Urgencias del proceso de paz

Después de nueve meses de negociación, la sociedad espera primeros anuncios de acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana.  / EFE
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana. / EFE

No ha sido fácil, pero el proceso de paz sigue en firme. Hace exactamente nueve meses, el 26 de agosto de 2012, los delegados del gobierno Santos y seis plenipotenciarios de las Farc suscribieron el llamado ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’. Hoy el asunto sigue enfrascado en la urgencia por pactar los términos de una política de desarrollo agrario integral que satisfaga a ambas partes y así darle paso al espinoso tema de la participación en política. Un trance que se espera tenga anuncios mínimos para fortalecer una negociación a corto plazo.

A lo largo de los últimos meses, la sociedad colombiana ha conocido a retazos las discusiones sobre ese primer punto de la agenda, que partió de la base de reconocer que el desarrollo agrario integral es clave para impulsar la integración de las regiones y la evolución equitativa del país. Sin embargo, a la hora de la verdad no ha sido sencillo lograrlo y son tres los puntos donde está el nudo del problema: el alcance de las zonas de reserva campesina, la denominada laboralización del trabajo campesino con salarios mínimos y seguridad social, y la modernización del campo a partir de la eliminación de los latifundios.

Los tres aspectos hacen parte de las propuestas formuladas por las Farc como condiciones mínimas para la democratización real del poder territorial y la construcción de una nueva ruralidad. Pero del otro lado, el Gobierno sabe que cualquier reajuste en el modelo económico agrario pasa por las finanzas del Estado y el capital privado. No se trata de firmar sin hacer cuentas, pero formalizar o titular 9,5 millones de hectáreas para campesinos organizados en zonas de reserva, crear todo un sistema de derechos laborales para los jornaleros o delimitar la extensión de la propiedad agraria, requiere más que disciplina fiscal.

Es un problema con raíces históricas. A pesar de que a lo largo de las décadas se han aprobado decenas de leyes agrarias, algunas planteadas como reformas integrales, en la práctica subsiste un inocultable atraso del campesinado, incluso reconocido en índices internacionales. Eso lo sabe el Estado y no es una pretensión exclusiva de la guerrilla. El dilema es cómo lograr esa transformación con las limitaciones macroeconómicas de siempre. El primer camino ya está trazado: la reparación y la restitución, en especial de las comunidades azotadas por la violencia. El lío es cómo seguir avanzando sin afectar poderes.

Por eso, salir del primer punto del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ es más que una firma de buenas intenciones. Eso sin tener en cuenta que, al margen de los tres puntos en los que insisten las Farc, hay toda una agenda por resolver en el tema agrario. Sin embargo, como lo advierten los entendidos en la materia y quedó claro en el Primer Foro de Participación Ciudadana que se adelantó para ponerle sociedad civil al proceso, sin resolver el problema de la tierra no es posible avanzar. Es en el campo donde se libra la guerra y donde tiene que resolverse.

La sociedad espera que después de seis meses y nueve rondas de negociación, el Gobierno y las Farc anuncien avances, así sean parciales. Así no se resalte en todas su dimensiones, ya existe un interés de varios países por apostar a la paz de Colombia y eso significa invertir en aquellas regiones donde el atraso y la violencia han sido la norma cotidiana. Un impulso que no puede perderse y que hoy constituye la razón crucial por la cual ambas partes tienen la convicción de que no se puede parar el proceso de paz. El Espectador conoció que esa es la certeza: hay diferencias grandes, pero parar ahora sería un fracaso.

No obstante, hay otro aspecto por fuera de la mesa de negociación de La Habana que tiene en ascuas al Gobierno: la inminencia del debate electoral para renovar el Congreso y definir presidente para el cuatrienio 2014-2018. Las continuas declaraciones de altos funcionarios así lo dejan ver. Por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, lo expresó ante más de cien empresarios en Bogotá: “No vamos a permitir que comience el año 2014 con el ruido de que no fueron capaces de llegar a acuerdos”. Una preocupación que tiene norte propio: el proceso de paz no puede ser el tema de campaña electoral.

El presidente Juan Manuel Santos ya reconoció que desea la continuidad de sus políticas, entre ellas la de la paz, pero aplazó hasta noviembre el anuncio de si va o no por su reelección. El dilema es que apenas faltan seis meses y se requiere mostrar resultados en La Habana. El primer punto sería un aliciente, pero es claro que un debate electoral con proceso de paz a bordo plantea un escenario muy tenso. Para nadie es un secreto que el gran opositor de los diálogos es el expresidente Álvaro Uribe y que con los suyos se alista para tratar de reconquistar el poder, al menos en el Legislativo.

En este contexto hay otra controversia de fondo. Hay quienes creen que lo pertinente sería firmar el primer acuerdo y luego suspender el proceso hasta que concluya el pulso electoral. Otros hablan de dos o tres meses para que las partes procesen sus tiempos, ajusten sus visiones y resuelvan sus diferencias. Al unísono, los delegados de las Farc en La Habana han manifestado su desacuerdo. Andrés París lo calificó como una “idea descabellada”. Otras voces han dicho que sería inmanejable y afectaría las expectativas del país. Pero los cálculos políticos de las Farc no son los mismos que los del Gobierno.

Después de un año de trabajo exploratorio, suspensión de operativos militares para el trasteo de negociadores de las Farc, apoyo de gobiernos internacionales como observadores y garantes, y todo el ruido mediático y político que significa una negociación de paz en Colombia con su largo historial de intentos fallidos, frenar en seco sería una derrota para todos, y hacerlo por intervalos, un riesgo. Pero de que se discute, se discute. Y se hace porque el Gobierno necesita demostrar que la paz tiene avances. Las Farc cargan con su propia disyuntiva: saben que deben negociar, pero quieren seguir sin afanes.

Por ahora, el presente indica que hoy puede ser un día clave. Al menos hay invitados de varios países a La Habana y se prevé un acto protocolario para presentar un balance de los avances hacia una política de desarrollo agrario integral. El pasado viernes, sin embargo, el vocero de las Farc Andrés París manifestó que a él no lo han invitado. Pero de Cuba siguen llegando señales de que sí habrá humo blanco. El ministro Carrillo les dijo a los empresarios que confía en que este fin de semana se concreten los primeros resultados. Hoy llega al país el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dicen que para hablar del TLC... ¿será también para hablar de paz?

[email protected]

@nenaarrazola

Temas relacionados