"Presenté 122 denuncias y no hay resultados"

‘Ad portas’ de responderle a la justicia, Ómar Figueróa, exfuncionario clave en caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, levanta su dedo acusador y explica su paso por la DNE.

El miércoles 26 de octubre se empezará a cerrar un nuevo capítulo en el escándalo por el manejo indebido de bienes de la mafia en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Ese día, en la audiencia de imputación de cargos contra 11 personas, todas las miradas estarán dirigidas hacia Ómar Figueroa, exdirector de la entidad. Él está encartado por la Fiscalía por negociaciones poco claras, por las que el ente acusador anunció la imputación de cinco cargos.

Sobre esta cita con la justicia, los vínculos de congresistas, su padre también encartado judicialmente, el papel de la Embajada de Estados Unidos, las actuaciones del sucesor en la entidad y los rumores sobre un posible preacuerdo con la Fiscalía habló con El Espectador.

Usted salio hace un año de la DNE, ¿por qué decidió hablar en extenso hasta ahora?

Porque es importante poner de presente las situaciones que se han venido conociendo en el último tiempo, para explicar cómo recibí la entidad y cuál ha sido su problema histórico. No por haber durado 11 meses como director puedo estar respondiendo por 20 años de un problema estructural de la entidad desde que nació. Este es un tema histórico, recurrente, que todos los directores han tenido que sortear.

¿Es consciente de que tiene un pie en la cárcel?

Es un asunto muy difícil el que estoy viviendo a nivel personal y familiar, porque hay ciertas situaciones que han llevado a que los organismos de control tengan los ojos puestos en la DNE, pero éstas empezaron a ser combatidas desde que asumí la dirección de la entidad. Fue así que en ejercicio de mis funciones se presentaron más de 122 denuncias de hechos de corrupción, de asuntos de terceros que querían burlar las normas de estupefacientes y hoy en día gran parte de esos casos se están conociendo, porque formaban parte de esas denuncias.

Viene la audiencia de imputación de cargos, en donde además de usted estará su padre. ¿Cómo la asume?

Es complicada y difícil personalmente, pero con la valentía y la gallardía que tuvimos desde el instante en que se iniciaron las investigaciones y que pusimos en conocimiento nosotros mismos ante la opinión pública, ante las autoridades judiciales, de que habían terceros y extraños que querían entrar a Estupefacientes tratando de agotar los caminos más fáciles, que no era presentarse utilizando los procedimientos idóneos, sino a través de situaciones atípicas.

Usted está citado por la Fiscalía para que responda por cinco presuntos delitos, pero causa especial atención el de concusión.

Soy respetuoso de la Fiscalía, está haciendo un estudio juicioso del tema, pero estoy dispuesto a entregarle a la justicia todo el material probatorio, no siquiera en la audiencia de imputación, sino desde antes, con el fin de que seamos escuchados previamente para que antes de una imputación la Fiscalía tenga clara la situación, porque es muy paradójico que a las personas que denuncié, hoy yo termine como imputado en el mismo banquillo de ellos.

¿Es decir que usted se siente chivo expiatorio?

No, pero sí se me hace ilógico, es injusto, que después de todo el esfuerzo que hice, de haber removido a 12 mil administradores de bienes, un hecho histórico en la DNE, hoy esas personas que denuncié, que puse de presente ante los organismos de control, ahora estén utilizándolos como testigos en contra mía, para poder así tener un resultado frente a la investigación.

¿En esta situación presentó denuncia contra su padre?

Es difícil, pero solicité se investigara si mi padre pudo cometer una conducta indebida frente a un negocio con unos bienes, pero será la justicia la que dé la última palabra.

¿Ha hablado con su padre sobre esa audiencia que tendrán juntos en 10 días?

Sí, es complicado, pero tenemos el valor civil, moral y ético para afrontar esta situación. Tenemos la convicción de haber actuado dentro del marco legal.

¿Cómo llega usted a la DNE?

Llego en el año 2002, cuando estaba el coronel Alfonso Plazas Vega, como profesional universitario, el cargo más bajo. Posteriormente fui ascendiendo, ocupé casi todos los cargos y en septiembre de 2009 el presidente Álvaro Uribe me nombró director, es un asunto de meritocracia.

