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hace 8 horas

Otra oportunidad para los morosos

Los colombianos que son personas naturales ahora tienen un instrumento que les permite declararse insolventes sin tener consecuencias, como la pérdida de su casa o carro.

Al final de la década de los 90, cuando los colombianos que no tenían caja para cubrir sus deudas terminaron pagándolas con sus propiedades y la crisis económica se acentuó en el sector hipotecario, una escena se volvió frecuente: familias enteras eran desalojadas de sus casas y apartamentos, perdían los derechos sobre posesión, las entregaban como dación de pago y terminaban físicamente en la calle con una deuda por pagar que resultaba más alta que el valor mismo del inmueble. Escena que una década más tarde, tras la reglamentación de la Ley 1380, no se volverá a repetir.

“Desde hoy todos los colombinos cuentan con la posibilidad de declararse insolventes. Eso es muy importante, ya que es un nuevo derecho que tenemos y que aparece cuando una persona esté retrasada en sus deudas por cualquier razón, como que se quedó sin trabajo, por temas de salud o porque está en el campo y el invierno lo afectó, entonces puede ir a un Centro de Conciliación y allí puede declararse en insolvencia”, sin capacidad para pagar, pero con las intenciones de hacerlo, dice Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y quien estuvo detrás del proyecto de ley.

Al llegar a la oficina de conciliación el deudor obtiene varios beneficios, como el de la suspensión del cobro de intereses y el costo de trámites judiciales. Lo que viene es convocar a aquellos a quienes la persona les debe, llamados acreedores, para lograr un acuerdo de pago. Una ley que se convierte en un instrumento de ayuda a los 17 millones de colombianos que tienen acceso a algún producto del sistema financiero.

El beneficio que ya estaba vigente para las personas jurídicas o empresas, y que sirvió para que equipos de fútbol como Millonarios o América lograran sanear sus deudas y seguir adelante sin perder su capital, o compañías como Acerías Paz del Río alcanzaran balances positivos en sus cuentas, ahora se traslada a las personas naturales siguiendo un modelo exitoso que ya se tiene en países como Estados Unidos, España o Uruguay.

Y es que la Ley 1380 está diseñada para los asalariados. Por eso la Corte Constitucional instó al Congreso para que se tramite un régimen de personas naturales, donde se tenga en cuenta la buena fe del deudor y que estar retrasado no significa ser bandido. “Mecanismos institucionales para salir adelante”, apunta Gaviria. “Esta ley con el tiempo se va a entender como el primer derecho económico que tienen los colombianos, que este es un país con segundas oportunidades”, agrega.

El decreto reglamentario de la ley fue firmado el siete de septiembre por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y contó con el beneplácito y el acompañamiento de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron escuchados los banqueros y demás representaciones que antes tenían, vía acto judicial, la posibilidad de cobrar sus acreencias.

María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, fue clara en detallar que “es un nuevo instrumento que se suma a los ya existentes para dirimir los conflictos con las instituciones bancarias, que entre sus ventajas tiene la promoción de un acuerdo entre las partes”. La líder gremial es enfática en recordar que “en el caso de los créditos hipotecarios hay que anotar que un gran porcentaje de los pleitos no terminan en el remate de los inmuebles, porque las partes (el deudor y el banco) llegan a un acuerdo de pagos durante el transcurso del juicio. Y cerca del 90% de éstos se cumplen”.

El documento deja la claridad de que el proceso tiene una duración máxima de 60 días con 30 prorrogables y que no es abierto en el tiempo. Esto quiere decir que la persona que se declare insolvente no lo puede hacer de por vida, tan sólo una vez cada seis años y la deuda sea por lo menos el 50% del total de los activos.

Esta nueva ley también cobija a deudas que se tengan con la DIAN, y junto con esas, a las que se tienen no sólo con el sector bancario, sino también todas aquellas que provengan del cobro de servicios públicos, sectores donde se espera aparezca el mayor número de beneficiarios.

Precisamente Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, dice que “las personas que violan la ley de manera sistemática en una sociedad que desaparezcan, pero quienes estén pasando por un momento difícil, que busquen mecanismos y que se les den los alivios que les permitan generar empleo y seguir operando”. Y apunta que “todo el mundo tiene derecho a meter la pata de vez en cuando. Es parte del proceso productivo normal. La gente comete errores y se quiebra. Eso no es malo siempre y cuando no sea con intención”.

