Farallones: una feria de predios

Notarías, oficina de registro y alcaldes no evitaron que particulares se tomaran el parque. La reserva se convirtió en casas de recreo y zonas de invasión.

La corrupción, el narcotráfico, el desinterés oficial y la pobreza de algunos habitantes son las causas que tienen al Parque Natural Los Farallones de Cali y parte de las cuencas hidrográficas de la capital del Valle invadidas por particulares. Pese a ser una zona de reserva, que no puede ser ocupada, vendida ni embargada, la Superintendencia de Notariado y Registro encontró que sólo el 6% de la zona que se estudió está en manos del Estado. El resto ha sido tomado por privados. (Ver inforgrafía)

Los que se han apropiado del parque son una mezcla de todos los estratos de la Sultana del Valle, pero llama la atención que en zonas como El Saladito, Las Nieves, Pichindé, Los Andes y Peñas Blancas hay predios en los que familias adineradas construyeron sus fincas de descanso. El estudio de la Superintendencia está atestado de tradicionales apellidos como Caicedo, Holguín, Villegas, Guerrero, Collazos, Borrero, entre otros, que tienen predios dentro del parque nacional.

A esto se suman casos de políticos o sus familiares que tienen un pedazo de Los Farallones casi desde mediados del siglo pasado, al igual que empresas o personas vinculadas con el narcotráfico. En resumen, el estudio, con el que las autoridades buscan establecer acciones para recuperar los predios, pone en evidencia las modalidades que usaron quienes hoy tienen allí escriturado un lote, a través de una cadena de irregularidades, que deben ser investigadas a fondo para llegar a los responsables.

El estudio se concentró en el 20% del área total del parque, es decir, casi 41.000 hectáreas distribuidas en los municipios de Cali, Dagua y Jamundí. De estas, sólo 6.000 hectáreas cuentan con matrícula inmobiliaria. En total, el estudio analizó cerca de 3.000 títulos, con registros inscritos desde 1904. Al hacer un rastreo de sus certificados de tradición se encontró que el 71% aparecen como propiedad privada, el 23% está invadido y el 6% pertenece a entidades nacionales. Se estima que hay cerca de 30 mil personas invadiendo Los Farallones.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones que hay por recuperar estos predios, ahora hay un lío que deben resolver con prontitud: no hay claridad sobre los límites de Los Farallones. El error se encontró en 1968 cuando se estableció que el parque tenía 15.000 hectáreas. Sin embargo, para el reciente estudio el área real es de casi 207.000 hectáreas. Esto se tendrá que aclarar antes de empezar las acciones judiciales para recuperar los predios que fueron adquiridos de manera irregular. Para esto, Parques Nacionales debe coordinar con el instituto Agustín Codazzi para fijar los límites de la reserva y de esta manera determinar cuáles predios no tienen efectos legales.

Algunos casos

Muchos de los predios que hoy aparecen como privados fueron baldíos del municipio, que fueron entregados por el Incora a particulares, incluso luego de que Los Farallones lo declararan parque natural; otros que fueron invadidos y reclamados años después por posesión, y otros sencillamente terrenos que fueron escriturados de manera irregular. De ahí en adelante, con escrituras en mano, se desprendió toda la negociación de tierras que deben estar exclusivamente en manos del Estado para su conservación.

Son varias las modalidades de apropiación que descubrió la Superintendencia: falsas tradiciones de predios; irregularidades en los trámites de registro y en las escrituras; cambio de área sin fundamento; adulteración de documentos; escrituras formalizadas sin cumplimiento de requisitos legales; compraventas por debajo del avalúo comercial; erradas decisiones judiciales y hasta ventas de predios que no existían. De acuerdo con el estudio, hasta el momento sólo cincuenta predios se salvarán de ser expropiados. El resto están en la cuerda floja.

Para la Superintendencia, muchos predios privados de Los Farallones son producto de la mafia y la corrupción en las oficinas estatales. Ante los posibles delitos que se empiezan a descubrir, el organismo de control indicó que el informe pasará a manos de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

De acuerdo con el ingeniero Claudio Borrero, quien ha promovido todas las denuncias por acabar con la usurpación de predios públicos en Cali, hay ejemplos de irregularidades patrocinadas por la propia administración local. Como el que ocurrió en el año 2000, cuando la alcaldía de Ricardo Cobo Lloreda les compró a familias prestantes de Cali cuatro grandes propiedades en Los Farallones, que legalmente eran de la administración. Esto fue motivo de decisiones judiciales que ordenaron a los involucrados devolver el dinero al municipio. Esta sentencia no se ha cumplido.

Un caso similar ocurrió durante la alcaldía de Apolinar Salcedo, con la compra del predio conocido como El Rubí, ubicado en la cuenca hidrográfica del río Pance, por el cual la administración pagó casi $2.500 millones, a pesar de que era un predio no negociable. Por este caso sancionaron a la funcionaria Beatriz Eugenia Ramírez, directora del Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Cali (Dagma) en ese entonces, y que lideró la negociación.

Son mafias

Frente a la acción que adelanta la Superintendencia de Notariado y Parques Naturales, varias autoridades de Cali expresaron su satisfacción. Uno de ellos fue el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, quien resaltó la importancia de este proceso por recuperar las tierras apropiadas ilícitamente en Los Farallones y en las cuencas hidrográficas de la ciudad. “Sabemos que detrás hay toda una organización delincuencial, con mecanismos muy sofisticados. Se han encontrado predios que son del municipio y hoy tienen escrituras falsas a favor de privados”, señaló el mandatario.

