Puerta abierta al matrimonio

Las primeras solicitudes de matrimonio entre parejas del mismo sexo se realizaron ayer. La Fiscalía reiteró que la Procuraduría no puede sancionar a jueces o notarios por celebrar estas uniones, y de ser así, entrará a investigar.

Elizabeth Castillo (izq.)  y Claudia Zea celebran frente al juzgado la radicación de su solicitud de matrimonio. / Fotos: Andrés Torres
Elizabeth Castillo (izq.) y Claudia Zea celebran frente al juzgado la radicación de su solicitud de matrimonio. / Fotos: Andrés Torres

Una pequeña fiesta simbólica se vivió ayer en varios juzgados del país. En el centro de Bogotá, en la oficina judicial de la carrera 10ª con calle 14, la celebración fue por cuenta de la radicación de las primeras tres solicitudes de matrimonio que hicieron parejas del mismo sexo, acatando la sentencia de la Corte Constitucional que los autorizó a que, si antes del 20 de junio el Congreso no había reglamentado sus uniones, podrían acudir a formalizar y solemnizar su vínculo.

Pidieron matrimonio, porque es el único contrato que regula todos los asuntos de familia y estuvieron acompañados de varios activistas y simpatizantes de la comunidad LGBTI que llevaron sus banderas de arcoíris, claveles blancos y margaritas de todos los colores. Se trató del inicio de un trámite que no tiene tiempos legales y que esperan que termine con el respaldo a la justicia y ceremonias de casamiento .

Según Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa, esta comunidad está aprovechando las zonas grises de la decisión del alto tribunal, que planteó dos senderos posibles: habrá notarios y jueces que celebren un contrato de matrimonio a parejas del mismo sexo, aplicando las leyes vigentes, y quienes celebren un contrato, con cláusulas que sean lo más parecidas a esta unión, para suplir el déficit de derechos que tienen las parejas del mismo sexo para proteger a sus familias.

Para el abogado de la comunidad gay, Germán Humberto Rincón Perfetti, que desde temprano estuvo acompañando este proceso, se acudió a la justicia civil, porque “tiene una mayor experiencia y pericia para interpretar decisiones judiciales”. Además, porque rechazan el contrato de unión solemne, redactado para la Unión Colegiada de Notarios, por considerarlo “regresivo, inconstitucional e incierto, que no da seguridad y confianza sobre sus actuaciones” (ver recuadro).

“La Corte Constitucional le dio dos años al Congreso que hace pocos meses hundió el último proyecto. Es a través del alto tribunal que hemos conseguido nuestros derechos que desde 2003 ha sentado 64 decisiones”, dijo Rincón Perfetti. Además, agregó que si algún juez hace un documento que no sea el de matrimonio, la comunidad LGBTI está dispuesta a iniciar las acciones legales en el país, es decir, tutelar sus derechos ante los estrados, o demandar ante las instancias internacionales, que serían las Naciones Unidas, mediante los pactos ratificados por Colombia, y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en sus sedes de Ginebra (Suiza) y Washington (Estados Unidos).

Al final, la recomendación jurídica para las parejas del mismo sexo que esté pensando en solemnizar su vínculo fue: “No acepten nada diferente al matrimonio igualitario, cualquier otro contrato no da las mismas garantías. Es mejor vivir en unión libre”.

 

El limbo de la “unión solemne”

La comunidad LGBTI ha rechazado públicamente el contrato propuesto por la Unión Colegiada de Notarios llamado “unión solemne para parejas del miso sexo”, el cual pretende producir efectos jurídicos frente a las partes, pero no incluye la palabra matrimonio por ningún lado. María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, cree que este contrato genera incertidumbres jurídicas, porque no está regulado por la ley y no obliga a los contrayentes a cumplir con sus responsabilidades. Por su parte, la comunidad LGBTI sostiene que es discriminatorio y no sirve para parejas binacionales, porque no tiene reconocimiento mundial. Tampoco es prenda de garantía en casos de divorcios posteriores, separaciones de bienes, temas de sucesión, subsidios, asuntos de salud y pensiones, ley de justicia y paz, reparaciones e indemnizaciones.

Iglesia católica insiste en objeción de conciencia, y ateos protestan

La organización de ateos y agnósticos de Bogotá convocaron para hoy un plantón en la capital en contra de las declaraciones del cardenal Rubén Salazar en contra del matrimonio igualitario, porque consideran que sus acciones son contrarias al estado plural, democrático y laico. Por su parte, el secretario adjunto del Episcopado para las relaciones con el Congreso y el Estado, padre Pedro Mercado, reiteró en un escrito que la Iglesia ha sido clara al afirmar que es necesario oponerse a cualquier reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales que conduzca a una equiparación con el matrimonio o la familia. “La tutela de los legítimos derechos de los homosexuales, tarea ineludible del Estado, debe respetar la identidad específica de la unión que se establece entre un hombre y una mujer ateniéndose al carácter propio y diverso de otro tipo de uniones. Justicia no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que realmente le corresponde”, dice la carta. Además, según el padre Mercado, el Estado debe reconocer que en el caso específico de la formalización de las uniones homosexuales, es necesario garantizar el derecho innato e inalienable a la objeción de conciencia. “En definitiva, no se puede reclamar la libertad de unos a costa de mancillar la conciencia y las libertades de otros”, finaliza el documento.

 

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