Defensa de Petro dice que el alcalde no era un 'delincuente de barrio'

La Procuraduría pidió que se deseche la demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro. En 15 días habrá sentencia.

La demanda fue presentada en septiembre de 2011 y está sustentada en que, según Orlando Parada, el alcalde Petro nunca debió ser congresista porque la Constitución, en su artículo 179, prohíbe que puedan acceder al Poder Legislativo “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Y Parada sostiene que Petro fue condenado por posesión de armas en 1985 y estuvo preso 18 meses, antes de que el M-19 fuera indultado en 1989.

Aunque a todas luces, como lo comentó una fuente que vivió los acontecimientos previos y posteriores al indulto del M-19, la demanda contra Petro tiene un alto contenido político, de todos modos para saldar el tema en derecho el Consejo de Estado admitió la demanda. Ayer, de conformidad con el reglamento para los procesos de pérdida de investidura, tuvo lugar la audiencia pública, donde el concejal Parada y el alcalde Petro midieron fuerzas ante los magistrados del Contencioso, quienes ahora tendrán que aportar la última palabra en este ambiguo pleito.

La audiencia se inició con la acusación del concejal Parada, quien básicamente aclaró que en 1985 Gustavo Petro fue condenado a 18 meses de arresto por el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar y que purgó pena efectiva en la cárcel hasta febrero de 1987, cuando salió por pena cumplida. Es decir, agregó Parada, que fue condenado por un delito común, circunstancia que lo inhabilita para ser congresista. Parada añadió que Petro nunca fue condenado por delitos políticos ni fue beneficiario del indulto de 1989. En cambio, sí lo fue en el proceso por porte de armas.

La defensa del alcalde Gustavo Petro radica en resaltar que en 1983, a sus 23 años, ya era personero de Zipaquirá y después fue elegido concejal para el período 1984-1986. Además, durante los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur, hizo parte del comando de diálogo nacional. En otras palabras, cuando fue detenido en 1985 por tropas de la XIII Brigada, era claramente miembro activo del M-19. Cuando ocurrió el ataque al Palacio de Justicia, Gustavo Petro estaba privado de la libertad. Por este último caso no fue amnistiado, porque nunca fue condenado, sólo sobreseído.

Ayer, durante la audiencia pública, Petro argumentó que el concejal Parada quiere que le quiten su investidura con base en una sentencia judicial condenatoria que no existe, entre otras cosas, porque fue procesado por un juez militar a través de un decreto de Estado de Sitio. Y cuando lo capturaron, resaltó Petro, no era un delincuente de barrio, era un militante del M-19, un concejal de Zipaquirá que adelantaba el proceso de consolidación del barrio Bolívar 83, que dotó de vivienda a 400 familias pobres de este municipio de Cundinamarca.

Petro insistió en que fue a la cárcel por una resolución firmada por el entonces general Arias Cabrales, pero no producto de una sentencia judicial. Su abogado Óscar Ortiz agregó que no sólo es improcedente la acusación contra el alcalde, sino que los documentos allegados carecen de validez. Además, recordó que durante los días de su detención en 1985, Gustavo Petro fue torturado antes de ser enviado a la Cárcel Nacional Modelo. Todas estas inconsistencias, añadió Ortiz, inducen a la certeza de que se trata de un proceso fantasma.

En desarrollo de la audiencia pública intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, Isnardo Jaimes, quien manifestó que Gustavo Petro fue procesado por un delito común conexo con el delito político. El abogado Jaimes sustentó su tesis con base en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que si existiera una sentencia que dijera que el porte de armas fue para atacar a la Fuerza Pública o personal, habría cómo dilucidar su responsabilidad. Pero no hay documento que permita aclararlo.

En cambio, recalcó el delegado de la Procuraduría, para nadie es un secreto que Gustavo Petro fue un militante del M-19 y, por lo tanto, su delito fue político. Por tales razones, el delegado Isnardo Jaimes solicitó al Consejo de Estado que deseche la demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro. Cuando concluyó su intervención, el público que abarrotó la sala de audiencias del Contencioso Administrativo comenzó a aplaudir, ante lo cual, quienes presidían la diligencia judicial exigieron respeto y prohibieron las manifestaciones públicas en el recinto.

Al margen de la audiencia, el concejal Parada siguió insistiendo en que tiene que aclararse un tema jurídico. En su criterio, el indulto que recibió el M-19 en 1989 exoneró condenas pendientes, pero nunca se dijo nada sobre las penas cumplidas, y el delito por el cual Petro estuvo en la cárcel, jamás fue objeto de beneficio alguno, y mucho menos del aludido indulto. En su demanda, Parada aportó una constancia en la que se admite que Petro estuvo 18 meses arrestado por un decreto de Estado de Sitio y salió libre por pena cumplida.

El Espectador consultó a otro de los exmiembros del M-19 que fueron amparados con el indulto de 1989, el exconstituyente Héctor Pineda, quien observó que lo que sucede hoy con el alcalde Petro es que hay gente interesada en que se distraiga en temas distintos a trabajar por el bienestar de los bogotanos. No obstante, Pineda expresó que en el eventual caso de que le quiten la investidura a Petro, se caería en un gran vacío jurídico y los desmovilizados del M-19 tendrían que pedir protección internacional para un proceso de paz que se ha cumplido.

Revisada la documentación de Petro frente al indulto de 1989, se advierte que nunca pidió indulto por el porte de armas que lo llevó a la cárcel, por tratarse de un decreto de Estado de Sitio a cargo de las Fuerzas Militares. Lo que sí hubo fue sobreseimiento por la investigación del Palacio de Justicia, pues si bien Petro estaba en la cárcel cuando sucedieron los hechos, sí alcanzó a ser procesado como miembro principal de la organización. Es más, en enero de 1989 alcanzó a ser llamado a juicio. Meses después vino el indulto y para Petro la cesación del proceso en su contra.

Por lo pronto, y después de realizada la audiencia pública prevista en la ley que reglamentó este mecanismo de participación ciudadana, la demanda de pérdida de investidura entablada por el concejal de a U Orlando Parada contra el alcalde y excongresista Gustavo Petro Urrego tendrá que ser evaluada por los magistrados del Consejo de Estado, quienes tendrán 15 días para tomar una decisión. A dicha determinación se llegará en Sala Plena, es decir, con la totalidad de los integrantes del alto tribunal.

Después de la desmovilización del M-19 en marzo de 1990, Gustavo Petro decidió dedicarse a la acción política y un año más tarde fue electo representante a la Cámara por Cundinamarca. Dicha representación la ocupó hasta 1994. Años después volvió a ser congresista, entre 1998 y 2010. Es decir, 15 de los últimos 20 años tuvo ese cargo. El martes, el hoy alcalde de Bogotá tuvo que salir a defender la investidura parlamentaria que ostentó, ante una demanda presentada por uno de sus acérrimos contradictores, el concejal Orlando Parada.