Por: Juan Pablo Ruiz Soto

2017: legalización gradual, condición de paz

Para desfinanciar y parar la guerra, debemos legalizar los cultivos de marihuana y coca. Conservar el carácter de cultivos ilícitos hace que para grupos armados irregulares sea rentable el control de estos cultivos y territorios.

En los espacios donde militarmente las Farc desaparecen, otros grupos armados están buscando tomar control. Las ganancias extraordinarias que generan las actividades ilegales financian la guerra y la convierten en parte del negocio.

Para el medio ambiente la ilegalidad es nefasta. Induce a que los cultivos deban establecerse en lugares aislados, en medio del bosque. Esto lleva a la degradación de ecosistemas naturales y a la deforestación. De otra parte, el carácter ilegal favorece la introducción de prácticas mafiosas violentas, propias del narcotráfico, que generan violencia y destruyen el tejido social.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno obstaculiza y casi que impide la sustitución de coca y marihuana, al mantener el carácter de ilegal a estos cultivos. Genera un alto precio que hace que ningún producto agropecuario logre competir con ellos. Adicionalmente, la ilegalidad genera una inflación local que encarece la mano de obra, afectando la competitividad de otros productos agrícolas que tengan como meta el mercado nacional o internacional. Competir con los ilícitos y hacer sustitución, solo será posible si se establecen grandes subsidios para los cultivos alternativos.

Los procesos productivos que se apoyen deben hacer un uso sostenible de la oferta ambiental local, disponer de crédito y asistencia técnica. Lograr éxito en estos procesos innovadores es muy poco probable si los proyectos de desarrollo local deben competir por mano de obra, insumos y asignación de espacio con los cultivos ilícitos.

En términos de gasto público, el vacío de poder que significa el repliegue de las Farc exige una importante inversión del Estado para asegurar la presencia militar inmediata en esos territorios e impedir la proliferación de grupos armados que pretenden el manejo de esas áreas para controlar la producción y manejo de ilícitos. También se genera una gran tentación para los mandos medios de las Farc, quienes para conservar poder militar y ganancias extraordinarias pueden sentirse atraídos por esos grupos. Esta tentación toma más fuerza cuando desaparece la estructura militar de las Farc que les obligaba a seguir una línea de conducta. Lo anterior se refuerza por un sistema judicial ineficiente y de muy baja presencia en los territorios que permite que mantenerse en la ilegalidad no signifique gran riesgo de perder la libertad. A una mayor presencia de las fuerzas militares, se debe sumar un efectivo y eficiente sistema de justicia que evite la impunidad y sustituya la llamada “ley del monte”.

Cualquier estrategia para erradicar los cultivos ilícitos exige grandes inversiones y ha demostrado baja eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos. Como dice el presidente Santos, “la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni se está ganando”. Es necesario que cambiemos la estrategia. Empecemos por despenalizar al campesino cultivador de coca y marihuana. Esto desfinancia la guerra, ahorra vidas y permite invertir los escasos recursos públicos en proyectos de desarrollo y no en gastos de la guerra.

 

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