Las cartas de Juan M. Santos

No se incluyó el acceso a la política de los desmovilizados y se mantuvo la fórmula de justicia transicional para sacar del limbo jurídico a 25 mil exparamilitares.

Hacer y conservar la paz siempre será mucho más difícil que hacer la guerra. Y si el escenario es Colombia, con un conflicto armado de casi cinco décadas, el apremio es mayor. Es lo que han trasegado todos los presidentes de los últimos tiempos y ahora tiene que afrontar Juan Manuel Santos. Ayer logró sortear en el Congreso el primer escollo en lo que el Gobierno ha denominado “marco legal para la paz” —aprobado en la Comisión Primera de la Cámara con 27 votos a favor y uno en contra—, pero sabe que el camino no será un lecho de rosas. Como les ha tocado a todos los que lo antecedieron en el cargo.

Esta vez, la apuesta es una reforma constitucional que busca darle facultades al Gobierno para impulsar leyes que abran el camino a futuras desmovilizaciones de grupos ilegales, sin excepciones ideológicas. Una iniciativa encaminada a fortalecer la llamada justicia transicional, creando la opción de un tratamiento diferenciado para las distintas partes del conflicto, sin desconocer los derechos de las víctimas. En otras palabras, para garantizar que los procesos de paz no queden sujetos a interpretación legal.

La urgencia de esta reforma a la Carta la explican los obstáculos que ha tenido definir la situación legal de al menos 26 mil desmovilizados del paramilitarismo, producto del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, cuya suerte por ahora está atada a un fallo de la Corte Constitucional que debe determinar si la Ley 1424 de 2010, que permite una solución archivando procesos siempre y cuando los beneficiados colaboren con la reconstrucción de la verdad, se ajusta o no a la Constitución.

Esta semana, al tiempo que el presidente Santos urgió a su bancada en el Congreso a que respalde la reforma del marco legal para la paz, públicamente instó también a los magistrados de las altas cortes a ayudar a resolver el que denominó “un laberinto jurídico en el tema de la paz”. Es decir, se la jugó en los dos escenarios donde se discute qué hacer en materia de reconciliación. Y, a corto plazo, el camino más expedito es que la Corte Constitucional pase la Ley 1424, que por ahora cuenta con ponencia favorable.

Sin embargo, tampoco en este escenario la tiene fácil el Gobierno, si se advierten los antecedentes. El lío viene desde la expedición de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, que sirvió como marco jurídico para el proceso de paz entre Uribe y las autodefensas. En el artículo 71 de esta norma se les daba a los paramilitares carácter de sediciosos, homologando su conducta con la de los guerrilleros y de alguna manera admitiendo la posibilidad de su paso a la política. Pero la Corte Constitucional tumbó este artículo por errores de forma.

Esta sentencia de mayo de 2006 le dio un golpe a la columna vertebral del proceso, frustró las pretensiones del paramilitarismo de hacer un fácil tránsito a la política tras pocos años de cárcel y, de paso, afectó la situación legal de al menos 26 mil miembros rasos de las autodefensas. Desde ese momento el gobierno Uribe empezó a buscar una solución, pero vino el puntillazo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2007 concluyó que el delito imputable a los paramilitares no era la sedición, sino el concierto para delinquir.

En un ambiente afectado por las tensas relaciones entre el gobierno y la Corte Suprema, la bancada uribista sacó adelante una solución transitoria: a través de la Ley 1312 de 2009 logró que el Congreso aprobara que se les aplicara el principio de oportunidad a los desmovilizados rasos para resolver su situación legal. Pero nuevamente la Corte Constitucional dijo no. Esta vez porque la salida implicaba renunciar al deber de investigar y privaba a las víctimas de su legítimo derecho a la verdad histórica.

Entonces, de afán surgió la Ley 1424 de 2010, que permite la suspensión de las órdenes de captura y la ejecución de las penas para los paramilitares rasos, siempre y cuando firmen un acuerdo de contribución a la verdad. Y esta es ahora la vía con la que cuenta el Gobierno para salir del atolladero, con un ingrediente adicional: como la Ley de Justicia y Paz dejó entre tres y ocho años las penas de prisión para sus beneficiarios, también es claro que hay una carrera contra el reloj para resolver este complejo dilema.

Esa es la ruta a inmediato plazo en cuanto a los desmovilizados de Justicia y Paz. El otro camino, con ocho debates de por medio, es la reforma a la Constitución que impulsa el presidente Santos. Una senda con defensores y detractores, pero que ya causó una carta abierta de los exparamilitares recluidos en las distintas cárceles, que declararon su respaldo a la iniciativa con el argumento de que, en aras de la justicia transicional, se le debe dar rango constitucional a una verdadera política nacional de paz.

Paradójicamente, la última vez que un presidente intentó reformar la Carta Política y pidió que le dieran facultades especiales para orientar un proceso de paz, fue hace 11 años. Lo hizo Andrés Pastrana, quien entonces trataba de darles forma a los aparatosos diálogos entre su gobierno y las Farc en el Caguán. En junio de 1999 el trámite se hundió en el Congreso y uno de los artífices de su caída fue Juan Manuel Santos, quien entonces expuso que si a Pastrana le daban esas facultades, al día siguiente podía cambiar el Estado sin consultar a nadie.

En conclusión, cada gobierno sabe que la prioridad es la seguridad, pero no puede trancar las puertas a la paz. Y en la actual administración, los escenarios son múltiples: los paramilitares rasos piden solución inmediata, los militares quieren blindar su fuero, algunos analistas plantean justicia transicional también para los agentes del Estado inmersos en investigaciones judiciales, las bacrim mandan decir que quieren diálogo y hasta eventualmente las guerrillas no se van a transar por un carcelazo. Definitivamente es más fácil hacer la guerra que la paz.

Artículo único del marco para la paz
El proyecto de marco legal para la paz, aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, tiene un único artículo, que dice así: “La Constitución tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66: los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las partes que hayan participado en las hostilidades. La ley podrá diseñar instrumentos de justicia de carácter judicial y no judicial. El Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno Nacional, determinará mediante ley los criterios de selección y, en consecuencia, podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o a la suspensión de la pena. En todo caso se aplicarán mecanismos no judiciales para el esclarecimiento de la verdad. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y en ningún caso podrán aplicarse a los miembros de grupos organizados al margen de la ley que no hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno”.