Ultimátum a exparamilitares

La reforma a la Ley de Justicia y Paz tiene como prioridad garantizar la colaboración efectiva de los desmovilizados. De lo contrario, tendrán que pagar condenas ejemplares.

Los exjefes paramilitares extraditados, como Salvatore Mancuso, se han negado a declarar en Justicia y Paz./ Archivo
Los exjefes paramilitares extraditados, como Salvatore Mancuso, se han negado a declarar en Justicia y Paz./ Archivo

La Ley 975 de Justicia y Paz está en deuda con el país, en especial con las víctimas de los paramilitares, luego de que éstos asumieran el compromiso de dejar las armas, reparar a los afectados por el conflicto y restituir los bienes. Hoy, a más de seis años de sancionada la Ley, hay quienes la califican como un rotundo fracaso y la principal preocupación es que, de acuerdo con la norma, al cumplir ocho años de prisión —la pena alternativa—, los desmovilizados recuperarían la liberad.

Aunque la Fiscalía ha descartado la posibilidad de que se presente una salida masiva, para 2014, de acuerdo con los informes, 71 desmovilizados quedarían en libertad con la implementación de la sustitución de la medida de aseguramiento. Esta posibilidad prendió las alarmas y se planteó la necesidad de realizar una reforma a la Ley, con el fin de que quienes dejaron las armas cumplan con los preceptos de verdad, justicia y reparación.

María Camila Moreno, jefa de la oficina del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en Colombia, hace una balance contundente: “Los resultados de Justicia y Paz son decepcionantes. Hoy nos hallamos ante una realidad que supera las capacidades normales de cualquier sistema penal: cientos de miles de hechos denunciados, de los cuales se cuenta con tan solo diez sentencias, en su mayoría contra mandos medios y patrulleros de los grupos paramilitares, que no hacen aportes significativos a la verdad judicial ni a la reparación”.

Por este motivo, durante más de cuatro meses el Gobierno, la Fiscalía, el Congreso, la Misión para el Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA), el ICTJ y los magistrados de Justicia y Paz estuvieron realizando un análisis de las fallas de la norma. La conclusión es clara: los desmovilizados tendrán que colaborar con la justicia, decir la verdad y reparar a las víctimas. De lo contrario, tendrán que pagar condenas hasta de 40 años.

Sin embargo, esta determinación no fue fácil de tomar. Menos cuando el país inicia un proceso de paz con las Farc, pues el cambio de las reglas de juego podría tomarse como un mal precedente para el naciente proceso de negociación. Desde el otro lado estaba la tesis de que, tal como lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos, la prioridad para cerrar el círculo del conflicto son las víctimas.

Primó el segundo punto de vista y la reforma a la Ley de Justicia y Paz promete poner en cintura los cerca de 2.000 desmovilizados que serían beneficiarios de la sustitución de la pena. Por este motivo fueron incluidos nuevos artículos que condicionan los beneficios jurídicos a la reparación efectiva.

Según señala la ponencia, en el artículo 18A, se condiciona la sustitución de la medida de aseguramiento bajo las siguientes condiciones: cumplir ocho años de detención, participar en las actividades de resocialización, contribuir en el esclarecimiento de la verdad, entregar bienes para la reparación integral de las víctimas y no haber seguido delinquiendo.

Por otro lado, se modifica el artículo 23 de la Ley con el fin de atacar el denominado eslabón más débil: las víctimas. Los tribunales están obligados a iniciar de oficio incidentes de identificación de los afectados, se escucharan las versiones de las víctimas y se enviarán los expedientes a la Unidad para la Atención y Reparación, para la inclusión en los registros y brindar reparación a los afectados de acuerdo con los parámetros de la Ley de Víctimas.

También se modifica el artículo 25 de la Ley para obligar a los exparamilitares a restituir las tierras. “Si la autoridad competente determina que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció los bienes adquiridos (…) perderá los beneficios”, señala la ley.

Otro de los grandes problemas ha sido la incapacidad de los organismos judiciales. De acuerdo con un balance realizado por el exjuez español Baltasar Garzón, quien trabajó durante un año con la Mapp-OEA como observador del proceso de paz, “hay postulados en cárceles que todavía no han iniciado versiones libres y hay víctimas a las cuales les llega la citación a versiones después de realizada la diligencia y los estrados continúan siendo un escenario hostil para las víctimas.

Además, señaló el exjuez, asesor de la Mapp-OEA: “Las diligencias no son suficientes y se han enfrentado a problemas técnicos. Es necesario respetar los derechos de las víctimas, muchas de las cuales quedarán frustradas ante la negativa de algunos extraditados a continuar en Justicia y Paz”.

Para enfrentar esa evidente deficiencia se incluye la aplicación del criterio de priorización con patrones de macrocriminalidad, lo que implica que en casos como el de Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, que ya fue condenado, quienes hayan formado parte de su estructura podrán acogerse a sentencia anticipada y se procesa en una sola sentencia todo un frente o bloque de los paramilitares.

Así las cosas, la reforma a la Ley de Justicia y Paz plantea una premisa clara: los desmovilizados deben cumplir con las condiciones de verdad, justicia y reparación, o tendrían que pagar condenas ejemplares. Mensaje que esperan sea acogido en las nacientes negociaciones de paz con las Farc.

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