¿Qué pasó en la DNE al punto que el Gobierno la liquidó?

Allí pasaron muchas cosas de tipo jurídico y administrativo. Fue creada en 1992 para manejar la política antidrogas, pero nunca la administración de bienes. A la entidad le cuelgan estas funciones, posteriormente llegaron los bienes a través de oficios no materializados. La Fiscalía entregaba, por ejemplo, una finca en Mapiripán (Meta) sin ni siquiera las coordenadas. Luego vino la ley de extinción de dominio, que cambió el proceso de entrega de bienes. Y fue así, dentro de la labor titánica que hizo el coronel Plazas Vega, que empezó a recuperar bien por bien y obviamente a generar esa expectativa que la DNE era una administradora de bienes. Pero la estructura que tenía la entidad no alcanzaba para ese fin. Con 33 funcionarios teníamos que administrar 75 mil bienes en todo el país. Situación muy difícil para tener pleno control de todos los activos.

¿Y en qué momento empieza a volverse botín de los políticos?

Es una situación que está en proceso de investigación. Obviamente, la clase dirigente del país percibe recursos de todas las entidades públicas. Para nadie es un secreto que los congresistas, los gobernadores o alcaldes vienen a Bogotá a hacer gestión para sus administraciones y van a todas las entidades del Estado a solicitar ayudas para sus regiones.

¿Y en la DNE qué solicitaban?

Vehículos, sitios urbanos o predios rurales con el fin de desarrollar proyectos productivos para las regiones.

Pero como se ha denunciado, estos bienes terminaron, a través de terceros, enriqueciendo a congresistas.

Dentro de mi papel como subdirector y director jamás tuve pleno conocimiento de esa situación, porque había un procedimiento reglado que se utilizaba en unos comités de selección de hojas de vida y en unas convocatorias públicas. Cuando asumí la dirección ese procedimiento se trasladó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, y fue así que trasladamos administrativamente 12 mil bienes para que esta entidad ejerciera la administración.

Entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia está indagando sobre 14 congresistas?

Obviamente existen unas denuncias públicas, pero son temas de oídas. No me consta esta situación en particular.

Se ha tenido conocimiento de que Amparo Lucía Vega, la funcionaria de la DNE que entregó al director Juan Carlos Restrepo un documento en donde se relacionaron a congresistas, desconoció hace unos meses el tema ante la Corte Suprema. ¿Qué opina?

Aquí lo que tiene que salir es la verdad. Aquí ni podemos hablar con conjeturas ni chismes de pasillo, sino con pruebas sólidas. Si hay pruebas, por qué no me lo manifestaron cuando era director para haberlo denunciado, así como lo hice en 122 casos.

¿Por qué estos funcionarios de la DNE sí denunciaron el caso en la actual administración de Juan Carlos Restrepo y no cuando usted era el director?

Es una situación atípica, porque mi administración fue de puertas abiertas. Lo que pienso es que los funcionarios no actuaron desde el marco que les correspondía. Después de que anunciaron la intervención de la entidad empezaron a surgir conjeturas, chismes y rumores de pasillo, que obviamente los recopilaron en un documento que es el que judicializan ante la Corte Suprema y la Fiscalía.

¿Y el préstamo por $26 mil millones que en la DNE le hicieron a los Nule?

No tuve la competencia de esa situación. A mí, por el contrario, me tocó la recuperación de esos recursos, pero tengo entendido que las normas facultaban a la entidad para hacer el préstamo.

Su sucesor Juan Carlos Restrepo ha denunciado que por decirlo de alguna forma la DNE era una cueva de Rolando, ¿lo comparte?

No lo comparto. Me parecen preocupantes esas afirmaciones falsas del doctor Restrepo y más aún cuando en los últimos días su secretario general manifestó que él tuvo que ver con corrupción en la actual dirección del doctor Restrepo. Es una situación que no entendemos, porque él hace la calificación de una gestión en donde tipifica unas conductas ante la opinión pública y la justicia sin tener un material probatorio que permita aseverar esa situación. Entonces, ¿será que hay que darle validez a lo que dice el secretario general del doctor Restrepo?

¿Y que dijo el secretario?

Que él tuvo que ver en la administración del doctor Restrepo hechos de corrupción a nivel directivo.

