Un nuevo plan para Petro

Sus abogados encontraron otro recurso legal al que piensan acudir si el fallo de la Procuraduría se mantiene en firme.

El alcalde Gustavo Petro impugnará las tutelas si éstas no se resuelven en su favor. / David Campuzano

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está determinado a no salir del Palacio Liévano sin dar la batalla. Y es por eso que en estos tiempos de incertidumbre, cuando no se sabe si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le va a otorgar las medidas cautelares que solicitó hace dos meses, declarándose un perseguido ideológico del procurador Alejandro Ordóñez, y cuando no se sabe tampoco si va a obtener la protección de sus derechos políticos a través de tutelas, los asesores del mandatario siguen ideando estrategias para tumbar el fallo con que la Procuraduría lo destituyó o que puedan, cuando menos, darle aire.

En ese contexto, El Espectador conoció la nueva movida jurídica que piensan hacer los abogados del alcalde en caso de que ningún tribunal —nacional o internacional— suspenda la sanción de destitución e inhabilidad de 15 años que impuso la Procuraduría contra Petro: un recurso legal llamado “excepción de constitucionalidad”. Éste señala, según lo ha establecido ya la Corte Constitucional en fallos que datan de 1995, que un funcionario puede hacer caso omiso a una decisión estatal —como lo es el fallo disciplinario contra Petro—, siempre y cuando la decisión en cuestión conlleve a unos resultados que vayan en contravía con la Constitución.

En cristiano: si Petro pierde las tutelas en curso, el fallo disciplinario en su contra estará en firme. Entonces, el próximo 29 de enero, el procurador Ordóñez —él mismo anunció la fecha— procederá a enviarle su decisión al presidente Juan Manuel Santos, para que éste firme el decreto que confirma la destitución. Si el alcalde llegara a afrontar ese panorama, sus abogados pasarían entonces a enviarle un memorial a Santos en el que argumentarían la “excepción de inconstitucionalidad” a la que él podría recurrir. De nuevo, los petristas apuntan a poner el balón en la cancha del jefe de Estado, pues insisten en que, de acuerdo con la Carta Política colombiana, sólo él tiene la facultad de destituir al alcalde mayor de Bogotá.

En este escenario, la posición de Santos sería compleja: no sólo tendría que firmar el decreto que ratificaría la muerte política de uno de los máximos representantes de la izquierda en Colombia —mientras, paralelamente, negocia la paz con la izquierda armada—, sino que además tendría que emitir una suerte de juicio de valor sobre la decisión del procurador. Es decir, tendría que señalar explícitamente si considera que el fallo disciplinario contra el alcalde es constitucional o no, o así lo esperan los defensores de Petro, quienes estarán atentos a tomar nota de la respuesta del presidente para seguir llenándose de argumentos en el escenario internacional. Santos, a la fecha, ha insistido en respetar la Constitución, las leyes y las instituciones.

El Espectador consultó a constitucionalistas para determinar si esa figura sería plausible. La respuesta de uno de ellos ilustra bien el nivel (y lo enmarañado) del debate: “Días antes de la conciliación de la reforma a la justicia en 2012 nadie creía posible que un presidente pudiera objetar una reforma constitucional. Pero Santos lo hizo. Se están pisando arenas movedizas, hay argumentos muy fuertes en diferentes sentidos. Si el presidente decide firmar el decreto tal cual viene estaría quedándose en líneas amigas. Pero él podría, por ejemplo, decir que no firma la inhabilidad porque va a esperar a que ese asunto se resuelva judicialmente. Muchas veces las batallas jurídicas consisten en cambiar precedentes”.

De cualquier manera, este es un plan de contingencia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió este martes el fallo del procurador mientras decide de fondo, tiene ya otras 36 tutelas para analizar. Entre tanto, ayer se conoció que José Gotardo Pérez, autor de la acción que tiene en suspenso la destitución de Petro, recició amenazas.

El magistrado que tomó la medida provisional, José María Armenta, fue criticado porque su esposa ocupa un cargo directivo en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El Consejo Superior de la Judicatura dijo ayer que no lo investigaría porque se respetaba su autonomía judicial; sin embargo, el llamado “escudero” del procurador, Javier Suárez —presidente de la Fundación Marido y Mujer—, lo denunció a él y a una colega suya. Pero Petro y sus asesores insisten: esta pelea la darán hasta el final.

 

 

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2014-01-15T22:40:34-05:00

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Diana Carolina Durán Núñez

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