"Muchos quieren que haya confrontación"

El mediador del Gobierno para negociar con los aborígenes una salida al conflicto en el norte del Cauca, cree que la infiltración de las Farc en algunas organizaciones indígenas afecta los diálogos y que es importante generar confianza entre las partes.

Hace cerca de 100 años, su bisabuelo, Guillermo Valencia, fue el principal opositor al líder paez Manuel Quintín Lame, en su campaña de movilización por la autonomía y los derechos de los indígenas del norte del Cauca. Hoy, Aurelio Iragorri Valencia, alto consejero presidencial para asuntos políticos, oficia como mediador en el conflicto que desde hace más de una semana se vive en la región, donde las comunidades exigen la salida de sus territorios de todos los actores armados, Fuerza Pública y guerrilla.

En diálogo con El Espectador, Iragorri Valencia habla de los puntos con que arrancan las discusiones, de las propuestas que llevará el Gobierno, de la difícil situación que históricamente ha padecido el norte del Cauca, de la necesidad de generar confianza ante la infiltración de la guerrilla en la región y responde a las voces que quieren hacer ver lo sucedido como una clara muestra del retroceso en seguridad del gobierno Santos y a quienes le endilgan gran parte de la responsabilidad a la clase política del departamento, la cual su padre, el senador Aurelio Iragorri Hormaza, ha liderado durante más de 30 años.

Con todo lo sucedido, ¿cómo arrancan las negociaciones?
El objetivo era lograr que se calmaran los ánimos y que la población indígena no siguiera atacando a nuestros militares y policías. Aunque las comunidades dicen que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, lo cual es cierto, logramos, mediante el diálogo y la concertación, acordar que ellos tomaran la decisión de declararse en asamblea permanente y retirarse del punto estratégico del cerro Berlín.

¿Por qué los indígenas insisten en que no hay acuerdo como tal?
Primero hay que decir que hay mucha gente interesada en que las cosas no funcionen. Ellos dicen que no hay acuerdo porque establecen una serie de principios de discusión que tienen que ver con el fondo de las dificultades: que se dé el retiro de la Fuerza Pública, que la autoridad la va a manejar la Guardia Indígena, que van a enfrentar directamente a la guerrilla, que no quieren personal armado en sus territorios y otros puntos sobre inversión social. Eso es lo que vamos a entrar a discutir a partir de hoy.

Cuando dice que hay gente interesada en que las cosas no funcionen, ¿a quién se refiere?
A aquellas personas que tienen posiciones radicales dentro de los líderes indígenas; a todos aquellos pobladores de Toribío que están dedicados a actividades propias de las milicias, de la guerrilla o del narcotráfico, y a los que les interesa la confrontación porque eso genera desgaste para el Gobierno y es un hervidero político del que muchos sacarían ganancia.

¿Hervidero político que tendría que ver con que el uribismo estuvo detrás de la creación de la Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC), para hacerle contrapeso al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)?
No creo. De hecho, el contrapeso de la OPIC no ha sido tan fuerte. Hay dirigentes del CRIC que no están de acuerdo con la posición de los dirigentes de Toribío. Dentro de la población indígena no hay unanimidad de criterios con respecto a que la Fuerza Pública abandone sus territorios. Al hablar del hervidero me refiero a que cuando las acciones son de hecho y hay heridos y muertos en la población indígena, eso genera solidaridad de parte de más indígenas y acaba en una gran movilización. Por eso es que digo que no se puede permitir que sigan los enfrentamientos.

Siendo así, es lógico pensar que será muy difícil bajarle la temperatura a esta situación teniendo ya dos muertos …
En Toribío, que es el centro del enfrentamiento, no hubo ningún muerto. La muerte en Caldono obedeció a la acción de un retén militar y el muerto de Huasanó, en Caloto, fue en un intercambio de disparos entre la guerrilla y el Ejército. No se sabe qué pasó y eso lo determinará la prueba balística. Sin duda la situación es muy complicada, pero aquí la única salida es ponernos de acuerdo, dejando claro que el Gobierno no va a ceder en cuanto a que haya sitios vedados para la Fuerza Pública.

¿Qué información tiene el Gobierno sobre el papel de las Farc en todo lo sucedido?
La guerrilla, sin duda, no quiere que haya acuerdo. Ellos lo que quieren son las acciones de hecho y la sacada de la Fuerza Pública de la zona. Lo otro, que es la generalización del tema de la infiltración de las Farc en las organizaciones indígenas, es algo que afecta mucho los diálogos. No se puede generalizar, porque ello deslegitima a las autoridades indígenas y yo sí soy un convencido de que la gran mayoría son gente que no están infiltradas. Sin duda es un tema delicado y más aún tratándose de Toribío, un municipio estratégico para el tránsito de narcóticos y de armas y para la movilización de la guerrilla. Hay un hecho que ha pasado inadvertido y es que si se mira la historia de los últimos 10 años, en este municipio había un puesto de siete policías y en un momento se decidió retirarlo. Toribío estuvo totalmente en manos de la guerrilla durante dos años, fueron la única autoridad, tomaban las determinaciones, decidían quién entraba y quién salía. Eso demuestra que el hecho de no tener Fuerza Pública ya se dio allí, aunque no fue a propósito, y habría que preguntarle a la gente cómo le fue en esa época. Si la solución para que se acabe la guerra es desmilitarizar a Colombia, pues eso sería la decisión a tomar de manera inmediata.