¿Por qué percibe que Restrepo ataca su administración?

No lo conozco y con él tuve un empalme de 10 minutos para la entrega de 75 mil bienes. Lo que queremos es que respete la administración anterior y la dignidad de unos funcionarios, así como la estigmatización que tienen hoy las personas por unos prejuicios, y me incluyo, porque haber trabajado en la DNE frenó nuestras carreras y nos puso en tela de juicio ante la sociedad.

¿Dicen que usted anda en un vehículo Porsche?

No tengo vehículo. Un Chevrolet Aveo que me lo prestó la dirección de seguridad de la DNE. Soy una persona de clase media, que en este momento no tiene vehículo particular y pongo a disposición de la opinión pública mi declaración de renta.

¿Qué cree usted que busca Juan Carlos Restrepo al atacar su administración?

No sé qué busque frente a lo personal o lo institucional. Yo también denuncié. También intervine el sistema con conocimiento del Consejo Nacional de Estupefacientes y a través del CTI. Pero es muy raro que de las 122 denuncias que presenté, a la fecha no haya ningún resultado frente a esas investigaciones de verdaderos carteles que querían usurpar los bienes por fuera de la entidad, que me suplantaban, que falsificaban mi firma, la de funcionarios, y que utilizaban los nombres de terceros.

En el fondo, ¿el caso de la DNE no se convirtió en uno de los ejes de las diferencias entre el gobierno Santos y Uribe?

Dios quiera que no sea así, porque harían un daño institucional a una entidad que no merecía ser liquidada, sino reestructurada.

¿Volvió a hablar usted con quien era su jefe directo, el exministro Fabio Valencia?

Frente a este tema de la DNE el gobierno anterior ha estado muy pendiente y ha pedido aclaraciones con algunos temas. He sido muy respetuoso frente al expresidente Uribe y a Fabio Valencia, a quien le he remitido una explicación sobre cada tema que se ha hecho público.

¿Y en qué momento aparece la exfiscal Ana Margarita Durán investigando a la DNE?

Era la competente para hacerlo. Me entero de su salida, motivando una renuncia, por unos comentarios que hizo el director Restrepo frente a un posible cambio de radicación del proceso. Como se supo, la fiscal manifestó que no y a la fecha no fue así.

¿Qué paso con Camilo Bula y el manejo de algunos bienes?

Él es un liquidador nombrado en la DNE, respaldado por la Supersociedades. Adelantó el trámite de venta de activos de la empresa Promocón, que hoy está investigada por la forma como se vendieron esos activos. Tanto él como yo, y como muchos funcionarios, estamos siendo investigados en la medida que la justicia está averiguando por el destino de 75 mil bienes. Los administradores fueron investigados rigurosamente por las autoridades antes de nombrarlos, y luego de ser designados se le informaba al fiscal.

Parecía que usted tenía el apoyo del ministro Germán Vargas, ¿por qué se lo quitó?

Estuve con el actual gobierno un mes y medio, tuvimos una reunión de empalme y luego otra, hasta que renuncié al cargo. Además, hay que reconocer que detrás de mi cargo había muchas personas que inventaban chismes para ocuparlo.

¿Pero no es un chisme que su salida de la DNE la motivó la entrega de unos bienes a un administrador cercano a Daniel ‘El Loco’ Barrera?

Es una situación muy particular. Frente a ese tema los organismos de investigación jamás me lo advirtieron; al contrario, era un hombre que tenía una trayectoria de 30 años y había sido vicepresidente de la Asociación de Transportadores de Colombia. Era un tema puntual y en ninguna base de datos estaba reportada su relación indirecta con Barrera. Incluso, cuando fue nombrado, se le informó a la Fiscalía.

¿Y qué ha hablado con el exdirector Carlos Albornoz?

Está muy sorprendido con esta situación, porque hizo una labor importante en la DNE. Vendió activos por $300 mil millones, que fueron incorporados al presupuesto para construir cárceles.

Como director usted siempre contó con el apoyo del DAS, ¿por qué su director Felipe Muñoz se le retiró?

Él forma parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Hicimos acercamientos frente a operativos que se estaban llevando, hicimos unas capturas y después una reunión de intercambio y colaboración, pero nunca tuve una situación particular de distanciamiento. No podría puntualizar qué fue lo que pasó.

