Le imputan a Moreno peculado por $218.000 millones

Este martes se conocerá si el suspendido alcalde es o no detenido por su presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá. "Los testigos son de oídas", se defendió el burgomaestre.

La Fiscalía destapó sus cartas para sustentar que durante la administración del suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas se entregaron contratos a dedo, sin los requisitos legales y con multimillonarios sobrecostos para Bogotá. Durante la audiencia de imputación de cargos a Moreno Rojas, ante el juez 28 con función de control de garantías, el fiscal delegado ante la Corte Ricardo González lo acusó del delito de peculado por apropiación en favor de terceros por un valor de $218.347 millones.

No obstante, hasta hoy el despacho judicial resolverá si, como lo pide la Fiscalía, Moreno Rojas deberá ser detenido por su presunta participación en el carrusel de la contratación en la capital del país. Súbitamente, el juez Jorge Polidoro Bernal suspendió la audiencia al filo de las 2 de la tarde de ayer porque, según explicó, es padre de un niño con discapacidad y tenía que atenderlo. Los asistentes quedaron desconcertados por la decisión del aplazamiento. Hoy, a las 7 y 30 de la mañana, se reanuda la audiencia.

Mucho antes del aplazamiento, el fiscal Ricardo González se explayó en argumentos y exhibió pruebas en contra de Moreno Rojas. “Usted, señor alcalde, sabía que era necesario favorecer, entre otros, a Julio Gómez, como contraprestación al apoyo que le dieron a su campaña”, expuso minutos después de un comienzo accidentado de la audiencia, que se vio retrasada por el alto número de simpatizantes que fueron a apoyar al burgomaestre. De hecho, en dos ocasiones el juez Bernal ordenó el cambio de la sala donde se debía realizar la audiencia.

Moreno Rojas llegó a muy tempranas horas de la mañana a la diligencia acompañado de su abogado Mauricio Alarcón. Dijo sentirse tranquilo y a la espera de explicar su actuación a la justicia. La Fiscalía también le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Este último delito se relaciona con el incidente ocurrido el 13 de mayo de 2010 en el aeropuerto Eldorado de Bogotá. Allí, según el ente acusador, Moreno Rojas le exigió al contratista Miguel Nule la suma de $5.000 millones para mantener la vigencia del contrato de la calle 26.

“De los cargos que se me imputan no se infiere ninguna responsabilidad por parte mía”, respondió el alcalde Moreno en la diligencia. En cambio el fiscal González, en una larga presentación utilizó un tablero para explicar los montos de tres bloques de contratos de la Fase III de Transmilenio, de la malla vial y de valorización sobre los que la Fiscalía presume que se utilizaron para pagar comisiones de éxito a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia como contraprestación a la financiación y el apoyo de las campañas a la Alcaldía y al Senado de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.

Por ejemplo, el fiscal González recordó que en las elecciones de 2010 Iván Moreno obtuvo en el municipio de Sahagún, Córdoba, de donde es oriundo Emilio Tapia, 3.881 votos. Para las elecciones al Congreso de 2006 no sacó ni un sufragio. La tesis de la Fiscalía, que es la misma de la Corte Suprema de Justicia, es que en desarrollo de la alianza de Samuel e Iván Moreno con el controvertido contratista Emilio Tapia Aldana, este último tuvo injerencia indebida en millonarios contratos sobre los cuales, según parece, se pagaron comisiones a través de dos firmas y el abogado Álvaro Dávila.

De la misma manera, el fiscal González hizo alusión a una reunión en Miami a la que asistió el congresista Iván Moreno con los Nule y el abogado Dávila, en la que se habló de los pagos por los contratos entregados a ese polémico grupo empresarial. En síntesis, la Fiscalía está convencida de la responsabilidad de Samuel Moreno en el escándalo del cartel de la contratación y, además, le enrostró ayer que sí omitió la devolución de $28 mil millones por razones de amortización. “Usted, señor alcalde, se apropió de esos dineros para favorecer a ese grupo empresarial (...) Es inadmisible pensar que usted era ajeno a esos contratos (...) Claro, los mismos fueron firmados por el IDU, pero usted tuvo injerencia en todos ellos”.

