El colapso de la justicia penal

Con información oficial, el exvicefiscal Francisco Sintura hizo una dura radiografía sobre la crisis en la aplicación de la justicia penal en el país.

“El nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) evidencia fallas estructurales, soporta atrasos evidentes en materia de eficiencia y acusa improvisación y equívoca planeación, en una sumatoria de aspectos que lo han conducido a una crisis sistémica, a la cual se suma el colapso del sistema antiguo con retrasos alarmantes”. Esta es la principal conclusión de un informe preparado por el exvicefiscal Francisco José Sintura, quien decidió poner el dedo en la llaga respecto a los paupérrimos resultados de la justicia penal en Colombia.

Basado en derechos de petición y revisión de documentos públicos, el exvicefiscal Sintura preparó un documento de 50 páginas conocido por El Espectador en el que, entre otros aspectos, concluye que la enorme carga de procesos que hoy tiene la justicia penal no sólo tiene copada la actividad de Policía Judicial y desajustados los tiempos procesales, sino que por franco desconocimiento del SPOA, está haciendo incurrir al Estado en demasiados errores judiciales que se traducen en multimillonarias condenas en la justicia contenciosa.

La investigación abunda en información ratificada. Según Sintura, entre enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009 a la Fiscalía llegaron 2’129.990 noticias criminales, incluyendo querellas no conciliadas. A este elevado número de casos hubo que sumarle los asuntos pendientes del viejo sistema judicial, para lo cual la estadística oficial llegó a 3’007.541 procesos por decidir. Lo escandaloso es que, de este alto número de expedientes, está documentado que sólo fueron decididos 705.146 asuntos, es decir, menos del 22% de los casos.

Esta primera cifra demuestra la ineficacia del Sistema Penal Oral Acusatorio. Pero al evaluar las causas de este desbarajuste, Sintura plantea los escenarios críticos que acompañan a este diagnóstico. Hoy Colombia es un país que además de tener el 49% de su población en circunstancias de pobreza, maneja un índice promedio de desempleo cercano al 12,2%. Esto significa que hay más de 2’668.000 personas sin ocupación fija. Si a ello se suman el incremento desmesurado de demanda de justicia y la crisis social, la situación es caótica.

La posibilidad de que un delito sea realmente castigado en Colombia es apenas del 30%, una estadística que tiene una expectativa de escasos progresos si se advierte que cada funcionario judicial tiene en promedio 300 órdenes de trabajo por evacuar. Como si fuera poco, contando dos innovaciones en el Código de la Infancia y la Ley de Pequeñas Causas, en 10 años el Código Penal ha soportado 32 reformas legales, situación que añade a los anteriores factores una inestabilidad jurídica que obviamente origina innumerables errores.

Esta última realidad se aprecia en el altísimo número de capturas ilegales. El seguimiento hecho por el exvicefiscal precisa que en 2007 quedaron registradas oficialmente 2.379 capturas ilegales, lo cual significó el 6% de los controles de legalidad practicados. Esta situación cambió ligeramente en 2008 en cuanto al porcentaje, pero igual como también creció el número de delitos investigados, el número de capturas ilegales llegó a 5.157. En 2009, las capturas ilegales llegaron a 1.974 que sigue siendo una cifra verdaderamente alarmante.

Lo es porque generalmente estas capturas ilegales terminan en demandas. Y al margen de las que se producen por el tema estrictamente judicial, a cifras de septiembre de 2009 se habían presentado 173.000 demandas con pretensiones superiores a los 689 billones de pesos. Una deuda impagable en un país donde de 4.995 investigadores, escasamente 135 son peritos de laboratorio. Es decir, no se cuenta con personal especializado y eso explica el caos, la incertidumbre, el descontento y retraso del publicitado Sistema Penal Oral Acusatorio.

¿Qué pudo pasar? En opinión de Sintura, la implementación del SPOA no sólo fue precipitada, sino imprudentemente realizada. Se creyó que todo dependía de construir un buen número de salas de audiencias, pero nunca se advirtió la necesidad de capacitación de los operadores del sistema. Hoy la solución parte de una recomposición del gasto público que apropie partidas suficientes y una apropiada ley de descongestión que conduzca a superar la crisis de eficiencia en la justicia penal.

Los presupuestos que constituyeron la base económica para implementar el nuevo sistema fueron erráticos y los estudios que sirvieron de base para que la Fiscalía de Luis Camilo Osorio asegurara que la reforma integral se hacía con $76.000 millones se quedaron muy cortos. Solamente implementar el Sistema Nacional de Defensoría Pública requería $137.000 millones. En consecuencia, los presupuestos actuales son totalmente deficitarios y sólo garantizan mayor frustración en la justicia.

Sintura reconoce que si bien la Defensoría Pública ha tenido un avance importante en materia de garantías frente a los procesos de los pobres, hoy es insuficiente por la magnitud de la conflictividad penal en Colombia. De alguna manera eso explica por qué muchos defensores no tienen opción distinta a sugerirles a los procesados que acepten cargos y así evitar unos interminables procesos, además agravados por viejos males de la justicia penal en Colombia, de los que tampoco se advierte una solución.

Entre ellos, el permanente traslado de funcionarios, la reasignación continua de expedientes, la entrega de procesos a dedo, la inasistencia de fiscales y defensores a las audiencias, el incumplimiento a los protocolos y procesos de cadena de custodia o la falta de coordinación en la actividad de policía judicial.

A esos males se suman la falta de  apropiaciones necesarias para sostener el sistema, el exagerado abuso del derecho de tutela y del derecho del litigio y  con la innecesaria participación del Ministerio Público, el SPOA, como lo concluye el informe, “no transita por caminos halagüeños”.

El informe preparado por el exvicefiscal Sintura se produce en momentos en que la recién posesionada fiscal Viviane Morales reconoce el atraso en que se encuentra el organismo a su cargo. Sintura cree que la solución es gerencial y que buena parte de ella sería invertir en la Policía Judicial y atacar la burocracia que anida en muchos despachos. Una apreciación no muy distante de la planteada por la fiscal Morales, quien prepara proyectos de ley para atender urgentes requerimientos del Sistema Penal.

Vea la productividad del sistema en cifras.

248137

2011-01-31T23:26:00-05:00

article

2013-11-06T10:51:44-05:00

none

Norbey Quevedo H.

Tema del dia

El colapso de la justicia penal

31

6861

6892