Arrancó debate a reforma a la justicia

El día comenzó con la discusión sobre beneficios judiciales para militares y policías que cometan delitos en medio del conflicto armado. Posturas a favor y en contra.

A catorce meses de haberse iniciado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Ejecutivo, el Congreso y las altas cortes llegaron ayer a un consenso que permitió comenzar, anoche mismo, el primero de ocho debates sobre el proyecto de acto legislativo para la reforma a la justicia.

Por lo pronto, se salva el Consejo Superior de la Judicatura, que mantendrá su Sala Administrativa, mientras que la Disciplinaria conservará sus funciones, al tiempo que se crea una Sala de Gobierno. El acuerdo propone la desaparición de la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara para darle paso a un tribunal de nueve magistrados que investigarán al presidente de la República, al fiscal general de la Nación y a los magistrados de todas las cortes por hechos u omisiones relacionados con su cargo. Culminado ese trámite, la Plenaria de la Cámara decidirá si hace la acusación ante el Senado, que finalmente juzgará, tal como ocurre hoy.

La propuesta también afecta al juzgamiento de los congresistas, creando la tan reclamada doble instancia para garantizar el debido proceso, que en su primera parte será asumida por magistrados instructores. La Sala de Casación Penal dictará las condenas.

Y para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, se aumentará el presupuesto de la rama judicial. Los delitos menores serán tramitados ante particulares, notarios y funcionarios públicos ajenos a la rama, que tendrán funciones judiciales para agilizar los procesos en un sistema de justicia alternativa. Este punto generó controversia anoche en el debate (ver punto de discordia), pero finalmente fue aprobado.

La acción de tutela aún es punto de disenso, ya que las partes siguen distantes en lo concerniente a cuál debe ser el organismo de cierre que ponga punto final a los conflictos sobre derechos fundamentales.

A la iniciativa se le colgó el polémico tema de revivir el fuero militar, que sería discutido desde el segundo debate de la iniciativa.

Precisamente, la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a miembros de la fuerza pública que sean procesados por acciones criminales dentro del conflicto armado generó ayer en la tarde una encendida discusión en el Congreso.

La mecha se prendió en el debate sobre el acto legislativo del marco legal para la paz, ya que con éste se deja abierta la puerta para que, en medio de las eventuales negociaciones con grupos armados ilegales, los uniformados también puedan acceder a beneficios judiciales.

A eso se sumó el llamado del senador Roy Barreras sobre la importancia de brindarles garantías jurídicas y procesales a los uniformados, ya que, según él, muchos han sido condenados injustamente, luego de participar en operaciones militares.

Uno de los primeros en pronunciarse a favor de la iniciativa fue el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien dijo que la discusión en el Congreso es necesaria y agregó que en el país hay que crear mecanismos que apunten a la verdad y a la reconciliación de las víctimas y los victimarios.

“Se debe buscar un perdón con los policías y militares que incurrieron en violaciones de los derechos humanos. La sociedad tiene que abrir un proceso de reconciliación con aquellos que, en el marco del conflicto interno, también pudieron cometer errores”, puntualizó Garzón.

Precisamente el senador Barreras, autor de la iniciativa del marco legal para la paz, afirmó que hay varias propuestas, como recuperar el fuero militar, que en casos de crímenes atroces los miembros de la fuerza pública vayan ante jueces especializados en conflicto y, por último, que los militares condenados por delitos en medio de la guerra accedan a beneficios de justicia transicional.

“Se trata de que en un escenario de reconciliación lo mínimo que esperarían los miembros de la fuerza pública es que, si cometieron errores en el servicio, también puedan acogerse a los beneficios”, indicó.

Agregó que en todos los casos la justicia transicional sólo es aplicable si se privilegia la verdad y la reparación.

