Otro riesgo electoral

Ochenta y dos empleados son procesados por presuntas irregularidades, lo que se podría traducir en peligro de fraude en las elecciones regionales del próximo 30 de octubre.

Históricamente el principal riesgo para las elecciones en Colombia era la alteración del orden público por parte de los grupos ilegales, que por la fuerza de las armas obligaban a los ciudadanos a acudir a las urnas y apoyar el candidato de su predilección o, por el contrario, amedrentaban a los electores para que no ejercieran su derecho al voto. En los últimos años las cosas han cambiado y también la estrategia de los ilegales que ahora buscan cooptar el poder regional de forma más sutil apelando al fraude como herramienta para lograr sus fines.

Ante este cambio de maniobra adquiere singular importancia la transparencia de los miembros de las organizaciones electorales y, del mismo modo, resulta de gran preocupación que 78 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil estén siendo objeto de investigaciones relacionadas con las irregularidades en la inscripción de cédulas, intervención en política, parcialidad política e incumplimiento de sus labores.

Pero lo que resulta más complejo es que de estos 78 funcionarios investigados, 58 son registradores municipales, el eslabón más importante y garante de transparencia en un proceso electoral.

Esta preocupante información fue entregada por la Registraduría a la Misión de Observación Electoral (MOE). Al respecto su directora, Alejandra Barrios, manifiesta que “no se trata de una cifra menor, son los registradores municipales los encargados de garantizar la trasparencia, y si esas garantías no existen, de ahí para abajo la legitimidad de la organización del proceso electoral se viene abajo. Es importante aclarar que estos procesos se encuentran en investigación y los funcionarios no necesariamente son culpables, pero en procura de la transparencia no deberían estar a cargo de vigilar el proceso”.

Uno de los temas que más inquietud genera es que coincidencialmente las regiones en donde se presentan riesgos por violencia, empleo de subsidios del Gobierno a cambio de beneficios electorales o trasteo de votos coinciden son Magdalena, Córdoba, Chocó y Bolívar, dejando claro que los ilegales quieren ganar el poder regional sin importar las vías que sean necesarias para lograrlo.

La solicitud de medidas por parte de la Registraduría no son nuevas y tienen un complejo precedente: el pasado 22 de agosto el mismo presidente Juan Manuel Santos advirtió una serie de irregularidades que se estaban presentando con el registro de firmas para la inscripción de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa, a quienes, señaló Santos, les propusieron solucionar problemas en el registro de las firmas para inscribir sus candidaturas a cambio de $200 millones y ayudarles a ganar las elecciones por $2.000 millones.

Por esta denuncia se ordenaron 19 traslados de funcionarios de la Registraduría en el Valle del Cauca y se dio la salida de uno de los funcionarios más importantes de la entidad, el exdirector de Censo Electoral Hollman Ibáñez Parra, quien resultó salpicado con el escándalo. Además, fue cambiado el mecanismo de revisión de firmas para avalar las aspiraciones independientes.

Las alarmas están prendidas, la solicitud de marginamiento de estos funcionarios frente al proceso electoral de octubre ya fue realizada, ahora resulta necesario que la Registraduría tome medidas para evitar que las elecciones resulten afectadas por los principales responsables de la transparencia.

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