Por: Reinaldo Spitaletta
Sombrero de mago

1989 o el imperio del terror

1989 fue la coronación monstruosa de una situación gestada desde años atrás y que alcanzó en esos 12 meses lo peor de la década. La consolidación del paramilitarismo y el ascenso pavoroso de los carteles del narcotráfico marcaron al país con su estigma de fuego y terror. Y si ya había antecedentes de lo que advendría, como el asesinato del ministro Lara Bonilla en 1984, las masacres del paramilitarismo en Urabá y Córdoba, los crímenes selectivos de profesores y estudiantes, más la aparición del carro-bomba como un arma letal del narcotráfico, nadie entonces esperaba una sucesión de acontecimientos como los de aquel año.

Hace 30 años Colombia vivió uno de sus momentos más espantosos. Narcotráfico y paramilitarismo —y no necesariamente separados— contaron en su atroz desarrollo con la complicidad de fuerzas estatales, de políticos y miembros de las esferas de poder. Hubo tantos desafueros y atentados y crímenes de lesa humanidad que más parecería para los recién llegados a la historia una ficción de horrores e inverosímiles despropósitos. Un apocalipsis a escala con gran bestia a bordo.

El año se inauguró con la masacre de La Rochela, perpetrada por las autodefensas del Magdalena Medio. Murieron 12 funcionarios judiciales que investigaban la desaparición de 19 comerciantes. Y se cerró el 6 de diciembre (aniversario de la masacre de las Bananeras) con el atentado al DAS, con un carro-bomba con más de 600 kilos de dinamita. Hubo 60 muertos y 600 heridos. En el interregno sucedieron, por ejemplo, la continuación del genocidio de la Unión Patriótica y el asesinato de Luis Carlos Galán.

Narcotráfico y paramilitarismo hacían de las suyas. Estaban en ascenso y mandaban. A sus pies doblaban la cerviz políticos, gentes de casta y descastados. El 27 de febrero asesinaron al sindicalista Teófilo Forero y el 3 de marzo, en el aeropuerto El Dorado, al dirigente José Antequera, que había denunciado crímenes de paramilitares y su alianza con las Fuerzas Militares. En el mismo atentado resultó herido Ernesto Samper Pizano. Era apenas una pálida muestra criminal de lo que seguiría.

Y la sucesión de agresiones aumentó. Héctor Giraldo Gálvez, abogado, apoderado de la familia Cano por el crimen en 1986 de Guillermo Cano, director de El Espectador, fue acribillado por dos sicarios. Y después mataron al exgobernador de Boyacá Álvaro González Santana, padre de Marta González, jueza segunda de orden público que había ordenado investigar a los jefes del cartel de Medellín Pablo Escobar y González Gacha, y al jefe paramilitar Fidel Castaño.

Y mataron al sacerdote Sergio Restrepo Jaramillo, en Tierralta, porque ayudaba a las víctimas del paramilitarismo, y al gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, al confundir su caravana con la del coronel Valdemar Franklin Quintero, que, igual, después fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar. Y a la vasta lista de muertos se sumaron jueces, magistrados, periodistas… Ese 18 de agosto, por la mañana mataron en Medellín al citado coronel de la policía y por la noche, en Soacha, a Galán.

Donde menos se creía explotaba un carro-bomba, había una masacre, y así se implantaba un régimen de terror en el país. El miedo era el común denominador entre la desprotegida ciudadanía. El imperio del paramilitarismo y los carteles del narcotráfico estaba en su cúspide. El 2 de septiembre, el diario El Espectador volvió a ser víctima de otro atentado con un camión cargado de 60 kilogramos de dinamita. Más adelante, en Medellín, serían asesinados Martha Luz López y Miguel Soler, gerentes administrativo y de circulación del periódico.

Dentro del cúmulo de atentados contra medios de comunicación y reporteros estuvieron el de Vanguardia Liberal, en Bucaramanga, y el asesinato de Jorge Enrique Pulido, director del noticiario Mundo Visión. En el mundo del fútbol, penetrado por las mafias, en particular por los carteles de Medellín y Cali, se presentó en Medellín el asesinato del árbitro Álvaro Ortega. El campeonato se suspendió. Y faltaban más barbaridades.

El 27 de noviembre, un avión de Avianca explotó en el aire. El atentado, como se supo después, lo perpetró el cartel de Medellín. Suponían que ahí viajaba el entonces candidato presidencial César Gaviria. Hubo 107 muertos. A propósito de las secuelas que dejó el asesinato de Galán, una fue la de elegir a Gaviria como su sucesor en la candidatura, que ganó los comicios presidenciales en 1990 y comenzó la terrible era de la “apertura económica” neoliberal.

1989 ha sido uno de los más horrendos años en la historia de Colombia. Una historia atravesada por distintas violencias, conflictos y otras perversiones. La mafia puso en jaque a un Estado débil y complaciente con el delito. Situación a la que se sumó el ascenso del paramilitarismo. El grito de los sobrevivientes de entonces sigue vigente: ¡Nunca más! ¡Nunca más!

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