Por: Juan Carlos Gómez

20 años casi libres

Hace 20 años, al comienzo del gobierno Gaviria, se expidió el decreto ley 1900 de 1990, la norma más importante del siglo XX en el sector de telecomunicaciones.

Gracias a la audacia y a la decisión de los ministros de comunicaciones Alberto Casas, William Jaramillo, José Bautista y Martha Pinto, a lo largo de los años la aplicación de este decreto y sus reglamentos marcó un hito en la forma de comunicarnos y amplió las fronteras de la información. Nos deshicimos del monopolio estatal de Telecom, se multiplicaron las redes, surgieron operadores privados y se estimuló la inversión extranjera.

De esta forma se propició el ambiente regulatorio para que, en beneficio de los usuarios, el desarrollo tecnológico se incorporara de manera más inmediata a las comunicaciones. A través de los servicios de valor agregado y telemáticos llegó Internet y con ello el conocimiento sin límites.

Al cabo de estas dos décadas la existencia de grandes operadores plantea el reto de abaratar para los usuarios los servicios de telecomunicaciones con el fin de que puedan acceder a infinidad de contenidos y aplicaciones. Para ese propósito es una buena noticia la llegada del ingeniero Diego Molano al ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su formación académica, su experiencia y su conocimiento de lo que sucede en el mundo, serán decisivos para resolver los grandes conflictos que se avecinan en asuntos como la regulación de la convergencia de la que quiere apropiarse la Comisión Nacional de Televisión.

Afortunadamente el ministro Vargas Lleras anunció la semana pasada que se empezará a tramitar el acto legislativo para suprimirla y así corregir el craso error de la Constitución de 1991. En el entretanto es indispensable que el gobierno esté alerta para evitar que el apetito presupuestal de esa entidad la lleve a dar palos de ciego en la regulación.

El deber del Estado es propiciar la libertad de información, así sucedió hace 20 años cuando se expidió el 1900. Reciba pues un homenaje este decreto, que en plena juventud, fue víctima de la infame derogatoria a medias que -sin necesidad ni técnica- le propinó la ley 1341 de 2009.

 

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