Un aliento para quienes ya se sienten ahogados por las deudas y que no encuentran la salida para sanearlas, como cuenta César Ferrari, catedrático de la Universidad Javeriana y exdirector del Banco Central de Perú, quien dice que esta “es una forma de darles un respiro a aquellas personas que por alguna situación vieron cómo sus deudas aumentaron en contravía de sus activos, como los campesinos que sufrieron la ola invernal. Ahora podrán declararse en quiebra técnica y llegar a una renegociación de pagos de sus deudas”. Aclara, además, que es “un instrumento que se ha aplicado en otras partes de América Latina. La idea es proteger a quienes realmente necesitan reestructurar sus deudas y no a aquellos sinvergüenzas que viven inmersos en la cultura del no pago”.

Y precisamente ese fue uno de los temas que se tuvieron en cuenta a la hora de la reglamentación, pues existía el riesgo de que algunos pudieran aprovechar este nuevo escenario para saldar sus responsabilidades. Por eso, y si es detectada una intención de fraude, esta será catalogada como crimen financiero, habrá pena con cárcel de uno a seis años y se debe tener en cuenta que quien se declare insolvente no puede hacer traspaso de bienes sujetos a registro en los últimos seis meses y tampoco se permite que sume deudas con familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad.

¿Y en materia de capital hay alguna restricción? No, cualquier tipo de persona puede hacerlo sin importar el tamaño de la deuda, “eso sí, si es estrato 1 o 2 y la deuda es menor de 100 salarios mínimos, el trámite de conciliación es gratuito en cualquier centro de conciliación”, cuenta Gaviria. Procesos de conciliación que precisamente se pueden adelantar en los centros jurídicos de las universidades, en una notaría o en algunas alcaldías, todas ellas autorizadas por la ley.

Requisitos para solicitarla

De acuerdo con la ley, todos los colombianos que necesiten usar este nuevo instrumento deben cumplir con un juramento y junto con ello deben hacer un inventario de sus activos o bienes con la colaboración de un contador público. Esto con el fin de tener la seguridad y la claridad sobre el proceso que vendrá. Luego de presentarlos y de surtir todos los trámites, se celebrará la audiencia entre las dos partes y, aunque el documento dice que sólo se podrá hacer una sola audiencia, ésta se podrá suspender las veces que sean necesarias para lograr unas mejores condiciones de pago y de cumplimiento de las obligaciones.

Así las cosas y desde hoy, antes de que le embarguen todas sus propiedades por problemas de caja o cartera, usted tendrá la posibilidad, a partir de su buena fe, de contar con una segunda oportunidad para pagar sus deudas sin la necesidad de cubrirlas con la pérdida de sus propiedades. Claro está, siempre asumiendo un nuevo compromiso de pago por lo que le falta cancelar.

Las claves de la ley

Este proceso busca que aquellas personas naturales (no comerciantes) que sean deudores de buena fe y tengan voluntad de pagar, puedan llegar a un acuerdo para realizar sus pagos.

Se trata de un trámite sencillo, rápido y gratuito que debe iniciarse en cualquier centro de conciliación de una universidad, notaría o alcaldía. Allí la persona se compromete a pagar su deuda en 60 días.

Con la medida se beneficiarán los más de 17 millones de colombianos que tienen actualmente un producto financiero y que hayan incumplido dos o más cuotas de sus obligaciones por más de 90 días.

También podrán utilizar este instrumento los deudores contra quienes cursen una o más demandas de ejecución o jurisdicción coactiva.

Al llegar a un acuerdo de pago no podrá ser inferior al 50% del monto total de la deuda. Durante el período que dure la insolvencia se suspenderá el cobro de intereses de cualquier tipo.

La insolvencia tendrá un tiempo limitado de máximo 90 días, con opción de prórroga por otros 60. El afectado sólo podrá recurrir a este beneficio cada seis años.

La ley también dispone penas de hasta seis años de cárcel para las personas que se acojan a la ley e incurran en fraude en la información, documentos, calidad de los acreedores y en su estado civil.

Tomado de la cartilla Abecé del Presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria.

Algunos apartes de la Ley 1380

El texto, que fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aclara que le ley tiene vigencia para personas naturales no comerciantes y que el deudor puede proponer distintas alternativas para llegar a un acuerdo de pago, entre las que se cuenta, por ejemplo, la revisión de intereses, la refinanciación, la dación en pago (en el caso de una deuda hipotecaria, por ejemplo) o hasta el intercambio de activos. Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, explicó que si la persona tiene una deuda de $100 millones y quiere pagarla total o parcialmente con un inmueble avaluado en $150 millones, lo podrá entregar y recibir la diferencia.

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