Los dilemas judiciales del senador Roy Barreras

En el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, el congresista trata de demostrar que no incurrió en tráfico de influencias.

Hace apenas año y medio, como defensor público del entonces presidente Álvaro Uribe, el dirigente Roy Barreras Montealegre estaba en la cúspide de su ascenso político. Después de codirigir el Partido de la U, en las elecciones de marzo de 2010 alcanzó una curul como senador con 81.339 votos, victoria que le permitió acceder a la vicepresidencia de la Comisión Primera. Hoy, a raíz de una demanda en su contra por presunto tráfico de influencias y gestión de negocios, afronta un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado que lo tiene en serios apremios.

Bogotano, médico de profesión, con posgrados en filosofía y sociología y maestría en derecho público, desde muy joven Roy Barreras se dejó picar por el bicho de la política. Hizo parte de las juventudes galanistas, pero radicado en el Valle alternó su liderazgo público con el ejercicio de columnista en el periódico El País. En 1998 fue candidato independiente a la gobernación de ese departamento, pero no logró su cometido a pesar del respaldo de 70 mil electores. Con el curso de los años terminó vinculado al movimiento Cambio Radical.

En ese momento era un aliado incondicional de Germán Vargas Lleras y en sus listas llegó a la Cámara de Representantes en 2006. Pero los gajes de la política lo volvieron uribista purasangre en momentos en que el hoy ministro del Interior tomaba distancia de Uribe y su intento por acceder a un tercer mandato por la vía del referendo. Y fue precisamente su cercanía al expresidente Uribe, ya militando en el denominado Partido de la U, la circunstancia en que se produjo el hecho que hoy lo tiene dando explicaciones en el Consejo de Estado.

En octubre de 2009, durante un encuentro de pastores cristianos y evangélicos en Cali, el entonces presidente Uribe entregó a la iglesia Misión Carismática al Mundo, en calidad de depositario, un lote que años atrás fue incautado al extinto narcotraficante Hélmer Herrera Buitrago y que después había sido sometido a proceso de extinción de dominio tras una investigación por irregularidades en su venta. En medio del acto público, Uribe le pidió al congresista Barreras que entregara la resolución por la que tanto había luchado.

Esa intervención pública del primer mandatario ante más de 300 pastores cristianos, con la asistencia de Roy Barreras, del entonces gobernador del Valle Juan Carlos Abadía y de otros políticos de la región, agitó en su momento el ambiente y algunos medios de comunicación la presentaron como “una abierta participación en política del presidente Uribe”, en momentos en que la sociedad colombiana debatía la posibilidad de su tercer mandato. Lo que no imaginó Roy Barreras fue que para él vendría su propio problema.

El referendo reeleccionista no pasó en la Corte Constitucional y Roy Barreras ganó su curul al Senado, pero el ciudadano Jorge Enrique Ruiz acudió al Consejo de Estado en mayo de 2011 y le solicitó que despojara de su investidura al congresista. En su relato manifestó que durante su campaña en 2006 Barreras se había comprometido a compartir su curul con la esposa del director de la iglesia Misión Carismática al Mundo y que después había intervenido para que le fuera entregado en Cali el inmueble que estaba en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La demanda sostiene que el senador se había comprometido con el pastor Jorge Villavicencio Rosales a que su esposa María Consuelo Hernández iba a tener acceso al Congreso, y que en virtud de este acuerdo “luchó, batalló, peleó, intrigó e intervino” para que les fuera entregado el predio en Cali. Por eso Ruiz reclamó que le fuera retirada la investidura parlamentaria a Barreras por tráfico de influencias y también por gestión de negocios al solicitarle a la Dirección Nacional de Estupefacientes que facilitara tal acción oficial.

Con un agravante: la historia misma de ese bien. Ubicado en la calle séptima Nº 82-65 del sector Meléndez de Cali, el lote perteneció a la Inmobiliaria UMV S.A., otrora propiedad del narcotraficante Pacho Herrera. No obstante, a través de una fraudulenta negociación, fue trasladado a dos particulares para evitar que el Estado lo incautara. Luego apareció un cuarto personaje que, en representación de los dos anteriores, terminó vendiéndolo en abril de 2007, por más de $1.600 millones, a la iglesia Misión Carismática al Mundo.

El enrevesado destino del predio motivó al entonces notario octavo de Cali a elevar denuncia penal y un fiscal especializado contra el lavado de activos concluyó dos años después que el predio había sido negociado ilegalmente. En su momento, el pastor Jorge Villavicencio admitió que supo de las anomalías del bien, pero que persistió en el negocio por no perder el valor de lo que había pagado por impuesto predial. De todos modos la Dirección de Estupefacientes inició su extinción de dominio.

Cinco meses después de esta decisión, el pastor Jorge Villavicencio volvió a pedir el predio, pero esta vez en calidad de depositario para desarrollar su objeto social. La solicitud la formuló el 7 de octubre de 2009 y 48 horas después el presidente Uribe hizo pública la aceptación. Además lo hizo con comentarios elogiosos: “ojalá todos estos bienes estuvieran ocupados por personas como ustedes”. Y de colofón invitó a los pastores a tramitar una cita con la financiera estatal, Findeter, para facilitar un crédito y construir un centro para la iglesia.

