Por: Tulio Elí Chinchilla

2010

No sé quién será el presidente de Colombia el día 31 de octubre de 2010 (intuyo quién no debería serlo, para preservar el modelo de gobierno temperado preconizado por Montesquieu). Pero quienquiera ocupe el solio de Bolívar en esa fecha, tendrá que conmemorar uno de los acontecimientos más significativos para la juridicidad de este país: la promulgación de la Constitución de 1910, aprobada por la Asamblea Constituyente y sancionada por Carlos E. Restrepo.   

Esa Constitución -así prefirieron llamarla los historiadores Pombo y Guerra y también Rodríguez Piñeres- sentó, en estas breñas, las bases de lo que el Siglo XX denominaría Estado constitucional y democrático de derecho. Y lo hizo con audacia y originalidad poco frecuentes entre nosotros: se anticipó diez años a Kelsen en la genial idea de garantizar la supremacía de la Constitución mediante una jurisdicción única, centrada en defenderla contra los desbordamientos del legislador y el gobierno. Sólo que, como matiz llamativo, nuestros constituyentes de 1910 enriquecieron esa garantía diseñándola como un poder formidable en manos del ciudadano, como ejercicio del derecho de rebelión contra leyes arbitrarias.    

Semejante audacia fue una de las expresiones del republicanismo. Palabra que nombra a ese núcleo dirigente ilustrado, gustoso de gobernar mediante consensos, no a cabalgar sobre hegemonías; dirigencia culta, convencida de que un sistema de equilibrios y contrapesos es la única garantía para abozalar el poder y conjurar las proclividades de éste. La de los republicanos era la otra visión del mundo, la que aprendiendo de las desgracias de la Regeneración y la dictadura de Reyes, se atrevió a morigerar el hiperpresidencialismo endémico, marcar límites al tiempo de gobernar, canonizar derechos a las minorías políticas, limitar los poderes de excepción y abolir la bárbara pena capital.

El nombre y la filiación de aquellos juristas-estadistas casi nadie los sabe; las deliberaciones en que se forjaron aquellos impecables textos (por ejemplo: utilizar el verbo confiar al atribuir poderes al juez constitucional) no han merecido una modesta edición. Seguirán siendo olvido si la academia y las instituciones llamadas a preservar la memoria colectiva no empiezan a preparar desde ya la efeméride.      

Gratas sorpresas esperan a quien desempolve aquellos documentos de nuestro constitucionalismo fundacional: que en esta periferia hubo juristas que abordaron discusiones del más alto nivel conceptual, las mismas que hoy, con factura europea, plantea el neoconstitucionalismo. Aquel ensayo de ingeniería constitucional develó las claves de la Poliarquía, antes que lo hiciera Robert Dahal. Por eso, el discurso constitucional colombiano ganaría en contexto si la devota lectura de textos europeos y estadounidenses fuera enriquecida con los aportes republicanos. Labor de re-descubrimiento ya iniciada por Carlos Restrepo Piedrahita.    

Ojalá en el ritual conmemorativo de la Carta de 1910, además del himno (ojalá sin los mediocres versos de Núñez), se bambuqueara El Republicano de Luis A. Calvo. Y que para entonces los colombianos conozcamos más sobre personajes entrañables tales como Nicolás Esguerra, Joaquín Collazos, Augusto Samper, Pedro Carreño, entre otros. ¡Qué vuelvan los republicanos!

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