Por su parte, el representante Iván Cepeda expresó su desacuerdo parcial con la propuesta, al considerar que volver al fuero militar ampliado, que ya vivió el país, sería volver a la época de violaciones a los derechos humanos. “No creo que la única forma de librar y ganar la guerra sea admitir las violaciones de los derechos humanos bajo el pretexto de que los jueces no conocen las condiciones del conflicto armado”, dijo.

Sin embargo, Cepeda se mostró de acuerdo con que los uniformados procesados tengan acceso a beneficios de la justicia transicional, siempre y cuando cumplan con los postulados de verdad, justicia y reparación que permitan llegar a la paz para todas las personas que han tomado parte en el conflicto.

Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar, estuvo de acuerdo con la exigencia de la verdad a los uniformados para que accedan a beneficios de justicia transicional, pero también dijo que no puede ser igual a la que se les exige a guerrilleros y paramilitares.

Consideró que “se pueden adoptar elementos de justicia transicional para los miembros de la fuerza pública que se quieran acoger, pero no puede ser la misma justicia para militares y desmovilizados. Las exigencias de verdad a un miembro de la fuerza pública deben ser diferentes, con algunas reservas por ser funcionarios públicos. Esa verdad debe estar ligada a la reserva de la seguridad, defensa y todo lo que implica el ambiente operacional”.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, se mostró contrario a la propuesta de conceder beneficios penales y rebajas de penas o supresión de sanciones a los agentes estatales, porque eso significaría desconocer la razón de ser del Estado, que es la de proteger los derechos de la población. “Si tales autoridades pueden violar los derechos y quedar impunes, equivale a desnaturalizar el Estado”.

Gallón sostuvo que esta iniciativa es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y a numerosas recomendaciones internacionales formuladas directamente a Colombia. “Un caso claro es el de Argentina, donde en los años ochenta se adoptaron leyes para favorecer a los militares y 25 años después fueron declaradas inconstitucionales, dando lugar a juicios importantes contra militares implicados en violaciones de derechos humanos”.

En medio de la polémica que ha generado la propuesta, la posición del Gobierno es la de revisar las normas de juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, sin que ello implique complacencia con quienes violen los derechos humanos, como lo aseguró el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo: “No se trata de correr la cerca de la justicia penal militar para que abarque campos que antes no estaban en su jurisdicción. Lo que se hace es una precisión que resulta indispensable y que busca establecer cuándo es competente cada una de las jurisdicciones: la militar y la ordinaria”.

Por ahora el debate está sobre la mesa. En él queda planteada la necesidad de una discusión sobre la justicia alrededor de uno de los bandos actores del conflicto: los militares.

El caso del Palacio de Justicia

Uno de los procesos judiciales que más controversias y discusiones ha generado es el del Palacio de Justicia. Dos uniformados de alto rango han sido condenados por su participación en este hecho, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985: el coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. El primero fue sentenciado a 30 años de prisión y el segundo a 35. La justicia asegura tener pruebas suficientes de que los dos militares participaron en la desaparición de 11 personas ese día. Muchos, por otro lado, consideran que las sentencias en su contra no han sido justas y que, por ejemplo en el caso de Plazas Vega, se está condenando a un héroe nacional que simplemente cumplía con su deber. Los detractores de estas dos decisiones judiciales han rechazado, así mismo, que a varios miembros del M-19, presuntamente relacionados con los hechos, se los haya amnistiado.

Punto de discordia

Al cierre de esta edición proseguía el debate y el artículo tercero del acto legislativo sobre justicia alternativa retrasó el avance de la discusión.

Ante las recomendaciones del minjusticia, Juan C. Esguerra, de que el artículo fuera aprobado según lo acordado, el senador de la U Juan Carlos Vélez le exigió respeto al funcionario y explicaciones sobre los verdaderos alcances de dicho acuerdo.

A su vez, el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) advirtió que el inicio de la discusión sobre la reforma dejó al descubierto que la intención del Gobierno es debilitar a la rama judicial, “con el consentimiento de las mismas cortes, lideradas por la Corte Suprema de Justicia”.