Los contraticos de la Cámara

Entre octubre y junio pasados firmaron 754 contratos de personal de apoyo por casi $7.200 millones, 585 de ellos por menos de $10 millones.

Un veterinario en la Comisión de Transporte, un empleado para hacer informes de funcionarios incapacitados, un técnico para apoyar la ventanilla de correspondencia y hasta un abogado para dar rec en la sección de grabación fueron algunos de los 754 contratistas que pasaron por la Cámara de Representantes para apoyar al personal de planta y a los congresistas.

La relación se encuentra al analizar la base de datos del “personal de apoyo” de la corporación, que tiene tintes de nómina paralela. Si bien es cierto que hay dependencias que requieren manos extras, lo que revela el listado de contratistas externos es que está plagado de “minicontratos” en tiempo y dinero, que parecen un carrusel para ofrecer a muchos la oportunidad de darse la vuelta por el Congreso.

En el papel, todas las comisiones y oficinas contaron con los servicios de estos externos, que en muchos casos fueron contratados para tareas que cumplen los 284 funcionarios de planta, como ellos lo reconocen. Tal vez por esta razón muchos nunca han ido al Congreso y la prueba es que no han reclamado el carné para ingresar a la Cámara.

“De haber estado toda esa gente en la Cámara, no hubiéramos tenido por dónde caminar. Hay un ejemplo claro: la Comisión de Acusación aparece con más de 100 contratistas y allá no permanecen más de 10. El descaro es tal que pagaron personal para trabajar en las temporadas de receso, cuando no hay nadie ni nada que hacer en el Congreso”, dicen los empleados.

Los 754 contratos cuestionados pasaron por la Dirección Administrativa que, atendiendo la solicitud de las oficinas, autorizó el gasto. Se firmaron entre octubre y junio pasado y sumaron casi $7.200 millones, que representan un gasto promedio mensual de $800 millones en personal de apoyo. Esta cifra incrementa en cerca de 10% la nómina de la Cámara, cuyo valor es $9.000 millones al mes.

Pero más allá de la supuesta nómina paralela, en la base de datos se encuentra que 387 (51%) contratistas externos tuvieron un fugaz paso por la entidad, con “minicontratos” que no superaron los dos meses ni los $6 millones. A estos se sumaron otros 204 contratos (casi 27%) que no superaron los $10 millones, poniendo al descubierto la alta rotación por los pasillos de la Cámara. Tan sólo el 22% de los contratistas tuvieron contratos largos. Por eso, los empleados de planta dicen que esto no es más que un carrusel de “contraticos”, promovido por los representantes para pagar compromisos políticos.

Entre la cantidad de casos llamativos se encuentra el de una abogada que por tres días de trabajo en la Comisión Cuarta recibió casi $5 millones, el de un señor que contrataron por 20 días en la Comisión Tercera para la organización de foros y el de una funcionaria a la que emplearon para hacerle seguimiento a las cuentas de cobro de los contratistas. “A la pagaduría llegan las cuentas de cobro y se pagan. Ahí no se hace ningún seguimiento. A esa funcionaria no la conocemos”, dice uno de los empleados.

Para completar el panorama, pese a que cada uno de los 165 representantes cuenta con casi $30 millones al mes para pagar su equipo de trabajo (conocido como UTL), la Cámara otorgó contratos por un mes a personas con el objeto de “prestación de servicios a los honorables representantes, así como el acompañamiento en actividades legislativas”.

Entre las 38 dependencias de la Cámara de Representantes (comisiones, divisiones, secciones y oficinas) que reportaron contratos de personal externo (entre finales del año pasado y el primer semestre de 2012), la lista está encabezada por la cuestionada Comisión de Acusaciones, la cual reportó 127 contratos de asesores y abogados, que costaron casi $2.200 millones.

En segundo lugar quedó la oficina de prensa, que entre periodistas, camarógrafos, editores y asesores reportó 111 externos, con un costo cercano a los $1.000 millones, gasto al que se le debe sumar el alquiler de las instalaciones del canal del Congreso, por el que se pagan casi $1.200 millones.

En tercer lugar se ubicó la Comisión de Bienes, que reportó 47 contrataciones, por un valor cercano a los $440 millones, seguida de la División Jurídica, que reportó 37 externos por un costo de casi $500 millones. Por su parte, aunque cada una de las siete comisiones permanentes reportó su contratación, entre todas sumaron 212 asesores, que le costaron a la Cámara casi $1.400 millones.