Hubo un momento en el que usted se convirtió en apoyo en Colombia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo fue eso?

Con la Embajada tuvimos una plena relación, con la OFAC, tratando asuntos de cultivos ilícitos. En la DNE había muchos funcionarios expertos en el tema de narcotráfico, pero con todo lo que paso se perdió un recurso humano muy valioso.

¿A usted le quitaron la visa?

Hasta el día de hoy no he tenido conocimiento de esa situación, tengo mi visa vigente. No me ha llegado ninguna comunicación de la Embajada en ese sentido. Mantengo toda la disposición de colaborar con la investigación. Incluso, en su momento, a la investigación en la DNE la exfiscal Ana Margarita Durán incorporó a la Embajada de Estados Unidos y me he puesto a disposición de ellos para contar 122 casos de corrupción que detectamos. Esto no puede quedar así.

Usted dice que denunció 122 casos de corrupción en la DNE y esta ‘ad portas’ de irse a la cárcel, ¿cómo lo interpreta?

Es complicado, porque luego de denunciar estos casos, hoy a las personas que pedí investigar pueden ser utilizadas como testigos en mi contra.

Daniel Torres, conocido como ‘El hombre del maletín’, quien sería el nexo entre congresistas y la DNE en el manejo de pagos y bienes, tiene cerca de 250 entradas registradas en dos años. ¿Qué piensa de esto?

No me constan sus actuaciones. La DNE es una entidad pública y entran muchas personas. Incluso, puede haber personas que tengan igual o similar número de entradas que él. No lo conocí. Un día recibí un informe de funcionarios donde me decían que su presencia era notoria. De inmediato se le suspendió la entrada.

¿Y Liliana Garavito?

Fue la persona de quien se habló de una negociación o un arrendamiento de un bien. De esto se le informó a la Fiscalía y jamás se le entregó un bien. Previamente me habían dicho que si no entregaba ese bien me hacían un escándalo público, situación que se da. Esa creo fue su retaliación.

Además de su padre y usted hay otros 9 funcionarios que pueden ser imputados, ¿por qué?

Lo desconozco, pero el día de la audiencia se sabrá. No es la verdad de los medios, la verdad de fondo se sabrá ese día. Allí voy a asumir mi defensa con gallardía y será debatida en juicio.

En el caso por el cual se hará la audiencia de imputación de cargos se habla de la aparición de por lo menos 10 cheques, ¿de qué se trata?

Eso lo ventilaremos en la audiencia, pero no tenemos responsabilidad en eso. Nunca fueron entregados como se está diciendo. No sé quién los cobraría, pero a mí esa situación no me preocupa.

¿Cuál fue el papel de Jairo Coral, el asesor del exdirector Carlos Albornoz?

Era el enlace entre el despacho y las subdirecciones. Recopilaba la información de las hojas de vida que llegaban a la entidad, solicitaba los antecedentes ante los organismos de control y hacía diversas labores que le encomendaba el director. Hasta donde conozco, no hay una situación irregular en su desempeño.

Se ha dicho que un abogado suyo se acercó a la Fiscalía para sondear los términos de un preacuerdo con usted.

Eso no es cierto. Nunca.

¿Qué está pasando con la liquidación de la DNE, porque se presumía que acabándola se eliminaría el problema?

La DNE es una persona jurídica y el Frisco una cuenta y el verdadero dueño de los bienes. Por eso, cuando sale el decreto de liquidación, lo que se liquida es la parte física, la sede, su planta, su equipo y su personal. Pero los bienes del Frisco van a ser pasados al Ministerio de Hacienda.

Se ha dicho que la liquidadora se va a ganar $136 millones al mes por liquidar la DNE.

No tengo conocimiento de eso.

¿Qué contacto tuvo usted en su momento con el congresista José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador?

Él, como muchos congresistas, asistía a la DNE a pedir bienes para su región. Sobre todo en el departamento del Cauca, por el tema de los cultivos ilícitos.

¿Y por qué dicen que termina a través de terceros administrando un motel?

La administración de bienes la decidimos volver pública. Cualquier persona podía presentarse para ser administrador y uno no puede discriminar.

¿Cómo fue su relación con la congresista Miryam Paredes, de quien dicen tiene un hermano manejando bienes de la DNE?

