El drama del eterno retorno

Mayoría de denuncias por despojo es contra los paramilitares (34,84%). Las guerrillas se han apropiado de 34,67% del territorio.

Hasta hoy, de las 16.453 reclamaciones de las víctimas en la Unidad de Restitución de Tierras, 14.482 son peticiones que corresponden a territorios en 733 municipios del país. En total son 1’669.000 hectáreas y se espera que el próximo 10 de octubre se conozcan los primeros fallos de los jueces agrarios para que los primeros desplazados por la violencia de los grupos armados ilegales puedan por fin retornar a sus predios.

Municipios como Ovejas (Sucre), Valledupar (Cesar), San Jacinto (Bolívar), Montería y Valencia (Córdoba) han sido, según las estadísticas, los más afectados por cuenta del paramilitarismo desbordado del Bloque Norte. Por otra parte, Mapiripán y Vistahermosa (Meta), Puerto Guzmán y Puerto Asís (Putumayo) y San Vicente del Caguán (Caquetá) se convirtieron en centros del desplazamiento de las Farc y el Eln. En Nariño, departamento estratégico para las mafias del narcotráfico, las bandas criminales son las que intimidan.

Desde mediados de los años 90, los paramilitares —en una estrategia que partió del Nudo de Paramillo y se extendió al sur del país— dejaron una estela de sangre con múltiples masacres a punta de machete, motosierra y bala. Paralelamente, los grupos guerrilleros hicieron lo suyo y el éxodo del campo a las ciudades se exacerbó. Miles de hectáreas quedaron a merced de los dueños de los fusiles y de las rutas del narcotráfico. Después, a través de las notarías, se legalizaba la posesión de los predios. Así, Colombia fue saqueada por los violentos.

Ahora, la Ley de Víctimas busca devolver a sus propietarios más de dos millones de hectáreas que les fueron arrebatadas por esos grupos al margen de la ley en los últimos 20 años. Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, dice que están trabajando contra el tiempo porque en dos meses tiene que entregar los primeros predios recuperados.

Según explicó, “la Unidad ya está funcionando a lo largo y ancho del país. Están abiertas las oficinas en 15 departamentos, donde nuestros equipos están empezando a tramitar las reclamaciones. La Ley de Justicia y Paz, después de siete años, logró restituir 700 hectáreas. Con la Ley de Víctimas, bajo la figura de una demanda colectiva, podemos restituirles la misma cantidad de hectáreas en apenas nueve meses”.

Es un proceso que parece minado. Sabogal reconoce que “en el marco de la ley, hasta este momento tenemos dos hechos de sangre. El Gobierno no desconoce la dificultad de hacer la restitución en medio del conflicto. Tenemos personas amenazadas, pero la Unidad de Protección está tomando las medidas necesarias. La restitución tiene que hacerse en condiciones de seguridad”. Documentado está que cientos de víctimas aún temen reclamar lo suyo.

Aunque se reportan dos homicidios en lo corrido de 2012, las autoridades no han establecido los móviles. Aun así, los asesinatos de Carlos Alberto Paredes Ariña, el 17 de marzo en Zambrano (Bolívar), y Jairo Mejía Martínez, el pasado 15 de junio en Montería (Córdoba), volvieron a sembrar zozobra. Una y otra vez se revive el drama de tantos líderes caídos, como Yolanda Izquierdo, asesinada en 2007, quien representaba a más de 843 familias de Córdoba que luchaban por recuperar sus hogares. El crimen fue perpetrado por sicarios de Vicente Castaño, en Montería.

Es claro que la batalla por el dominio de la tierra ha sido uno de los muchos capítulos sangrientos de la historia colombiana y se teme que con la implementación en firme de la Ley de Víctimas el proceso se vea perturbado por quienes insisten, a punta de violencia y terror, en establecerse en lo que no les pertenece.

El propio presidente, Juan Manuel Santos, ha identificado a varios despojadores que siguen agazapados. Hace tan sólo unas semanas ofreció $150 millones de recompensa por información que permita la captura de personajes como Augusto Francisco Castro Pacheco, alias El Tuto Castro, y de Ómar Montero Martínez, alias Codazzi, quienes según el mandatario han intimidado a los campesinos para que no realicen las reclamaciones.

Al respecto, el abogado del Tuto Castro, Hugo Atencia Villarreal, afirmó que su cliente es un “ganadero sin cuentas pendientes con la justicia” y que aunque tuvo un proceso por desaparición y desplazamiento forzados, éste no prosperó.

Por ahora, mientras se esperan los primeros resultados, la Unidad confía en que los afectados sigan formalizando las denuncias para que empiecen los procesos de retorno. Si se logran los objetivos, según Sabogal, se materializará la justicia para los campesinos: “Devolverles el patrimonio que les fue usurpado de manera violenta. También es el reconocimiento del derecho de propiedad que tienen sobre las tierras que ancestralmente han trabajado y que por la desidia del Estado nunca les habían sido reconocidas”.

El gobierno Santos tiene el desafío de pasar de los anuncios a las acciones, y se juega mucho de su capital político en la implementación de esta Ley de Restitución de Tierras. En dos meses, cuando empiecen los procesos de devolución, podrán medirse cuidadosamente los avances en la materia.

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