Por: Santiago Montenegro

20 años de la Constitución

CUANDO CONMEMORAMOS VEIN- te años de la Constitución, me temo que muchos colombianos, incluyendo la mayoría de economistas y también muchos abogados, no han entendido —no hemos entendido— qué fue lo que sucedió y cuáles son las consecuencias de la Carta de 1991.

No exagero al decir que la Constitución de 1991 ha sido la revolución más grande que ha experimentado el país desde las Guerras de Independencia.  Es una revolución para bien, una revolución que necesitaba Colombia, de mucho más alcance que la Constitución del 86 o que la Revolución en Marcha.  Usualmente, se argumenta que la Nueva Carta introdujo el Estado social de derecho con la primacía de los derechos fundamentales como núcleo central, las nuevas formas de participación ciudadana y la descentralización, entre sus características más importantes.  Todo es cierto, pero creo que allí no radica su verdadera revolución.  Uno de los impactos más grandes de la Constitución de 1991 tiene que ver con la  práctica de la justicia y del ejercicio del derecho: hay nuevas fuentes y escuelas de interpretación del derecho, que están cambiando la composición o el equilibrio de poderes dentro del Estado y la sociedad.   Además de leyes expedidas por el parlamento, la Nueva Carta consolidó o creó nuevas fuentes del derecho para impartir justicia o solucionar conflictos, como acudir al mismo texto de la Constitución, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales ratificados por el país o a la ponderación de valores de principios  que se pueden ver afectados por conflictos. Por otro lado, en los últimos veinte años también han llegado al país nuevas escuelas de interpretación de la ley que están revolucionado el derecho, con un gran impacto. La antigua escuela del derecho concebía a las normas jurídicas como reglas con significado intertemporal y abstracto, bajo la noción de que “tiene que haber derecho para la aplicación del derecho”, en tanto que los nuevos enfoques, que podemos llamar pragmáticos, interpretativistas o hermenéuticos, conciben  las leyes algo así como actos de habla proferidos por un parlante.  En tanto para los primeros la interpretación presupone el contenido del derecho, para las nuevas escuelas la interpretación define el contenido del derecho. 

Este proceso de multiplicidad de fuentes del derecho y de nuevas escuelas de interpretación de las leyes, que por supuesto no son particulares de Colombia, sino que se están dando en todo el mundo occidental, tiene consecuencias institucionales de inmenso alcance que están afectando el comportamiento de las personas, las empresas y   organizaciones.   Al entenderse la ley y las normas jurídicas como reglas intertemporales y abstractas, estamos ubicando al poder en el pasado y lo estamos situando en el legislativo, en los representantes del pueblo.  Por el contrario, cuando se concibe que el acto de interpretación de la ley crea derecho o se acude a la ponderación de valores como fuente del derecho, estamos ubicando al poder, ya no en el pasado, sino en el presente y trasladándolo en alguna medida desde los legisladores a los jueces.

Al conmemorar 20 años de la Constitución de 1991, tenemos que evaluar  los costos y beneficios de esta revolución.  Personalmente, creo que el efecto neto es positivo, pero se necesitan importantes ajustes.  Sobre todo, necesitamos que el derecho sea un elemento central de los procesos discursivos de la sociedad para que su legitimidad se sustente también con la participación de todos los afectados por las normas.

 

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