Igual como todos, no puedo tener un rasero diferente con los congresistas. Es algo similar, todos tramitaban y gestionaban recursos para sus departamentos.

¿Y de los congresistas Lucero Cortés, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez, Ómar Yepes y Miguel Pinedo, quienes forman parte del listado, que les indaga la Corte Suprema?

Algunos de ellos de pronto vinieron en la administración anterior a la mía, pero varios de ellos no me visitaron.

Usted salió de la DNE hace un poco más de un año, ¿qué ha hecho durante este tiempo?

Defenderme y recopilar todos los documentos para tener una defensa estructurada y seria, con el fin de garantizarle al país que lo que hice durante los 11 meses que estuve en el cargo no fue sino en beneficio de la entidad.

¿Cuántas investigaciones tiene pendientes?

En Procuraduría, en Contraloría y la que me iniciaron en la Fiscalía recientemente. Mis abogados me han dicho que hay que tener firmeza, entereza y, sobre todo, trabajar con la convicción de que hicimos las cosas bien, con honestidad y transparencia.

¿Volvería a ser servidor público?

Lamentablemente no. Es una experiencia muy triste la que me ha tocado vivir.

Entonces, ¿cuáles fueron sus pecados en la DNE?

No es tanto el pecado de un director, es el pecado estructural de una entidad que fue creada para manejar la política antidrogas, pero que le adicionaron la administración de 75 mil bienes con 33 personas.

¿Y quiénes son sus enemigos?

Mucha gente, porque nosotros combatíamos guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, funcionarios, exfuncionarios...

¿Qué dice ‘ad portas’ de una audiencia de imputación de cargos en la que, junto con su padre y otras nueve personas, está vinculado por cinco delitos?

Que en los 11 meses que estuve como director hice la labor que me encomendaron. Confío en la Fiscalía plenamente. Quiero ayudar con la investigación, porque reitero: hay 122 casos que están por investigar. Soy una persona buena, sana y honesta, de 33 años, que está empezando su vida y que no quiere tener un tropiezo tan grande como el que hoy estoy afrontando.

¿Se ha imaginado cómo es estar recluido en una cárcel?

Realmente es una situación muy difícil, pero ni siquiera se me ha pasado por la cabeza.

Un testimonio que puede complicar el caso

El pasado 15 de abril rindió testimonio, ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Amparo Lucía Vega, quien se desempeñó como subdirectora y secretaria general de la DNE. En su declaración de 34 páginas, conocida por El Espectador, explicó la forma como se establecieron los supuestos vínculos entre los congresistas y los administradores de bienes.

Vega señaló que el director Juan Carlos Restrepo le solicitó que indagara los vínculos de congresistas. Acto seguido, la funcionaria conminó a dos de sus asesores, Marcela Niño y Néstor Arévalo. Fue el último quien, de manera informal, entregó un listado con la información, en un papel amarillo y pocas horas después de solicitada. Con base en ese papel, Restrepo presentó la denuncia del caso a las autoridades. Por eso Vega aclaró ante los investigadores de la Corte que no le constaba nada sobre los vínculos de parlamentarios y que, según le manifestaron, el papel amarillo era una especie de borrador.

Cargos contra Figueroa, su padre y otros

En lo que se constituye en la primera decisión de fondo por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el pasado 29 de septiembre la Fiscalía llamó a imputación de cargos a 11 exfuncionarios, contratistas y terceros.

En la audiencia se les imputarán cargos a Ómar Adolfo Figueroa y a su padre Adolfo Figueroa Abella. También está citado Jairo Coral, mano derecha del exdirector de la entidad Carlos Albornoz. De igual forma deben responder Luis Fernando Rojas, Luis Agreda, Manuel Francisco Ospino, Juan David Gutiérrez, Javier Mantilla, Jairo Alfredo Muñoz, Liliana Garavito y Óscar Castilla Alarcón.

Según la Fiscalía, los delitos que se les van a imputar a estas 11 personas son peculado, concusión, prevaricato, falsedad y concierto para delinquir. Días antes, la Corte Suprema de Justicia había decidido abrir investigaciones a 14 parlamentarios y exparlamentarios a los que señala por tráfico de influencias en la DNE.

 

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