Todo este entorno tiene hoy en aprietos al senador Roy Barreras, quien otorgó poder al abogado Carlos Medellín para ejercer su defensa. El jurista ha basado sus argumentos en que el congresista no tuvo vínculo alguno con el pastor Jorge Villavicencio y que tampoco pactó con su esposa María Consuelo Hernández que accediera a su curul, pues el sistema de voto preferente la convertía en su contendora. Además, agregó que los comentarios abstractos del expresidente Uribe no prueban gestión alguna de Barreras en favor de la iglesia.

Medellín solicitó al Consejo de Estado no tener en cuenta informes periodísticos sobre el acto público de concesión del predio, porque supuestamente los artículos de prensa no pueden ser considerados como prueba y que del video no se sabe si fue editado. Desde entonces libra una dura batalla jurídica para buscar que sus argumentos sean tenidos en cuenta y que le permitan al expresidente Álvaro Uribe aportar su declaración, pues hasta el momento el alto tribunal ha considerado que no es necesario escucharlo, ya que existe el video que consigna su postura.

Consultado por El Espectador, el senador Roy Barreras observó que ha hecho carrera en el país que los que se quemaron en las elecciones busquen acceder mediante demandas a las curules que no ganaron. Un escenario que describió como idóneo para el trabajo de verdaderos carteles de abogados dedicados a instaurar demandas en épocas poselectorales. Barreras agregó que nunca hizo pacto alguno para compartir su curul y que su participación en la reunión de Cali fue organizar el encuentro del expresidente Uribe y los pastores.

El senador insistió en que nunca ha visitado la Dirección Nacional de Estupefacientes y que él mismo le ha insistido a la justicia que agilice su caso, porque en el plano político el tema le ha causado mucho daño y dificultades para participar en debates como la reforma a la justicia. De todos modos, agregó Barreras, como integrante del Partido de la U él sigue apoyando al presidente Juan Manuel Santos y tiene claro que es el expresidente Uribe, a través de su testimonio juramentado, quien puede decir lo que realmente pasó y por eso reclama que sea escuchado.

Entre tanto, a instancias del Consejo de Estado, se siguen recaudando testimonios sobre lo que sucedió alrededor de la entrega del inmueble a la iglesia Misión Carismática del Mundo, en una controversia que no sólo pasa por la confrontación de versiones, sino por la necesidad o no de la prueba testimonial del expresidente Álvaro Uribe y la validez de los documentos periodísticos sobre el caso. Un expediente que ya consigna las versiones de periodistas, miembros de la unidad legislativa del congresista y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Pero al tiempo que el caso avanza en el Consejo de Estado, otro dilema aún mayor surge en la situación personal del senador Roy Barreras. Además de la demanda de pérdida de investidura, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también por presunto tráfico de influencias, llegó el caso de la entrega del predio a la iglesia Misión Carismática al Mundo. Por reparto, el expediente quedó en manos del magistrado Augusto Ibáñez, quien los próximos días deberá determinar si debe ser investigado penalmente. ¿Gajes de la política? ¿Error de Roy Barreras? ¿Acusaciones temerarias? La justicia tiene la palabra.

Uribistas ante la justicia

El escándalo de las interceptaciones y los seguimientos ilegales hechos por el DAS durante su gobierno, es uno de los mayores dolores de cabeza del expresidente Uribe y una de las razones por las cuales está siendo investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Por este escándalo, conocido como el de las ‘chuzadas’, han sido asegurados el exdirector de la UIAF Mario Aranguren, el exdirector del DAS Jorge Noguera y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.

Asimismo, han sido investigados, por otros casos, los exasesores presidenciales José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman, el exsecretario de prensa de la Presidencia César Velásquez y el exsecretario jurídico presidencial Edmundo del Castillo. A esta lista hay que agregarle el nombre de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y en contra de quien hay una medida de aseguramiento, y el exdirector del DAS, Andrés Peñate, por el caso de las chuzadas.

El coletazo del caso Yidis Medina

En abril de 2008 se conoció un video en el que la entonces congresista Yidis Medina aceptó haber recibido sobornos de funcionarios del gobierno Uribe para que cambiara su voto y ayudara a que se aprobara la reelección del expresidente. La revelación generó un escándalo y varios procesos judiciales que no terminan de desenredarse.

Por este caso han sido investigados dos de los más importantes exfuncionarios del gobierno Uribe: el exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega y el exministro de la Protección Social Diego Palacios.

A Sabas la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó y destituyó, y Palacios fue absuelto por la misma institución.

En lo que a lo penal concierne, ni uno ni el otro han sido acusados y recientemente la Corte Suprema de Justicia decidió que sus investigaciones debían volver al despacho de la fiscal general, Vivianne Morales, por vicios en el proceso.

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