Sobre los casos de las familias tradicionales del Valle, que también perderían las fincas de recreo que tienen en el parque, el alcalde Guerrero indicó que “también se debe actuar con contundencia y decisión para aclarar esos procesos”. Al cuestionarlo sobre si su familia era una de las que tenían predios en zona de reserva, aclaró que si bien tienen un predio en el sector de El Saladito, ésta está por fuera del parque nacional. “Es un terreno que era de nuestros bisabuelos y nunca quedó en zona de reserva”, dijo.

Sobre el tema de las mafias detrás de la apropiación de tierras en Los Farallones, Andrés Santamaría, personero de Cali, considera que la situación es alarmante. “Hemos recibido muchas denuncias de mafias que se dedican a apropiarse de predios públicos o privados para después venderlos. Conocemos muchos casos, incluso, de barrios de altos estratos que se han apropiado de terrenos que son de interés público, y lo que es peor: hemos identificado que estas maniobras fraudulentas se han hecho con la complicidad de funcionarios públicos y políticos de la región. Hay mucha corrupción alrededor de esto”, enfatizó.

Por su parte, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, explicó que las denuncias ya se han hecho llegar a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que cada ente de control adelante las investigaciones pertinentes. “Y nosotros, el Incoder y Parques Nacionales nos pondremos en la tarea para que dentro de un año, por vía administrativa, podamos restituir al Estado todo lo que le robaron”, advirtió el funcionario.

Ante la preocupación de que el Estado tenga que indemnizar a quienes hoy poseen terrenos públicos, el superintendente señaló: “Nosotros primero tenemos que recuperar las tierras del Estado y luego, cuando los procesos de los órganos de control avancen, sabremos si hubo o no buena fe y si hay que indemnizar”. Una de las medidas drásticas que tomarán las autoridades nacionales, en medio de este proceso, es que todos los predios que se logren recuperar pasarán a manos de la Nación y no del municipio de Cali, como estaba inicialmente.

El representante de la Fundación Farallones, una corporación que lleva más de 25 años trabajando por la conservación del parque, sostiene que la reserva sufre de una dramática desatención por parte de la Corporación Autónoma del Valle (CVC) y de la Fuerza Pública. “Las autoridades ambientales tienen abandonado el parque a tal punto, que uno de los viejos riesgos, la tala ilegal del bosque nativo, ha vuelto a surgir con fuerza”.

El proceso por recuperar el Parque Los Farallones de Cali hasta ahora empieza. El reto es quitarles de las manos a los corruptos las tierras que le pertenecen al Estado y que son el tesoro natural de todos los vallecaucanos.

Compra de un exalcalde

Una forma de apropiación fue la venta de predios tras la declaratoria del parque. Un ejemplo es el de la finca Los Olivos (202 hectáreas), situada en la vereda El Queremal, en Dagua. Cristóbal Lázaro la compró en 1954 (antes de ser parque) y en 1978 (ya siendo parque) se la vendió a Ramón Sinisterra Barberena, quien fue alcalde de Cali en 1960 y luego notario. Este industrial (que murió hace dos años) traspasó el predio en 1984 a nombre de la empresa familiar Inversiones Ramón Sinisterra Barberena y Cía. El informe dice que el predio se escrituró a través de adjudicación de baldíos y que el Incoder debe iniciar la tarea de clarificación y recuperación de la propiedad.

Los predios de Invicali

Un caso complejo, en el que se podrían encontrar visos de corrupción, es el de predios del parque que el Estado le entregó al municipio para protección del recurso hídrico, pero éste los destinó para la construcción de vivienda, tarea que le correspondía a Invicali. La entidad la liquidaron y, antes de cumplirse el trámite, esta vendió los predios a muy bajo costo, los donaron o los cedieron sin aplicar bien la ley, permitiendo desde la propia administración que muchos privados se quedaran con un pedazo del Parque Los Farallones.

En extinción de dominio

El predio identificado con el número 370-430102 hoy está en proceso de extinción de dominio. Tiene registro desde 1958. Luego de pasar por varias manos, lo compró la empresa Rodamientos de Colombia Ltda. (que tuvo otros predios en Los Farallones). Esta empresa dividió el lote y lo vendió. Una parte la compró Jámer Éiner Muñoz Hoyos. Estando bajo su propiedad, la Fiscalía ordenó la extinción de dominio. La Superintendencia de Registro encontró que hubo irregularidades en la escritura. “Se constata que la escritura fue registrada sin el lleno de los requisitos legales, pues no se encuentra en papel notarial, no posee sellos de seguridad, número de hojas ni consecutivos”.

Predios y Narcotráfico

Entre los cientos de nombres que aparecen en el informe, uno de los que más llama la atención es el de José Fernando Mejía Múnera, quien figura como propietario de un predio denominado Finca Agrícola La Montañita. Éste sería el hermano de los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, conocidos como ‘Los Mellizos’. Según el portal Verdad Abierta, José Fernando figura como suplente en la junta directiva de la empresa CI Forestal Maderera S. A. Este predio no está acreditado como propiedad privada y “al quedar demostrado que se hizo transferencia de un derecho incompleto, se configura la denominada falsa tradición”, dice el informe.

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