Contratos del Ejército, bajo la lupa

Denuncias por supuestas anomalías en el mantenimiento de tanques y submarinos, compra de sables y repuestos para visores nocturnos alborotan contratación militar.

En carta dirigida a la contralora Sandra Morelli, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, solicitó formalmente una investigación para establecer si hubo conductas de reproche fiscal o de carácter penal respecto a cuatro contratos para el mantenimiento de vehículos blindados, manifestando que en desarrollo de una evaluación interna en el ministerio se detectaron presuntas irregularidades. Esta solicitud se suma a nuevas denuncias por presuntos líos de contratación para la compra de repuestos para visores nocturnos en el Ejército.

El tema ya había sido objeto de una citación en la Comisión Segunda del Senado, para establecer por qué varios de los vehículos blindados (tanques de guerra) tuvieron que ser parados por incumplimiento de los contratos. La petición del ministro Rivera apunta a que no sólo la Contraloría sino la Procuraduría y la Fiscalía determinen si se utilizaron o no repuestos originales, si hubo sobrecostos en adiciones a los negocios inicialmente planteados y por qué los tanques no pudieron prestar el servicio para el cual eran requeridos.

El dilema que hoy tiene encendidas las alarmas en las Fuerzas Militares comenzó en 2006 con la adquisición de 32 vehículos blindados, que posteriormente necesitaban mantenimiento. Por eso se abrió una convocatoria para esta última tarea. El 17 de octubre de 2007 se realizó una audiencia previa para establecer si era necesario declarar desierta la contratación directa, al cabo de la cual se dispuso que las firmas Stewart y Stevenson, la firma Unión Temporal Urutu y Cascabel, la empresa Retenes y Balineras y Electripesados, debían cumplir la función asignada.

En consecuencia, en calidad de jefes de logística del Ejército durante los años 2007 y 2008, los generales Ricardo Vargas Briceño, Jairo Alfonso Aponte y Juan Gilberto Valencia les dieron vía libre a los contratos y posteriormente a aspectos modificatorios o a pactos adicionales, argumentando circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito. Sin embargo, en la práctica, 13 de los blindados empezaron a presentar problemas técnicos y, como lo comentó una fuente, literalmente resultaron inadecuados para las operaciones para las cuales habían sido adquiridos.

Los blindados que presentaron averías fueron ubicados en divisiones del Ejército en Bogotá y Antioquia. Pero desde el principio fue claro que les faltaba potencia. Debido a las prórrogas y a que los aparatos no garantizaban un óptimo desempeño, el Batallón de Mantenimiento decidió interponer una queja en 2009 para establecer qué podía haber sucedido con estos negocios de modernización de los tanques de guerra del Ejército que habían costado cerca de US$8 millones. Este reclamo aumentó la inactividad de los blindados, en espera de resultados y debido a la ineficacia de los tanques.

Ayer trascendió que una comisión de investigadores delegada por las Fuerzas Militares evaluó los cuatro contratos para el mantenimiento de los vehículos de guerra y encontró supuestas irregularidades en la integración del comité evaluador, la forma como se suscribieron las pólizas y garantías y el presunto incumplimiento de los contratistas. Actualmente, un equipo de la Contraloría General de la República está adelantando la investigación y ha sido el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, el más interesado en que el tema se aclare.

No obstante, mientras el tema del mantenimiento de los vehículos blindados volvía a trascender a la opinión pública, ayer aparecieron nuevas denuncias sobre supuestas irregularidades en procesos de contratación en el Ejército. Por ejemplo, se dice que un contrato para la adquisición de 3.490 sables para oficiales y suboficiales tuvo un adelanto del 30% del valor de la negociación, que la comisión de expertos consideró inadecuada. Lo mismo que los anticipos en el caso de los tanques de guerra.

De igual modo, La FM de RCN Radio denunció ayer que también apareció una inminente compra irregular de repuestos de visores nocturnos. El negocio, avaluado en US$8 millones, se inició el pasado mes de junio y el plazo para adjudicar ha venido siendo extendido. Ante los rumores de lo que puede estar sucediendo alrededor de esta transacción, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, manifestó que esta licitación será suspendida hasta que se aclaren las condiciones del proceso y se superen las dudas existentes.

En concreto, las denuncias que se han planteado respecto a la millonaria compra de repuestos para visores nocturnos consisten en que se otorgan 40 días de plazo para la entrega de las ofertas y, en opinión de allegados al caso, es una forma de favorecer a alguna empresa. La razón: es imposible que la mayoría de interesados consigan las muestras originales de los repuestos, pues se trata de material en su mayoría importado, cuyo ingreso al país requiere una reglamentación especial por tratarse de equipos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, agregó que él mismo le pidió al Ministerio de Defensa que detenga la licitación para la compra de los visores, aunque cree que no hay irregularidades en el proceso. De todos modos, este negocio sólo se reabrirá el año próximo. El alto oficial añadió que las supuestas amenazas de muerte que han sucedido alrededor de este negocio no tienen fundamento alguno y que, de ser ciertas, deben presentarse las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General.

En cuanto al tema del mantenimiento de los tanques y la compra de los sables, el alto oficial agregó que son casos viejos y que debe ser la Contraloría General de la República la que determine si se dieron o no irregularidades. Con anterioridad se había pronunciado el general Ricardo Vargas Briceño, quien en su momento añadió que los cuestionamientos por la compra de esos motores no eran más que una campaña de desprestigio en su contra, pues los tanques están funcionando de manera normal. De todos modos, son las autoridades las que deben decidir quién tiene la razón en este caso.

A su vez, los representantes de las firmas contratistas han manifestado ante el Ministerio de Defensa que se cumplieron todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa y que han quedado documentos en que el Ejército expresa su satisfacción respecto al cumplimiento de los objetivos de la negociación. La última autorización fue suscrita por el general Juan Gilberto Valencia, específicamente respecto a aspectos de mantenimiento del sistema eléctrico de los controvertidos vehículos blindados.

A la controversia se sumó la decisión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de revocar un negocio para el servicio de mantenimiento del submarino ARC Tayrona, al detectar errores administrativos. El negocio se había suscrito con la firma Fulgor Energía S.A., representante de Sunligth Systems, pero hubo dificultades en el proceso de notificación, razón por la cual se solicitó la revocatoria del proceso y el respectivo informe sobre lo sucedido a la Contraloría Delegada para el sector Defensa.

El negocio, por valor de 8 millones de euros, tenía que ver con la instalación, montaje, pruebas y puesta en servicio de un sistema de propulsión para los submarinos ARC Tayrona y ARC Pijao, que son utilizados especialmente en operaciones de lucha contra el narcotráfico. No obstante, ante la insistencia de la firma Hansacol Trading S.A., se advirtió que la adjudicación del negocio se había hecho con un fundamento errado, bajo el convencimiento de que el adjudicatario cumplía satisfactoriamente con el pliego de condiciones. Por eso concluyó que se estaba afectando el Estatuto General de Contratación.

Todas estas denuncias alrededor de la contratación, según fuentes consultadas, obedecen a los enfrentamientos internos en las Fuerzas Militares, debido a que se acerca la época de los ascensos y cunde el nerviosismo entre altos oficiales. Además, desde el súbito retiro del excomandante del Estado Mayor Conjunto Gustavo Matamoros prevalecen ciertas discrepancias que fueron heredadas desde los tiempos en que los generales Mario Montoya y Carlos Suárez Bustamante chocaron por posturas alternas respecto al conocido escándalo de los ‘falsos positivos’ que se hizo público en el año 2008.

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