197 excombatientes y 42 de sus familiares asesinados

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No he visto la obra “Fragmentos”, construida con las 37 toneladas del armamento que dejaron atrás los excombatientes de las Farc. En la prensa leí que se trataba de un espacio “catártico”, con 1.300 placas metálicas acostadas sobre el piso, en un edificio del centro de Bogotá y que cada una había sido martillada por un grupo de mujeres, víctimas de abuso sexual por parte de distintos actores armados. La creación colectiva, explicó su autora Doris Salcedo, busca constituirse como un “testimonio de que los colombianos no somos bárbaros, no tenemos que seguir siempre en esa historia negativa de asesinatos y venganzas”.

Nunca visité la obra “Fragmentos”. Ante la permanencia terca de la guerra de gringos y de la derecha colombiana contra las drogas. Ante la ausencia de contrición entre empresarios, finqueros o políticos que inspiraron al paramilitarismo más organizado y sobrevivieron a su extradición. Ante la falta de voluntad por redistribuir la tierra concentrada entre ganaderos, palmeros y cañeros. Ante el enamoramiento de clases medias altas por la promesa del varón uribista con gran libido y ganas de un orden hipócrita y conservador. Y ante los ricos de la plata más vieja, siempre blancos y rolos, y dispuestos a tranzar y a hacer cualquier negocio con el propósito de seguir detentando poder, consideré las armas fundidas como una premonición.

El caminar sobre toneladas de armamento derretido no se sentía como un ejercicio de catarsis, sino como un recuerdo que era a la vez una sospecha. La sospecha de que, una vez sin armas, exguerrilleros y exguerrilleras quedarían a merced de los ejércitos contrasubversivos o de narcos buscando rutas, de finqueros y militares de siempre. De que, pese a todas las buenas intenciones, se andaba por encima de unas tumbas futuras.

“En nuestras manos están nuestros hijos e hijas, no los fusiles”, explicó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En una reciente rendición de cuentas, el partido mostró cómo en cumplimiento de la paz han llevado a cabo cientos de acciones de esclarecimiento, reparación simbólica, convivencia y no repetición con organizaciones, comunidades y pueblos étnicos. Mientras se pone de relieve el compromiso, se espera con nerviosismo que pare la matanza contra los y las excombatientes.

“Con profundo dolor informamos que hoy fue hallado muerto y envuelto en un colchón el firmante de la paz Wílder Marín en Bello, Antioquia”, informó la Fuerza Alternativa a los medios el día 9 de mayo, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Poco después, el 16 de mayo, alrededor de 30 hombres armados y vistiendo prendas militares anduvieron desde el corregimiento de El Plateado hacia el de Sinaí, al sur del Cauca. Explicaron a los vecinos que estaban “en busca de los excombatientes de las Farc que viven en ese caserío”. El 22 de mayo, Robert Hurtado, firmante de la paz, fue asesinado por “hombres armados que ingresaron a la comunidad Munguido, del litoral del San Juan, en Chocó”. Tenía 27 años, trabajaba la madera, vivía con su esposa y tres hijos menores de edad. El 6 de junio fue atacado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Ituango (que llevaba meses con pocos fondos y mucho desespero) y murieron William Pérez, el niño Camilo, hijo de la firmante de paz Nidia Sucerquia, y Carlos Barrera, miembro de otra familia en reincorporación.

Este jueves Rodrigo Londoño, presidente del partido de FARC, transmitió la angustia de los firmantes del Acuerdo con el Estado colombiano. “Nos están matando. Nos están asesinando (…) Esperamos que la comunidad internacional, así como nos acompañó en la elaboración del Acuerdo de Paz, nos acompañe ahora en la implementación. Fundamentalmente para parar el asesinato de exguerrilleros y exguerrilleras que estamos construyendo paz”.

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