Sobre el caso del IDU, vale la pena recordar que el exdirector jurídico de esa entidad, Inocencio Meléndez, quien es hoy testigo clave de la Fiscalía, le dijo a la Corte Suprema que le constaba que los señores Julio Gómez y Emilio Tapia decían en el IDU que actuaban a nombre del senador Iván Moreno y del señor alcalde. “Lo mismo me decía el señor Manuel Pastrana y Leonardo Touse, que es un ingeniero o arquitecto que trabajaba en el IDU por contrato de prestación de servicios como asesor del subdirector de infraestructura Luis Eduardo Montenegro”.

El fiscal Ricardo González, señaló, citando al mismo Meléndez, que el alcalde Samuel Moreno, cuando llegó al Distrito, prometió darles a Tapia, Gómez y Dávila poder para designar funcionarios dentro del IDU, entre ellos estaría el mencionado subdirector de infraestructura, Luis Eduardo Montenegro, y el hoy ventilador de la justicia, Inocencio Meléndez. Además, el representante de la Fiscalía advirtió: “La cesión del contrato de la calle 26 fue firmada por Liliana Pardo (exdirectora del IDU), pero quien la determinó fue Moreno Rojas”.

Para concluir y mirando al alcalde Moreno, el fiscal González dijo: “Todos los caminos siempre van a conducir al mismo lado”. En esencia se refería a la concentración de la contratación en el Distrito y a las declaraciones que coinciden en la participación de Emilio Tapia, Julio Gómez y Álvaro Dávila en la triangulación de contratos y comisiones de éxito con distintas obras en Bogotá. “Los contratos pueden estar bien, formalmente hablando, pero todos fueron direccionados de manera exprofesa para favorecer a estos empresarios”, indicó el fiscal González.

En reiteradas ocasiones el representante del ente acusador recurrió a noticias de televisión en las que Samuel Moreno se refería a lo que estaba sucediendo con la contratación en Bogotá. En una de ellas el alcalde aseguró que la empresa Conalvías, a quien se le cedió el contrato de Transmilenio, tenía el músculo financiero para llevar a cabo esa obra, a pesar de que varios concejales habían denunciado que no. Al respecto González aseguró: “Señor alcalde, usted estaba equivocado, Conalvías no tenía la plata para ello, poseía apenas un 20% del capital de Transvial y, sin embargo, se le cedió el contrato”.

Hoy, en la segunda parte de esta audiencia le corresponderá el turno a la defensa de Samuel Moreno, que intentará controvertir las pruebas de la Fiscalía y evitar que el alcalde sea detenido. Entre tanto, avanzan las negociaciones entre Emilio Tapia y Julio Gómez con la Fiscalía. El objetivo es el mismo: evitar el carcelazo. No obstante, las revelaciones del pasado domingo de El Espectador sobre Tapia pusieron a la justicia en aviso sobre las verdaderas intenciones de colaboración del polémico empresario cordobés.

En una de las grabaciones, a las que tuvo acceso este diario, Tapia decía desafiante: “Al leer todo lo que dicen el fiscal, la fiscal, leyendo las declaraciones de ellos ante la Corte, la Procuraduría, la Fiscalía, las he leído todas, viendo los escritos de acusación de Liliana, Inocencio, el contralor... yo me río, yo me río por dentro y me digo: ‘si supieran cómo es de verdad, verdad esta vaina. Eso no es nada’”.

Niegan libertad al senador Iván Moreno

La Corte rechazó la solicitud del abogado del senador Iván Moreno de concederle la libertad a su cliente por vencimiento de términos, quien justificó la petición en que ellos no habían usado estrategias dilatorias.

Sin embargo, para los magistrados, el supuesto vencimiento sí obedeció a maniobras de la defensa de Moreno. “La realidad procesal comprueba que la calificación del sumario no se ha llevado a cabo por las peticiones de pruebas hechas por su apoderado, luego de pasar un término de la instrucción sin hacerlo, con el claro propósito de alargar el proceso y por esa vía intentar la libertad”.

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