Contratos bajo la lupa de la Fiscalía

La Empresa de Acueducto, las secretarías de Integración Social y Movilidad y el Fondo de Vigilancia son nuevos frentes de investigación.

Yuri Chillán, exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá. / Fotos Archivo El Espectador Miriam Martínez. Mauricio Solano. Darío Fernando Cepeda. Fernando Álvarez. Wilson Duarte, concejal. Orlando Parada. Carlos Romero, exconcejal. Andrés Camacho Casado.

Con el llamado a interrogatorio de once personas, entre concejales, excontratistas y exfuncionarios del más alto nivel de la administración de Samuel Moreno, la Fiscalía busca mandar un mensaje concreto: hay carrusel de la contratación más allá de las ‘vueltas’ de los Nule, Julio Gómez y Emilio Tapia con el IDU y la calle 26, o el contrato de las ambulancias —por el que se repartieron más de $6.000 millones en comisiones—. El exsecretario general Yuri Chillán está en primera fila para dar explicaciones como delegado del alcalde en la junta directiva del Acueducto; pero también se indagan los frentes de las secretarías de Integración Social y Movilidad, el Fondo de Vigilancia y la repartija burocrática de los hospitales del Distrito.

Tal como lo contó El Espectador en su edición del pasado 26 de septiembre, el abogado Manuel Sánchez, en calidad de testigo y delator de algunos de sus exsocios, le contó a la Fiscalía cómo se entregaron millonarias coimas a los concejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho, en un contrato de $43.515 millones, adjudicado por la Unidad de Mantenimiento Vial a la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería en abril de 2010. Por este caso se le formularán cargos por cohecho al exgerente de Patria Javier Mejía Bernal, quien se asoció con el empresario Andrés Jaramillo en esta unión temporal. Por eso no se descarta que el propio Jaramillo, presidente de Conalvías —a la que se le cedió el contrato de la fase III de Transmilenio, que le significó un sobrecosto de $190 mil millones a Bogotá—, también sea llamado por la justicia.

Manuel Sánchez, Emilio Tapia, Hipólito Moreno e Iván Hernández, como exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, ya confesaron que el Partido de la U era el dueño de esa entidad y que varios contratos requerían de un ‘engrase’ para que los concejales hicieran política. Iván Hernández fue puesto por el cartel en ese cargo para controlar la millonaria contratación del reparcheo de vías en la capital y —¡como en Bogotá casi no hay huecos!— así mantener una caja menor al día. Por ejemplo, Manuel Sánchez contó que la unión temporal Vías Patria Ingeniería le dio a él las comisiones que le correspondían a Orlando Parada, dinero que invirtió para pagar avisos de prensa, vallas, pautas publicitarias, compra de camisetas, refrigerios, alquiler de equipos y todo el aparataje electoral.

El vicefiscal Jorge Perdomo anunció que la Fiscalía le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que investigue al senador Efraín Torrado por el delito de tráfico de influencias, pues existen señalamientos de que la Secretaría de Integración Social, durante la administración de Samuel Moreno, les dio a él, a su hermano el concejal Édgar Torrado y a varias fundaciones que controlaban, más de $220 mil millones en contratos de raciones alimenticias. El Espectador conoció que un reciente informe del CTI de la Fiscalía tasó en ese monto la cantidad de dinero manejada, al parecer, por los Torrado. Además, las confesiones del detenido contratista Julio Gómez han sido esenciales para evidenciar cómo el carrusel se tomó la Secretaría de Integración Social.

Por esta razón, es decir, el expediente que enreda a los Torrado, fue llamada a interrogatorio la exdirectora de esa entidad Mercedes del Carmen Ríos. A pesar de ya tener una condena a ocho años de prisión, el exrepresentante Germán Olano también será investigado porque, de acuerdo con Julio Gómez, recibió $600 millones por cuenta de la construcción de la segunda torre del hospital de Meissen en Bogotá. En relación con el desfalco a la salud, la Fiscalía recalcó que el concejal Wilson Duarte será imputado por el delito de cohecho, pues el propio exsecretario Héctor Zambrano relató que le dio parte de la comisión prometida. Y en esa misma línea, Juan Varela, exsubsecretario de Salud, será interrogado porque, según reveló El Tiempo, recogía en los baños del despacho de Zambrano los fajos de billetes del saqueo para repartir las platas.

Los testigos Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez abrieron otro frente de investigación en la Empresa de Acueducto de Bogotá. Sus delaciones pusieron en aprietos a Yuri Chillán, pues sostuvieron que era el exsecretario general de la Alcaldía quien repartía los contratos de menos de $500 millones a supuestos contratistas recomendados de los concejales —Jorge Salamanca, Jorge Durán Silva, Antonio Sanguino, entre otros, son investigados preliminarmente por esto—. En calidad de presidente de la junta directiva del Acueducto, Chillán habría conocido de toda la mermelada repartida en el Concejo para evitar el control político. Chillán siempre ha sostenido su inocencia, tal como el empresario Andrés Cardona, el llamado zar de la contratación en el Acueducto.

Cardona será interrogado por el delito de cohecho. Emilio Tapia lo ha señalado como uno de los principales responsables de la mano larga del carrusel en el Acueducto. El exgerente de esa entidad Jorge Enrique Pizano también fue citado para que dé sus explicaciones pues Manuel Sánchez, por ejemplo, ha dicho que fue un enlace del cartel. La Fiscalía revisa con lupa toda la contratación que entregó durante su administración en la llamada joya de la corona del Distrito, pues maneja cerca de $2 billones al año. En otro frente, por las presuntas irregularidades en el contrato de las cámaras de seguridad para Bogotá, que costó en 2010 cerca de $40 mil millones, el exgerente del Fondo de Vigilancia Mauricio Solano será interrogado en los próximos días.

El exsecretario de Movilidad Fernando Álvarez deberá explicar los detalles del contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte (más conocido como Sirci), un negocio a 16 años que, según cálculos de la revista Semana, podría costarle al Distrito un total de $64 billones. Álvarez es investigado por el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, el concejal Darío Fernando Cepeda será indagado porque a través del contratista Julio Gómez habría recibido comisiones de contratos por obras ejecutadas en el hospital de San Blas, en Bogotá. El exgerente del hospital de Meissen Carlos Lizcano será investigado por peculado en favor de terceros, así como el exconcejal Carlos Romero, esposo de la precandidata a la Presidencia Clara López Obregón.

Al respecto, el exconcejal Romero señaló, en carta enviada al fiscal general, que, en su criterio, “en este caso la justicia puede estar instrumentalizada por intereses políticos” que quieren afectar la candidatura de su esposa a la Presidencia.

Por último, la Fiscalía citó a interrogatorio a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Miriam Margoth Martínez. Fue ella la que manejó en 2010 la licitación del contrato para administrar el relleno Doña Juana por un valor de $229 mil millones, que se ganó en su momento la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. Además, Martínez ofició hasta el año 2009 como gerente del servicio al cliente del Acueducto, en donde habría tenido injerencia en la contratación, tal como lo ha manifestado Emilio Tapia en múltiples oportunidades. El carrusel, qué duda queda, se mueve. Tapia ha pedido que se le otorgue un principio de oportunidad total por todas sus delaciones. Han sido tan efectivas sus confesiones, que la Fiscalía evalúa la posibilidad de darle inmunidad total, como en el caso de Manuel Sánchez.

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