En el análisis de la lista de los 754 contratistas se encuentra un dato contundente: de los casi $7.200 millones que costó esta nómina externa, aproximadamente $4.000 millones se contrataron entre enero y marzo, tiempo en el que la Cámara de Representantes se encuentra en receso. De acuerdo con los empleados de planta de la corporación, en esos meses ellos están prácticamente cruzados de brazos. De igual forma, para el pasado junio, que es el segundo receso del año de la entidad, se firmaron un total de 18 contratos.

Detrás de la denuncia de la nómina paralela, la crítica apunta a la Dirección Administrativa de la Cámara, que legalmente es la encargada de ordenar el gasto. Esta oficina maneja anualmente un presupuesto cercano a los $230.000 millones. Entre sus tareas están manejar el dinero de funcionamiento y el plan de compras y dar luz verde para la contratación externa. Uno de los proyectos polémicos que tendrá entre manos será el de la compra de vehículos nuevos para los congresistas.

Del período de contratación analizado, se tiene que entre octubre y diciembre del año pasado estuvo en el cargo una funcionaria encargada, debido a la destitución de Jairo Jaramillo Matiz. A partir del 13 de diciembre asumió Gloria Inés Raigoza Pinzón, que entregó el cargo la semana pasada. Sin embargo, Raigoza aspira a la reelección y estar dos años más en el cargo. El próximo 14 de agosto es la fecha para la elección del nuevo director administrativo, que estará hasta el 20 de julio de 2014.

Una de las denuncias de los funcionarios de planta de la Cámara es que la saliente directora autorizó el gasto de casi $5.500 millones en el primer semestre del año para tener el respaldo de los representantes en su posible reelección. Sin embargo, Raigoza dice que los detractores son empleados que están incómodos porque ella llegó a poner orden y que su gestión se ajusta a la ley (Ver entrevista).

La revisión de este lío en la contratación del personal externo en la Cámara está en manos de los organismos de control. Elegir al nuevo director administrativo, en manos de los congresistas.

"No hay nómina paralela"

Gloria Inés Raigoza, exdirectora administrativa de la Cámara, habló con El Espectador.

¿Qué tan cierta es la denuncia de la nómina paralela en la Cámara?

El expresidente se ha pronunciado señalando que no existe. Tenemos una estructura con contratos de prestación de servicios para apoyar una planta de personal establecida hace 20 años y que es obsoleta. Hay cargos que en la Ley Quinta no existen y los tenemos que suplir, porque son necesarios en la estructura.

Al revisar ese personal externo se encuentran gran cantidad de minicontratos, de los cuales algunos son en tiempo de receso, ¿qué decir?

Debo aclarar que los contratos de prestación de servicios son solicitados por cada dependencia, con estudios que justifican la necesidad. La Dirección Administrativa no sugiere contratos. En el tema del receso, los que salen son los representantes. El resto de comisiones y direcciones siguen trabajando.

Pero, ¿cómo se justificó la contratación de un veterinario en la Comisión de Transportes y Comunicaciones? ¿La oficina no revisa los estudios previos?

Claro que los revisamos. Los contratos se firman de acuerdo con los requerimientos de cada comisión. Sin embargo, en ese caso puntual del veterinario, quien debe explicar es el presidente de esa comisión.

Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la oficina en este asunto?

Como directora, no firmo los contratos. Esos los firma la oficina de personal, atendiendo las solicitudes de las comisiones. En medio de esta denuncia de nómina paralela, antes de dejar el cargo pedí a la Contraloría una auditoría a toda la contratación para aclarar el asunto.

Dicen que los contratos que ha firmado son para garantizar su reelección, ¿qué piensa?

No firmo los contratos ni hago la justificación de los requerimientos que hacen las diferentes oficinas. ¿Cómo voy a dar contratos para ganarme a los congresistas? Eso es falso.

¿Por qué cree que hay denuncias relacionadas con su gestión?

Porque cuando llegué lo primero que busqué fue organizar la casa y hay muchos empleados que no les gusta eso.

¿Cómo ve las opciones para su reelección?

De eso no voy a hablar.

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