Plata, la pelea de fondo en educación

Analistas coinciden en que la reforma aportaría recursos importantes al sector: $11,1 billones en 10 años.

“Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia”. La frase atribuida a Albert Einstein fue la que escogió el Ministerio de Educación para encabezar un comunicado emitido el pasado 4 de octubre, en el que se explican los puntos más importantes de la reforma a la educación superior que comenzó su trámite en el Congreso.

La financiación de la educación ha sido, es y seguramente seguirá siendo la manzana de la discordia. En una esquina están los estudiantes argumentando que los recursos adicionales “son un pañito de agua tibia”. En la otra, el Ministerio de Educación recuerda que además del billón anual adicional proveniente de regalías para invertir en ciencia y tecnología, el presupuesto se incrementará tres puntos porcentuales, desde el año 2012 hasta 2022 (cerca de $11 billones).

En el medio, el propio Sistema de Universidades Estatales, que agrupa a representantes de las instituciones públicas, expresó que “si bien los nuevos aportes presupuestales están lejos de permitir el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad, el incremento presupuestal propuesto por el Gobierno es una mejora a la situación actual”.

¿A quién creerle? Pedro Pinilla, investigador independiente y exjefe de educación en Planeación Nacional, dice que si tuviera que conservar un aspecto de toda la reforma se quedaría con el capítulo de financiación. “El proyecto contiene recursos adicionales importantes para las instituciones de educación superior. Aunque, claro, nunca serán suficientes. Su sugerencia es que se discuta la forma de distribuir estos nuevos recursos y se comience a pensar en un verdadero “plan de desarrollo” para el sector educativo.

Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes, coincide con Pinilla en que “el gran debate aquí es cómo se va a distribuir ese dinero: se va a premiar a las universidades que amplían su cobertura (y con este criterio, por ejemplo, la U. Nacional recibiría una parte muy pequeña), o se va a compensar a las instituciones que le están apostando a la investigación (y en este caso la U. Nacional tendría una gran ventaja)”.

Para Luis Enrique Orozco, quien en 1992 ayudó a redactar la Ley 30 y ahora es director del área de gestión y políticas públicas de la Facultad de Administración en Uniandes, en los últimos 19 años, los costos de las universidades públicas comenzaron a crecer a un ritmo mayor de los aportes que hace el Estado. En ese sentido, cree que “a las universidades les va bien con la reforma, pues la tendencia hasta 2022 es que los recursos vayan aumentando”. En su opinión, el problema es que no se están discutiendo temas vitales, como la orientación intelectual del sistema universitario y la autonomía universitaria.

Chile: cinco meses de protesta por educación gratuita

Desde hace cinco meses los estudiantes chilenos reclaman la gratuidad de la educación y el mejoramiento en la calidad de la misma, mediante las protestas más multitudinarias y violentas que ha vivido ese país desde que terminó el régimen militar en 1990. Aunque se instalaron mesas de diálogo entre el Gobierno y los líderes estudiantiles, las negociaciones se rompieron el pasado 6 de octubre porque el Gobierno no ofreció satisfacer la demanda fundamental de los estudiantes, que es la educación superior gratuita para todos los sectores sociales. En cambio ofreció aumentar las becas para los alumnos de sectores pobres y de clase media baja. Los estudiantes siguen las movilizaciones en diferentes ciudades del país y convocaron a un paro nacional el 18 y 19 de octubre y a no iniciar el segundo semestre académico.

Maestros paraguayos piden mejoras salariales

Cerca de 10 mil maestros agrupados por el Comando de Unidad Sindical de los Trabajadores de la Educación (Custe) marcharon por las calles de Asunción, Paraguay, desde el lunes hasta el miércoles de esta semana, reclamando ante el Ministerio de Hacienda una reasignación presupuestaria para que cada profesor reciba un salario mínimo (US$400) por cada turno de trabajo y para que se repongan los recursos asignados para reparaciones y obras en los centros educativos. Estos gastos, que suman US$146,9 millones, fueron recortados por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto general que ahora está siendo analizado en el Congreso.

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