Por: Julio César Londoño

2019, el horror y la esperanza

El 2019 arrancó con una noticia siniestra: en enero, The New York Times denunció que el Ejército colombiano había emitido una circular que podía reeditar la pesadilla de los falsos positivos. El Ejército respondió de manera ejemplar: descubrió que el NYT era comunista, hostigó a los oficiales que denunciaron el caso, ordenó que una comisión de gramáticos ilustres corrigiera las circulares y puso un cuarto sol en las charreteras del general Nicacio Martínez.

La revista Semana resultó salpicada (había engavetado información relacionada con el caso) y sintió el peso de un nuevo poder: la furia de los lectores. El dueño de la revista dio explicaciones que no convencieron ni a María Isabel Rueda y tuvo que reenganchar a Daniel Coronell.

En mayo, la Corte Constitucional hundió las objeciones presidenciales a la JEP, una maniobra vil e inútil del ala radical del Centro Democrático que solo sirvió para poner en evidencia la fragilidad parlamentaria del Gobierno y para retrasar en seis meses la agenda legislativa.

El 30 de agosto el presidente celebró la baja del disidente de la Farc Gildardo Cucho en el área rural de San Vicente del Caguán durante un “operativo profesional y matemático” realizado la noche anterior. En noviembre se supo que en el bombardeo habían muerto ocho niños y rodó la cabeza del mindefensa Botero, un señor que, distraído con un asunto de ropas en los alambres del Vichada, olvidó contarle al país el detalle de los niños.

En agosto, un laudo arbitral tasó en $ 211.000 millones las indemnizaciones que el Estado debía pagarles a los bancos que financiaron las obras de La Ruta del Sol 2, tumbando así un arreglo previo entre el Gobierno y los bancos por $2,2 billones.

En septiembre se hundió la propuesta del Centro Democrático de crear una sala especial para militares dentro de la JEP. La Comisión Primera del Senado consideró que una sala especial dentro de una jurisdicción especial era algo demasiado especial y que ya los militares tenían suficientes gabelas y garantías jurídicas (¡y hasta soles!).

En las elecciones regionales de octubre, las fuerzas políticas alternativas ganaron importantes alcaldías y gobernaciones, mientras que la Colombia Humana perdió terreno y el Centro Democrático salió derrotado hasta en Antioquia.

En noviembre y diciembre todos los estamentos del país protestaron en las calles contra las regresivas propuestas tributarias y laborales del Gobierno, y los empresarios rajaron con bajísimas notas las gestiones del presidente y sus ministros. Nota. Hasta el presidente se ha unido a las protestas: “El neoliberalismo fracasó al suponer que el mercado y la frialdad tecnocrática solucionarían los problemas sociales”, dijo en Santa Marta en el congreso de Findeter.

En diciembre el Gobierno se apuntó al fin una victoria parlamentaria: sacó adelante una reforma tributaria que, Dios mediante, nos permitirá superar a Angola y Haití en los índices de distribución de riqueza.

Cierre. El suceso del año fueron las protestas callejeras que empezaron el 21N (o antes, si contamos los resultados de las elecciones de octubre). Su volumen, continuidad y pluralismo no tienen antecedentes en la historia del país. Aún no hay resultados concretos, es verdad, pero el avance es grandioso: cientos de miles de colombianos protestando en las calles y debatiendo en las redes, analizando el acontecer político, convirtiendo nuestra precaria democracia representativa en una democracia participativa; una juventud que pasó de los “likes” a las urnas y a las calles; e incluso un sector del establecimiento que al fin comprendió que llegó la hora de superar la mezquindad, la polarización hueca y los liderazgos tóxicos.

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