La tentación de los desmovilizados

Resuelto el limbo jurídico para 26.000 reinsertados, el reto del gobierno es lograr que los 8.000 que abandonaron el proceso regresen, o perderían sus beneficios.

El Gobierno no acaba de celebrar aún por el aval de la Corte Constitucional a la ley que resuelve el limbo jurídico en el que quedaron cerca de 26 mil desmovilizados de las autodefensas cuando aparece un nuevo desafío de cara a la búsqueda de una solución definitiva para su situación: ¿cómo lograr que vuelvan los 8.000 hombres que, luego de abandonar las armas, dejaron tirado el proceso de reinserción ante la justicia?

Un tema sobre el que hicieron énfasis ayer desde los magistrados de la misma Corte Constitucional hasta el ministro del Interior, Germán Vargas, y el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder. Según este último, los desertores del proceso podrían ser juzgados por concierto para delinquir agravado con fines de cometer delitos de lesa humanidad y, por supuesto, perderían los beneficios que obtuvieron al abandonar el grupo armado para el cual trabajaban.

Lo más grave del asunto es que ni siquiera el mismo Gobierno sabe con exactitud cuántos son ni dónde están estos desmovilizados y comienzan a aparecer evidencias de que un porcentaje de ellos optó por volver a la violencia, bien sea por la tentación que representa el surgimiento de nuevos grupos armados en sus antiguas zonas de influencia o porque los servicios que el Estado les brinda no respondieron a las expectativas que se hicieron cuando regresaron a la civilidad.

Lo confirma también el más reciente informe del Centro Internacional de Toledo para la Paz (Citpax) y el Observatorio de DDR y Ley de Justicia y Paz de la Universidad Externado de Colombia. El estudio, dirigido por Frederic Massé, enfatiza que, pese a la falta de estadísticas y los efectos de distorsión de la realidad, es evidente que hay desmovilizados involucrados en actividades ilegales en el país (ver gráficos).

Según los estándares internacionales, la cifra de desmovilizados que reinciden en la delincuencia es cercana al 7%. En el caso colombiano, fueron más de 32.000 los desmovilizados de las autodefensas, y si Éder tiene razón en que 8.000 no se volvieron a reportar, eso significaría que Colombia está en riesgo de superar por mucho el promedio internacional. Pero el que hayan dejado de reportarse no significa que estén delinquiendo y es ahí cuando se agudiza el desafío planteado por la falta de información.

¿Qué tan cierto es que los desmovilizados tienen relación directa con el incremento de los índices de inseguridad en el país? El informe del Citpax y la Universidad Externado dice que dicha vinculación no es muy clara.

Partiendo de los casos de ciudades como Montería, Villavicencio y Bogotá, el estudio plantea incluso que en algunas regiones habría disminuido el número de excombatientes que están delinquiendo, por una razón igualmente preocupante: ya están muertos. Lo demuestran las estadísticas de la Policía.

Ahora, ¿por qué vuelven a delinquir los desmovilizados? Por la presencia de contextos de inseguridad, ilegalidad, desempleo y pobreza, asegura el informe. Dado que la mayoría de los desmovilizados residentes en ciudades viven en barrios marginales donde hay inseguridad, ilegalidad y delincuencia, terminan formando parte de ese mismo contexto, con el agravante de que “saben manejar armas, pueden formar grupos, tienen contactos”.

Por otra parte, aunque la pobreza y el desempleo no son factores automáticos de reincidencia, “son indudablemente un terreno fértil que, combinado con otros factores de tipo sectorial e individual, aumentan el riesgo de que un desmovilizado reincida en actividades ilegales”.

Eso sin hablar sobre el rechazo y la estigmatización de que son víctimas en sus escenarios laborales y lo difícil que les resulta ingresar al aparato productivo porque, en su gran mayoría, tienen una baja escolaridad.

Y como la falta de oportunidades y la guerra conforman un círculo vicioso de nunca acabar, el Gobierno comienza a preocuparse. Si los desmovilizados de las autodefensas no contactan a la Alta Consejería para regresar cuanto antes al proceso de reintegración o para recibir el certificado de que lo culminaron exitosamente, quedarían sujetos a ser perseguidos por la justicia. Y si este escenario se presenta, su tendencia a permanecer en la ilegalidad podría ser mayor, con el consecuente mensaje negativo para aquellos que aún no han tomado la decisión de dejar de hacer la guerra.

Y eso echaría para atrás buena parte del efecto favorable conseguido esta semana con el fallo de la Corte Constitucional que avaló por fin, en el tercer intento del gobierno, el marco legal para resolver la situación judicial de los miles de desmovilizados de base de las autodefensas.