Las malas jugadas de Diego Palacio en el Ministerio de Protección Social

Acababa de llegar a la cartera, en marzo de 2003, cuando firmó la primera circular que desregulaba los precios de los medicamentos. Una de las tantas decisiones que llevaron al sistema a la quiebra.

En un documento de diez páginas la Federación Médica Colombiana resume cómo se desmoronó el sistema de salud del país. Cómo las decisiones del exministro de la Protección Social Diego Palacio (entre 2003 y 2010) llevaron al sector a un abismo financiero por cuenta de los recobros al Fosyga y la desregulación de los precios de los medicamentos.

La primera jugada de Palacio, según el documento, se dio el 10 de marzo de 2003, cuando apenas estaba empezando su era en el Ministerio. En esa fecha firmó la Circular 01 de 2003, que echaba para atrás algunas decisiones tomadas por su antecesor, Juan Luis Londoño (quien falleció en un accidente aéreo) para frenar los recobros al Fosyga, que en ese entonces ya empezaban a convertirse en un problema.

Las cuentas que se hacían para ese entonces eran las siguientes: mientras entre 1997 y 2000 los recobros por medicamentos y procedimientos por fuera del Plan Obligatorio de Salud (No Pos) sumaron $4.244 millones, sólo en 2001 pasaron a $ 5.311 millones y en 2002 se multiplicaron por 10 y llegaron a $ 56.741 millones.

Ante este escenario Londoño tomó medidas para regular los precios de los medicamentos, una de las principales causas de este fenómeno. Decidió entonces congelar durante seis meses los precios de tres laboratorios por sus conductas injustificadas y a otros 28 por no reportar su información a tiempo. Pero además decidió sancionar con mayor severidad a Roche, por sus incrementos injustificados, y congeló sus precios por un año.

Lo primero que hizo Palacio al llegar al Ministerio fue suavizar la sanción a Roche y dejarla sólo en seis meses. “Así comenzó la política pública de favorecimiento a las farmacéuticas y desregulación de precios de medicamentos”, reza el informe.

La siguiente jugada se dio a través de la Circular 01 de 2004, con la que, según el informe de la Federación, “pasó 55 medicamentos oncológicos a régimen de ‘libertad regulada’ (sin precio de referencia) en lugar de régimen de ‘control directo’, que les correspondía a muchos de ellos, por tratarse de medicamentos con menos de tres oferentes en el mercado, que podían abusar —como en efecto lo hicieron— de su posición dominante”.

Mientras eso sucedía los recobros al Fosyga seguían creciendo desbordadamente: de los $56.741 millones registrados en 2002, pasaron a $113.709 millones en 2003 y a $170.155 millones en 2004.

El 1° de septiembre de 2006 se expidió la Circular 04 de 2006 AR, que “completó el proceso de desregulación de precios de medicamentos”, cita el documento, y enumera las decisiones que se tomaron en el momento.

Entre otras medidas, según la Federación, se dispuso “un régimen general de ‘libertad vigilada’ para todos los medicamentos que se comercializaban en el país, es decir, liberó los precios de los productos que estaban en ‘libertad regulada’ o ‘control directo’”. Además, “dispuso la derogatoria inmediata del régimen de ‘control directo’ automático que regía para los precios de medicamentos con menos de tres oferentes en el mercado (monopólicos)”.

En esa misma circular se fijaron valores máximos de recobro para 25 productos, muy superiores a los precios internacionales. Es decir, el mismo Ministerio fijaba los precios tope que las farmacéuticas podían utilizar, pero les daba una enorme ventaja teniendo en cuenta los valores a los que se comercializan en otros países. Sólo un ejemplo: mientras el Gobierno dispuso que el Herceptin (de Roche), utilizado para tratar el cáncer de mama agresivo, se podía vender en Colombia hasta por $6’926.888, en Perú su costo es de $4’675.520 y en España $5’117.839.

En resumidas cuentas, la Federación señala que esta circular “inutilizó la regulación de precios de medicamentos en Colombia. En lugar de hacer efectiva una normatividad simple (...) la reemplazó con un nuevo régimen, que en la práctica resultó claramente favorable a los intereses de las farmacéuticas y catastrófico para la salud pública”.

Y los recobros del Fosyga se seguían disparando: en 2005 sumaron $291.606 millones y en 2006 $628.254 millones. Entre tanto, Palacio no hacía nada por frenar la hemorragia del sistema.

En julio de 2008 llegó la Sentencia T-760 y se le ordenó al Ministerio de la Protección Social y demás entidades sanitarias del país garantizar el goce efectivo del derecho a la salud (que hacía énfasis en acceso, calidad y eficacia en el flujo de los recursos). Según la Federación Médica, ni esa sentencia “logró modificar la política de desregulación de precios y recobros”.

Antes de terminar su era en el Ministerio Palacio dio una última puntada. Se anunció con bombos y platillos que a través del Decreto 1313, de importaciones paralelas, podrían entrar al país algunos medicamentos que el Gobierno había establecido, lo que incentivaría una mayor competencia y bajaría los precios. La Resolución 1499 fijó un listado de 138 medicamentos cuyo precio se esperaba reducir con este mecanismo, dice el informe de la Federación.

La sorpresa que tenía reservada el Ministerio llegó 15 días después —detalla la Federación Médica—, cuando se expidió la Resolución 1662, “dedicada exclusivamente a retirar diez medicamentos de la multinacional Roche” de la lista de productos que podían entrar al país a través de las importaciones paralelas. Lo que quiere decir que Roche no tendría que sortear la llegada de nuevos competidores. Por estos hechos la Federación denunció al exministro Palacio ante la Procuraduría y la Contraloría. El Espectador publicó los pormenores de este caso en su edición del pasado 7 de abril.

Para ese momento los recobros del Fosyga seguían por las nubes: en 2008 fueron de $1 billón 202.756 millones, en 2009 de $1 billón 812.505 millones y en 2010 de $2 billones 236.120 millones.

Este fue el legado que Diego Palacio le dejó al sistema de salud del país, según el informe que la Federación Médica presentó ayer ante la Corte Constitucional, en una audiencia de seguimiento a la Sentencia T-760. Al ser consultado por El Espectador, el exministro aseguró que de ser notificado responderá ante los organismos de control. Sería bueno que también aclarara estas acusaciones a los millones de colombianos cuyas vidas dependían y dependen de los recursos que estuvieron en sus manos.