su aparente idoneidad para su propósito.

Todas estas tecnologías de vigilancia, como muchas mitigaciones de COVID-19, se están desplegando rápidamente en medio de la crisis. Aunque los defensores pueden sentir que están dando un paso urgente, los gobiernos deben empezar por mostrar la eficacia de cada tecnología.

También deben abordar los tipos de preocupaciones sobre derechos digitales planteadas por organizaciones como EFF en temas relacionados, como las aplicaciones de proximidad y el derecho a la privacidad de los pacientes contra la aplicación de la cuarentena.

Los instrumentos de vigilancia intrusiva adoptados ahora pueden normalizar aún más la vigilancia de las personas por parte de los gobiernos y las entidades privadas por igual.

La historia demuestra que los gobiernos rara vez “desperdician una buena crisis” y tienden a conservar las nuevas facultades que han adquirido para hacer frente a la situación de emergencia. Asimismo, pueden introducir una variedad de graves riesgos para la privacidad y la seguridad de los individuos que pueden verse obligados a usar la tecnología de vigilancia de COVID-19. Más allá de los riesgos inmediatos, es crucial considerar los efectos a largo plazo de los brazaletes de rastreo, incluyendo sus efectos culturales. No debería parecer normal ser rastreado en todas partes o tener que demostrar cuál es su ubicación.

Vigilancia en el lugar de trabajo

Muchos empleadores están mostrando interés en que su personal use brazaletes electrónicos en el lugar de trabajo, a menudo para mitigar los riesgos mediante la aplicación del distanciamiento social.

El puerto de Amberes (Bélgica) ha empezado a utilizar pulseras para hacer cumplir las normas de distanciamiento social en la planta de trabajo, que exigen una distancia mínima específica entre dos trabajadores cualesquiera. Las pulseras, suministradas por la empresa holandesa Rombit, están equipadas con tecnología Bluetooth, de banda ultraancha, que emiten señales de advertencia cuando los trabajadores se acercan a una distancia determinada.

Pero hacer cumplir el distanciamiento social no es la única funcionalidad del brazalete: como está habilitado para Bluetooth, permite el rastreo de contactos, con todos los datos personales recolectados para ese propósito almacenados centralmente en los servidores de Rombit.

Como la vigilancia de los trabajadores por parte de los empleadores está cada vez más extendida, los registros de las interacciones entre trabajadores podrían ser objeto de abusos para muchos fines, como sabotear sindicatos. De igual manera, pueden utilizarse con otros fines, como la vigilancia de los trabajadores para reducir el “tiempo de inactividad imprevisto”.

Apps y prendas de vestir para pacientes en cuarentena

Algunos países, como Baréin o Kuwait, por ejemplo, han comenzado a hacer que las pulseras o aplicaciones de rastreo sean un elemento obligatorio de sus esfuerzos por hacer cumplir las órdenes de cuarentena de las personas que están o podrían estar infectadas por el COVID-19.

Los usuarios son obligados a descargar aplicaciones y a mantener abierto el acceso a la información de geolocalización, que les permite a las autoridades aislar la información de cada usuario para ver la información de cada paciente, con nombre y foto, lo que hecha por el suelo la posibilidad de anonimato y privacidad.

Obligar a la gente a descargar y usar una aplicación menoscaba significativamente su capacidad de controlar su teléfono y los datos que comparte, socavando el derecho de las personas a la autodeterminación informativa. Los gobiernos no deben obligar a las personas a entregar el control de sus teléfonos y datos.

Un enfoque punitivo de la contención puede quebrantar la confianza de las personas y, por consiguiente, socavar la salud pública. Por ejemplo, las personas pueden evitar las pruebas si temen las consecuencias de un resultado positivo.

* Este artículo fue publicado originalmente por la Electronic Frontier Foundation bajo una licencia Creative Commons.