El Gobierno dice que no va a retroceder un milímetro y los indígenas no quieren actores armados en sus tierras…
Claro, hay diferencias en las dos posiciones y será difícil llegar a acuerdos. Pero a partir del diálogo se pueden desencadenar cosas positivas que nos permitan lograrlo.

¿Cuál será la propuesta del Gobierno?
Hay unos argumentos de las comunidades indígenas que dicen que el problema en Toribío es distinto al de los otros municipios del Cauca. Nosotros creemos que hay otras maneras, con la presencia de la Fuerza Pública, de resolver la situación que vive hoy el pueblo. Por ejemplo, hay temas a analizar: que la gente está muy cerca de las tropas, que hacen trincheras al frente de las casas o que es necesario tener un control absoluto de las montañas aledañas, de donde la guerrilla vive disparando. Ahora, en ese diálogo, lo primero que tenemos que lograr es que haya confianza entre las partes, porque uno no se puede sentar a dialogar pensando en que quien está al frente es un miliciano. Tengo que sentir que estoy hablando con una autoridad indígena que está pensando en el bienestar de su pueblo. Y él no puede pensar que yo, mientras estoy discutiendo, lo que quiere es dejar las cosas como están.

Los indígenas piden la no judicialización de quienes participaron en el desalojo de los militares.
Ese es uno de los puntos de discusión que se han planteado, pero no le podemos decir a la Fiscalía que no ejerza sus funciones.

Usted forma parte de una clase política que durante años ha manejado el poder en el Cauca, ¿qué responsabilidad les cabe?
Esa pregunta me la han hecho muchas veces y la gente puede pensar que es una forma de deslegitimar mi accionar como uno de los mediadores en este tema. Como miembro de mi familia, sólo puedo decir que he visto el esfuerzo y sacrificio de mi padre (el senador Aurelio Iragorri Hormaza) en este caso y que él ha dedicado su vida a servirle y ayudar al Cauca. Seguramente no fue suficiente y en ese océano de problemas que tiene el departamento, aportó sólo una gota de agua. Pero no creo que exista un solo municipio donde no haya una obra que haya sido gestionada por mi padre. Ahora, yo no quiero revolver el tema político local, porque estoy aquí como representante del Gobierno y sé que me han dado la confianza por el trabajo desarrollado en el Ministerio del Interior con las comunidades indígenas.

¿Pero entonces por qué después de tantos años ha sido imposible resolver el problema?
Lo que está pasando tiene que ver con el conflicto armado y en ese tema no se le puede echar la culpa sólo a la dirigencia política departamental. Hay que mirar la responsabilidad del Gobierno Nacional a lo largo de la historia, por qué abandonaron un departamento que ha generado 17 presidentes, o cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron por haber hecho esas reformas a través de las cuales hoy cerca de 700 mil hectáreas, de tres millones que tiene el departamento, les pertenecen a las comunidades indígenas, pero no ha sido posible que sean productivas. Es claro que antes de estas políticas el Cauca estaba en una situación mejor.

¿A usted no le llama la atención que causen más indignación las lágrimas de un soldado que la muerte de un indígena?
Me causan igual indignación las dos cosas, no sólo la muerte de un indígena, sino que la gente de mi departamento tenga que sufrir durante tantos años con este conflicto. Antes nadie miraba para este lado, pensaban que era un problema lejano y fue triste sentir como hoy todos los caucanos hemos tenido que vivir las muertes de esta guerra. Por eso, con la responsabilidad que me compete, estoy tratando de buscar una solución. El Gobierno ha anunciado una inversión de 500 mil millones de pesos, eso es un monto sin precedentes de inversión en el departamento, lo cual nos permitirá, si se manejan bien los recursos, lograr avances muy importantes en prosperidad.

¿Será que el Cauca es la muestra de que se está retrocediendo en seguridad?
Eso hay que mirarlo con estadísticas. Hay que mirar lo que pasó antes en Toribío y que no salía en los medios. Eso sale hoy porque las autoridades indígenas hicieron lo que hicieron, pero ese problema no es de hace dos años, es de mucho más atrás, aunque es cierto que debemos mejorar en aspectos de seguridad. Pero hay que acordarse también que los número uno y dos de las Farc fueron dados de baja durante este gobierno, uno de ellos en el Cauca.

La respuesta a Iragorri

James Yacacué, Consejero Mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin), dijo que le demostrará al gobierno con cifras datos y hechos que la militarización “así como la plantea la Política de Consolidación Nacional no tiene ningún futuro, porque se gasta mucho dinero en la burocracia de la guerra y no en lo social. El sindicato que tiene el presidente Santos en las fuerzas militares va a ser lo complicado para poner en la mesa”.

Yacacué advirtió que los indígenas tienen toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno y estuvo de acuerdo con Iragorri en que hay muchos intereses alrededor de la negociación. Habló de los políticos tradicionales del Cauca, de los narcotraficantes que compran conciencias y de las Farc que quiere seguir lucrándose a nombre de la guerra, más ahora que cree tendrían la minería ilegal de oro en la mira.

 

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