Minsalud regularía precios de fármacos

Las EPS que en 24 meses no se ajusten a los cambios serían liquidadas.

En el proyecto que plantea el Gobierno se propone que, a partir del año 2015, el funcionamiento del sistema se evaluará cada cuatro años.  / Archivo
En el proyecto que plantea el Gobierno se propone que, a partir del año 2015, el funcionamiento del sistema se evaluará cada cuatro años. / Archivo

Si salen adelante las propuestas para reformar la salud, radicadas ayer por el Gobierno ante el Congreso, tendrán que pasar dos años de transición para que empiece a operar un nuevo sistema, en el que la regulación de precios de servicios y tecnologías de salud quedará en manos del ministerio del ramo..

Este cambio acabaría con las habituales confrontaciones en la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, que tiene hoy ese trabajo. No es un secreto el contraste que existe entre las posturas de los miembros de la comisión: mientras el ministro de Salud (uno de los tres integrantes) ha tenido habitualmente una posición en defensa de la salud pública, el ministro de Comercio de turno (segundo miembro) se ha inclinado más por salvaguardar los intereses de los actores privados que forman parte de este mercado. El tercer integrante es un delegado del presidente.

En el nuevo sistema que planea el Gobierno el país dejará de hablar de EPS (entidades promotoras de salud) y en su lugar tendrá “gestoras de salud”. También quedará en el pasado el Fosyga, que es hoy la cuenta estatal que gira los dineros a las EPS por la prestación de servicios que no están incluidos en el plan de beneficios, y entrará al escenario Salud-Mía, un fondo único que manejará todos los recursos del sistema.

En nueve capítulos y 67 artículos, el Ministerio de Salud plantea este cambio radical. Así será la transformación:

¿Se van las EPS?

Para empezar por el anuncio más popular, que incluso ha sido retomado por el presidente Juan Manuel Santos, habría que decir que no es del todo cierto que las EPS se van a acabar. Más bien se transformará su papel: dejarán de manejar los recursos que el Gobierno les giraba (para que ellas a su vez les cancelaran las facturas a las clínicas y hospitales que atendían a sus usuarios) y pasarán a ser gestoras de salud.

Sus funciones, entre otras, serán auditar las facturas que generen los centros médicos que atienden a sus afiliados y servirles de enlace con el fondo Salud-Mía, que será el encargado de los pagos; además deberán conformar y gestionar la operación de unas redes de prestadores de servicios de salud (clínicas y hospitales).

¿Cómo ocurrirá esa transición? Las EPS que se encuentren al día en sus obligaciones con el sistema de salud y que cumplan con los requisitos de habilitación podrán transformarse en gestores de servicios de salud. Para esto tienen un plazo máximo de dos años. Las que no lo logren en ese período “se disolverán y liquidarán”, reza el proyecto, y aquellas que sí logren ese tránsito podrán conservar sus afiliados dentro del área donde fueron autorizadas para operar.

Los afiliados podrán elegir libremente a los gestores de servicios de salud y a los prestadores de servicios de salud o los profesionales.

¿Todo el dinero estará concentrado en un solo fondo?

Salud-Mía será la columna vertebral del nuevo sistema de salud, el fondo de donde saldrán todos los dineros que sostendrán al sector, provenientes, entre otros, del presupuesto general, del sistema de participación y del recaudo tributario.

Se prevé que Salud-Mía manejará al año $5 billones para hacer los giros y transferencias a los diferentes agentes del sistema, entre otras tareas. También estará a cargo de afiliar a la población y de recaudar las cotizaciones de los usuarios. Su junta estará conformada por tres miembros, incluido el Ministro de Salud y Protección Social, que la preside.

Un plan de beneficios ampliado

Se llamará Mi Plan y estará listo seis meses después de que empiece a regir la ley. Además de contener los procedimientos y medicamentos incluidos hoy en el Plan Obligatorio de Salud, contendrá “los servicios y tecnologías pertinentes” que hoy no figuran dentro del plan de beneficios pero que son recobrados recurrentemente en el Fosyga (es decir, que hoy están en un listado llamado No POS, que contiene las referencias de servicios y fármacos que no cubre el sistema de salud).

En la exposición de motivos se argumenta que gran parte de la crisis financiera del sector se debe a “la estructura y configuración actual del POS que incentiva la generación de recobros, presiona el uso de nuevas tecnologías y genera barreras de acceso”.

El problema, argumentan, es que en el POS están descritas minuciosamente las referencias que deben ser cubiertas, a lo que algunos actores del sistema han respondido con nuevos “recursos” para sacar provecho. Y dan un ejemplo: “Actualmente el acetaminofén en jarabe forma parte del POS, pero el acetaminofén en gotas es No POS. La efectividad de las dos formas farmacéuticas es idéntica. Sin embargo, la posibilidad de recobrar el acetaminofén en gotas incentiva su prescripción”.

El objetivo con Mi-Plan, dice la reforma, es crear “un plan de beneficios con una estructura flexible” para blindar al sistema.