El pliego de cargos a Petro por basuras

El Espectador conoció el texto de la providencia de 259 páginas suscrita por los procuradores delegados Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez.

El alcalde Gustavo Petro defendió su modelo de aseo en función de las grandes ganancias de los privados y la necesidad de incluir a recicladores. / Archivo El Espectador
El alcalde Gustavo Petro defendió su modelo de aseo en función de las grandes ganancias de los privados y la necesidad de incluir a recicladores. / Archivo El Espectador

Por la “falta de planificación y la constante improvisación” con que el alcalde Gustavo Petro adoptó las decisiones que precipitaron la crisis del servicio de aseo en Bogotá entre los días 18 y 20 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación le formuló ayer pliego de cargos. El Ministerio Público consideró que con su conducta el primer mandatario de la ciudad cometió tres faltas, dos de ellas calificadas como gravísimas a título de dolo y la tercera con culpa gravísima.

El Espectador conoció el texto de la providencia de 259 páginas suscrita por los procuradores delegados Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez, y en ella se concluye que se violaron disposiciones de la contratación estatal y principios constitucionales como el de la libertad de empresa. La decisión del Ministerio Público manifiesta que “se puso en grave riesgo la continuidad de la prestación del servicio de aseo en Bogotá”, y que se generaron algunos impactos ambientales en contra de los derechos a la salud de los habitantes de la capital.

El documento deja claro que la Procuraduría obró en respuesta a nueve quejas presentadas en contra del alcalde. Dos de ellas de particulares; dos más del personero de Bogotá, Ricardo Cañón, y del defensor del pueblo, Jorge Otálora; una quinta del presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos; otra del representante a la Cámara, Miguel Gómez, quien hoy lidera el proceso de revocatoria en contra del alcalde; y las restantes de los concejales Orlando Parada Díaz, María Victoria Vargas Silva y Roberto Hinestrosa Rey.

En diversos apartes de la providencia, la Procuraduría recalcó que el contrato que se suscribió entre la Uaesp y la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que esta última entidad asumiera el 100% del servicio de aseo en la capital, fue a todas luces irregular y violatorio de las normas contractuales. “La EAAB no era capaz desde el punto de vista técnico, operativo y por falta de experiencia para asumir la prestación del servicio público de aseo en Bogotá”, resaltaron los delegados que investigaron al alcalde.

En otras palabras, indicó el Ministerio Público, “hubo constante improvisación, falta de planeación y la inequívoca voluntad de asignar la prestación del servicio a entidades públicas sin experiencia y sin la capacidad técnica requerida, así como crear un modelo de prestación del servicio de aseo por fuera del ordenamiento jurídico, afectándose el principio de libertad de empresa”. Es decir, para el 18 de diciembre de 2012, la EAAB no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos que se había impuesto el alcalde en su propósito de cortar con los operadores privados.

El documento contiene detalles cronológicos sobre la forma como se dieron los hechos, desde octubre de 2012, cuando el alcalde anunció que la EAAB iba a asumir la prestación del 100% del servicio de aseo en Bogotá. Los cambios de la EAAB a la empresa Aguas de Bogotá, la suscripción de contratos para el alquiler de compactadores a solo 24 horas de la crisis y el desarrollo de la misma entre el 18 y 20 de diciembre, hasta que el alcalde, para solucionar el caos, tuvo que apelar a las mismas firmas privadas que quería hacer a un lado.

La providencia expresa textualmente que no se trata de una sanción para el alcalde Gustavo Petro sino de la formulación de unos cargos porque presuntamente se cometieron faltas disciplinarias. Por eso indicó la Procuraduría indicó que no puede aceptar los argumentos del alcalde en el sentido de que todo se hizo para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional que habían conminado al Distrito a incluir a la población recicladora en la prestación del servicio de aseo en la capital.

Al conocerse la formulación de cargos al alcalde Petro, su exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla -destituido por la Procuraduría-, reclamó: “¿Dónde están las investigaciones y destituciones de los concejales involucrados en el carrusel de la contratación? ¿Por qué la celeridad en las investigaciones contra nuestro movimiento político?”. Asprilla convocó a una concentración pública en la Plaza de Bolívar para el próximo 28 de junio, con el propósito de defender el mandato del alcalde contra una decisión que calificó de política.

A su vez, la concejal liberal María Victoria Vargas, una de las opositoras de la administración de Gustavo Petro, observó que el pliego de cargos ratifica que sí hubo improvisación y caos en el manejo de las basuras, como ella lo indicó en su momento. Otros concejales y líderes políticos exteriorizaron voces de aprobación o de rechazo a la decisión del Ministerio Público, bajo el entendido de que más allá de la providencia lo que viene ahora es el debate probatorio que podría conducir a una sanción disciplinaria y, peor aún, a una inhabilidad para el ejercicio de cargos políticos.

 

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